La modificación constitucional, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece nuevas condiciones de nacionalidad para quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo federal o los gobiernos estatales; ahora será turnada a los congresos locales.
Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que modifica los requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de México, a las gubernaturas de los estados y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Con 86 votos a favor y 42 en contra, el Pleno de la Cámara alta dio luz verde a los cambios en los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, con los que se establece el principio de nacionalidad única para el ejercicio de las titularidades de los Poderes Ejecutivos federal y locales.
La reforma, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, deberá continuar ahora el procedimiento constitucional y ser analizada por los congresos de las entidades federativas. Para que pueda avanzar hacia su promulgación se requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
El debate en el Senado evidenció una marcada división entre las bancadas de la llamada Cuarta Transformación y los grupos parlamentarios de oposición.
Morena defiende la soberanía nacional
Las bancadas de Morena, PT y PVEM respaldaron la modificación bajo el argumento de que quienes encabecen los Poderes Ejecutivos deben mantener una vinculación jurídica exclusiva con México.
Durante la discusión, legisladores oficialistas sostuvieron que la medida no elimina la nacionalidad extranjera ni cancela derechos de las personas con doble nacionalidad, sino que establece condiciones específicas para quienes pretendan ejercer los cargos de mayor responsabilidad dentro del Estado mexicano.
El senador morenista Óscar Cantón Zetina recurrió a un mensaje de la presidenta Sheinbaum para respaldar la propuesta y sostuvo que se trata de establecer un requisito relacionado con la responsabilidad que implica ejercer la Presidencia de la República.
Desde esta perspectiva, la reforma coloca en el centro del debate la lealtad jurídica y política hacia el Estado mexicano de quienes pretendan ocupar la titularidad del Ejecutivo.
La propuesta también contempla que quienes tengan una segunda nacionalidad reconocida por otro país y aspiren a alguno de estos cargos deban renunciar a ella y expresar su compromiso con las leyes y autoridades mexicanas.
Oposición cuestiona alcance de la reforma
Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra y cuestionaron tanto el procedimiento legislativo como las implicaciones de la modificación constitucional.
Desde Acción Nacional se argumentó que el Congreso debería concentrarse en asuntos como la violencia y la situación de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Los panistas también advirtieron que la medida puede enviar un mensaje desfavorable hacia los mexicanos que cuentan con doble nacionalidad.
El senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas cuestionó la velocidad con la que fue procesada la iniciativa y señaló que existen otros proyectos legislativos pendientes, particularmente en materia de salud.
Por su parte, la senadora priista Carolina Viggiano sostuvo que no se ha demostrado que presidentes o gobernadores con doble nacionalidad hayan colocado intereses extranjeros por encima de los nacionales.
La legisladora calificó la modificación como un retroceso y recordó los cambios constitucionales realizados durante la década de los noventa en materia de nacionalidad y derechos de los mexicanos que adquieren otra ciudadanía.
El caso de Jasmine Bugarín abre un frente político
Uno de los puntos que adquirió relevancia durante la discusión fue el caso de Jasmine Bugarín, senadora con licencia del Partido Verde y designada por Morena como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit.
Legisladores de oposición señalaron que, al haber nacido en Estados Unidos y contar con nacionalidad mexicana, Bugarín podría encontrarse directamente involucrada por las nuevas disposiciones si éstas entran en vigor antes del proceso electoral correspondiente.
El señalamiento coloca a la reforma en un escenario político concreto: su eventual aplicación no sólo tendría efectos hacia futuros procesos electorales, sino que podría incidir sobre perfiles que actualmente participan en la definición de candidaturas para 2027.
No obstante, el alcance específico de las disposiciones dependerá del texto constitucional finalmente aprobado, sus artículos transitorios y las reglas electorales que correspondan, por lo que no puede asumirse automáticamente que una persona determinada deba abandonar una nacionalidad sin revisar esas disposiciones.
Reforma abre debate sobre nacionalidad y representación política
Más allá de la votación, la discusión legislativa plantea un debate de fondo sobre la relación entre doble nacionalidad, derechos políticos y soberanía del Estado mexicano.
México reconoce jurídicamente la posibilidad de que sus ciudadanos tengan vínculos de nacionalidad con otros países. La nueva propuesta introduce una diferenciación para quienes pretendan acceder a los cargos de mayor jerarquía dentro de los Poderes Ejecutivos.
Para sus impulsores, el objetivo es establecer una condición adicional de compromiso con México para quienes aspiren a gobernar el país o una entidad federativa. Para sus críticos, la medida puede convertirse en una restricción para ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad y afectar particularmente a sectores vinculados con la migración.
El siguiente capítulo se trasladará a los congresos estatales, donde la reforma requerirá alcanzar la mayoría constitucional necesaria para completar su proceso de modificación de la Carta Magna.
Su eventual aprobación definitiva marcaría un nuevo criterio constitucional para la participación de personas con doble nacionalidad en la competencia por la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
