Eduardo Esquivel Ancona
El decreto establece un plazo de 30 días naturales para que las empresas definan restricciones de acceso y mecanismos de eliminación. La Agencia de Transformación Digital vigilará su cumplimiento y, si las medidas resultan insuficientes, el gobierno analizará incorporar sanciones en la ley.
Ciudad de México.— El gobierno de Claudia Sheinbaum dio un paso hacia una mayor regulación de los contenidos digitales que ponen en riesgo a niñas, niños y adolescentes, al firmar un decreto que obliga a las plataformas a retirar publicaciones y cuentas que promuevan la violencia, el abuso o el acoso sexual, así como aquellas que induzcan al suicidio o a las autolesiones.
La disposición, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece un plazo de 30 días naturales para que las empresas digitales definan y publiquen las restricciones de acceso a este tipo de materiales, además de precisar los procedimientos que utilizarán para identificarlos y retirarlos.
Durante su conferencia, la presidenta explicó que la medida constituye una primera etapa de colaboración entre el gobierno y las compañías tecnológicas para contener la difusión de contenidos que amenazan la integridad física y emocional de la población menor de edad.
Sin embargo, el decreto abre un primer frente regulatorio con una particularidad: aunque las obligaciones tendrán carácter obligatorio, en esta fase no se contemplan sanciones específicas por incumplimiento. La supervisión corresponderá a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que dará seguimiento a la aplicación de las disposiciones.
Sheinbaum advirtió que, si las empresas no cumplen con las medidas, su administración analizará la posibilidad de elevar estas restricciones a rango de ley e incorporar sanciones para quienes las desatiendan.
Verificación de edad y mayor control parental
El decreto contempla un conjunto de obligaciones orientadas a fortalecer la protección de los menores en los entornos digitales. Entre ellas figura el retiro inmediato de cuentas y contenidos que promuevan o generen cualquier forma de violencia, así como la clasificación de materiales según la edad de los usuarios.
También establece la verificación de edad, la incorporación de herramientas de supervisión parental y la habilitación de mecanismos accesibles para denunciar publicaciones o cuentas que representen riesgos.
Otro componente central será la configuración predeterminada de opciones de privacidad y seguridad reforzadas para niñas, niños y adolescentes, de modo que dispongan de mayores niveles de protección desde el momento en que comiencen a utilizar los servicios digitales.
Asimismo, las plataformas deberán reportar a las autoridades los casos en los que identifiquen y retiren contenidos que representen riesgos relacionados con la violencia.
El desafío: pasar de la obligación a los resultados
La medida coloca en el centro del debate la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente a la circulación de contenidos que pueden afectar a menores. El reto no se limita a establecer prohibiciones, sino a garantizar que los mecanismos de detección, denuncia y retiro funcionen con rapidez y eficacia.
El plazo de 30 días representa el primer punto de evaluación para las plataformas, que deberán traducir las disposiciones en reglas de acceso, herramientas de control y procedimientos de actuación.
No obstante, la ausencia inicial de sanciones específicas plantea interrogantes sobre la capacidad disuasoria del decreto. La efectividad de la estrategia dependerá, en buena medida, de la vigilancia gubernamental, la transparencia de las empresas y la respuesta ante posibles incumplimientos.
La advertencia presidencial de avanzar hacia una regulación legal con sanciones introduce un elemento adicional de presión sobre las compañías: la colaboración voluntaria o administrativa será la primera vía, pero podría dar paso a un marco jurídico más estricto si no produce los resultados esperados.
Con esta decisión, el gobierno busca reforzar la protección de la infancia y la adolescencia en internet. La prueba será convertir las nuevas obligaciones en mecanismos verificables que reduzcan la exposición de los menores a la violencia, sin dejar la aplicación de las reglas únicamente en manos de las propias plataformas.
