Por: Eduardo Esquivel Ancona
La presidenta inaugura una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Hidalgo y anuncia otra en Celaya. Defiende la gratuidad como un derecho, no como un privilegio, y plantea duplicar la matrícula de esta institución durante su gobierno.
La expansión de la educación pública y gratuita se consolida como uno de los pilares de la política social del gobierno de Claudia Sheinbaum. Con la apertura de nuevas instalaciones universitarias, el fortalecimiento de las becas y el compromiso de eliminar cuotas escolares, la presidenta busca ampliar las oportunidades de formación profesional y reducir las barreras económicas que históricamente han limitado el acceso de miles de jóvenes a las aulas.
Durante una gira por Hidalgo y Guanajuato, Sheinbaum inauguró un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Tecozautla y anunció que en 2027 comenzará la construcción de una nueva sede en Celaya. Ambos proyectos forman parte de una estrategia para ampliar la cobertura de educación superior y acercar las universidades públicas a comunidades que durante años tuvieron opciones limitadas para continuar sus estudios.
El mensaje presidencial también tuvo una dimensión histórica. Al cumplirse 40 años del surgimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), movimiento en el que participó en 1986, la mandataria recordó la lucha contra las reformas que pretendían incrementar las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y eliminar el pase automático.
La experiencia, señaló, marcó su convicción de que la educación superior no puede convertirse en un servicio reservado para quienes tienen capacidad económica.
“Si cuesta, se vuelve un privilegio, no un derecho”, recordó al evocar aquella movilización estudiantil.
Sheinbaum estableció un paralelismo entre aquella lucha universitaria y las decisiones de su administración: hace cuatro décadas, explicó, la organización estudiantil defendió el acceso gratuito a la universidad; actualmente, desde el Ejecutivo federal, impulsa la construcción de más preparatorias y universidades públicas.
El planteamiento tiene una lectura que trasciende la infraestructura educativa. La ampliación de la matrícula representa una apuesta por reducir la desigualdad de origen, fortalecer la movilidad social y ofrecer alternativas a una juventud que enfrenta dificultades para incorporarse a la educación superior.
La presidenta informó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos, creada durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuenta actualmente con 120 mil estudiantes y que la meta es, por lo menos, duplicar esa matrícula durante el sexenio.
Al inaugurar el campus de Tecozautla, acompañada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, destacó que fortalecer la educación pública también tiene efectos en otros ámbitos sociales.
“Cuando se fortalece la educación pública, disminuye la violencia. Cuando se fortalece la educación pública, avanzan los derechos de las mujeres”, afirmó.
La rectora de la institución, Alma Herrera Márquez, explicó que el nuevo plantel constituye la única opción de educación superior en el municipio y atiende a cerca de 300 estudiantes distribuidos en cuatro licenciaturas, incluida Medicina. La alumna Clara Cruz Rangel reconoció la apertura de las instalaciones y expresó el compromiso de los jóvenes de aprovechar esta oportunidad mediante el estudio y la preparación profesional.
Gratuidad escolar, sin cuotas ni condicionamientos
En Guanajuato, durante la entrega de Becas para el Bienestar en el CBTIS 198, Sheinbaum trasladó su mensaje de justicia educativa al nivel medio superior. Ante madres y padres de familia, preguntó si todavía se cobraban cuotas escolares y, al recibir una respuesta afirmativa, instruyó que dejaran de exigirse pagos.
“A partir de mañana es gratuita esta escuela, porque no debe cobrarse ni un céntimo”, expresó, al precisar que el gobierno federal cubrirá los recursos que anteriormente aportaban las familias.
La mandataria reiteró que ningún bachillerato debe cobrar inscripción o colegiatura, pues la educación constituye un derecho que debe garantizarse sin distinciones económicas.
Acompañada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció también la ampliación de los apoyos económicos para estudiantes de universidades públicas, además de la futura construcción del campus de la Rosario Castellanos en Celaya.
La estudiante Katerin Macías Rodríguez agradeció las becas y señaló que estos recursos representan un incentivo para continuar sus estudios, alcanzar una preparación profesional, incorporarse al mercado laboral y contribuir al bienestar de sus familias.
Educación como estrategia contra la desigualdad
El recorrido presidencial deja ver una definición política de fondo: la educación pública no es solamente un servicio gubernamental, sino una herramienta para modificar las condiciones sociales que reproducen la pobreza y la exclusión.
La apertura de universidades, la ampliación de becas y la eliminación de cuotas apuntan a un mismo objetivo: impedir que la situación económica de una familia determine hasta dónde pueden llegar sus hijos.
Sin embargo, el desafío no termina con inaugurar edificios o anunciar nuevas matrículas. El crecimiento de la cobertura deberá acompañarse de presupuesto suficiente, docentes, laboratorios, equipamiento, conectividad y condiciones académicas que garanticen una formación de calidad. La gratuidad también exige mecanismos institucionales para evitar que los cobros reaparezcan bajo otros conceptos.
Durante su intervención, Sheinbaum incorporó otro mensaje dirigido a los jóvenes: moderar el tiempo que pasan frente a las pantallas y en las redes sociales. Advirtió que su uso excesivo puede generar adicción y aislamiento, por lo que recomendó recuperar actividades presenciales como la lectura, el deporte, la pintura, el canto y la convivencia con sus compañeros.
En el fondo, la apuesta presidencial busca colocar a las nuevas generaciones en el centro de un proyecto de transformación social. La consigna es clara: más espacios educativos, menos barreras económicas y mayores oportunidades para quienes históricamente quedaron fuera de las universidades.
La diferencia entre concebir la educación como mercancía o como derecho público define, en buena medida, el modelo de país que se pretende construir.
