FGR sigue la pista de los hermanos Farías tras decomiso de 10 millones de litros de combustible en Tamaulipas; investigan tráfico de hidrocarburos, manipulación aduanera y presuntos favores para colocar y promover funcionarios
La investigación por el llamado huachicol fiscal tomó una nueva dimensión. La Fiscalía General de la República (FGR) sigue la pista de una estructura vinculada con los hermanos Farías que, de acuerdo con las indagatorias, habría construido una red de protección dentro de áreas estratégicas de las aduanas y del sector marítimo para facilitar el ingreso de millones de litros de combustible al país.
El caso quedó al descubierto tras el aseguramiento, en costas de Tamaulipas, de una embarcación con aproximadamente 10 millones de litros de hidrocarburo. El decomiso permitió a los investigadores reconstruir parte de la operación y seguir la ruta del combustible, desde su ingreso por vía marítima hasta su posible distribución en territorio nacional.
La FGR, encabezada por Ernestina Godoy, investiga una estructura que presuntamente no se limitaba a introducir combustible de manera irregular, sino que habría utilizado documentación aduanera, empresas, infraestructura logística y posibles contactos dentro de las instituciones encargadas de vigilar las operaciones marítimas y comerciales.
El negocio: combustible extranjero, impuestos evadidos
La operación investigada habría utilizado un mecanismo diseñado para hacer que gasolina y diésel ingresaran al país con una clasificación distinta a la de su contenido real.
De acuerdo con las líneas de investigación, los cargamentos eran declarados como aditivos, productos químicos u otras mercancías con menores cargas tributarias. Detrás de esos documentos, sin embargo, se encontraría combustible adquirido en el extranjero.
El objetivo era reducir o evitar el pago de contribuciones como el IEPS y el IVA, para después colocar el hidrocarburo en el mercado mexicano como si hubiera ingresado legalmente.
La maniobra, además de representar una posible evasión fiscal millonaria, habría permitido a los operadores competir con una ventaja de costos frente a quienes cumplen con todas sus obligaciones tributarias.
La pieza más delicada: controlar las aduanas
La investigación adquiere mayor gravedad por los señalamientos sobre una posible intervención de la organización en la estructura aduanera.
La FGR indaga si Manuel Roberto “N” habría gestionado la colocación de personas afines en posiciones estratégicas de las aduanas marítimas.
Las pesquisas también apuntan a posibles gestiones para influir en nombramientos, movimientos y promociones de personal dentro de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
De confirmarse, la hipótesis implicaría algo más que una operación de contrabando: una presunta estructura que habría buscado colocar piezas dentro del aparato encargado de impedir precisamente este tipo de operaciones.
La Marina también está bajo investigación
La investigación alcanza a elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR).
La FGR analiza si funcionarios o integrantes de la institución habrían facilitado inspecciones, reducido controles o permitido omisiones en la revisión de embarcaciones relacionadas con los cargamentos investigados.
El objetivo de las autoridades es determinar si existió una red de complicidades capaz de garantizar que buques con grandes volúmenes de hidrocarburos pudieran descargar su mercancía sin activar los controles de fiscalización correspondientes.
Por ahora, estas acusaciones forman parte de las líneas de investigación y deberán ser acreditadas mediante pruebas ante las autoridades judiciales.
De un buque a toda una estructura criminal
El aseguramiento de la embarcación en Tamaulipas permitió a las autoridades seguir una cadena logística que, según la investigación, incluía buques tanque, terminales de almacenamiento, transporte terrestre y canales de distribución.
Entre los nombres identificados dentro de la indagatoria aparecen Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, señalados bajo el alias de “los primos”.
La operación habría tenido capacidad para movilizar el combustible desde puertos del Golfo de México hacia diferentes puntos del territorio nacional.
La dimensión del decomiso —10 millones de litros— exhibe la capacidad logística que las autoridades atribuyen a la estructura investigada.
No era el huachicol de las tomas clandestinas
El llamado huachicol fiscal opera bajo una lógica distinta al robo tradicional de combustible.
Mientras el huachicol convencional está relacionado con la extracción ilegal de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, el esquema fiscal utiliza puertos, embarcaciones, empresas y trámites aduaneros formales, pero presuntamente recurre a información falsa o alterada para reducir las obligaciones fiscales.
El combustible puede entrar físicamente por vías legales mientras su documentación oculta su verdadera naturaleza.
Esa modalidad dificulta su detección y, al mismo tiempo, permite que el producto termine incorporándose a los circuitos comerciales.
La investigación apenas comienza
La FGR mantiene abiertas las carpetas de investigación para establecer quiénes participaron en la operación, qué empresas fueron utilizadas, qué funcionarios pudieron haber intervenido y hasta dónde llegaba la cadena de protección.
El caso podría crecer conforme avancen las pesquisas.
El punto central para los investigadores será determinar si el aseguramiento de la embarcación fue sólo la punta del iceberg de una estructura mucho mayor, con capacidad para mover combustible, manipular procesos aduaneros y conseguir respaldo dentro de instituciones estratégicas del Estado.
Mientras la FGR reúne las pruebas necesarias, el caso coloca bajo la lupa a particulares y servidores públicos presuntamente relacionados con una operación que habría convertido la evasión fiscal y el tráfico de hidrocarburos en un negocio de grandes dimensiones.
