La medida, solicitada por el gobernador Salomón Jara, fue aprobada con 35 votos a favor; el municipio quedará bajo una administración temporal
OAXACA, Oax.— El Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición de poderes del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, en una decisión que profundiza la intervención institucional en uno de los municipios estratégicos del Istmo de Tehuantepec tras la detención de su presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano.
El decreto fue avalado con 35 votos a favor y ninguno en contra, durante una sesión extraordinaria celebrada la tarde del 25 de septiembre, luego de que el gobernador Salomón Jara Cruz solicitara formalmente al Poder Legislativo iniciar el procedimiento para sustituir al gobierno municipal.
La resolución ocurre apenas dos días después de la captura de Sánchez Altamirano, detenido el 23 de septiembre por autoridades federales y estatales y posteriormente sujeto a prisión preventiva por acusaciones relacionadas con extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Las autoridades también lo han señalado por presuntos vínculos con Los Cromos, una estructura criminal investigada por actividades como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.
Una decisión política con efecto institucional
La desaparición del Ayuntamiento no representa únicamente una respuesta administrativa a la ausencia del presidente municipal. En términos políticos, coloca al gobierno estatal y al Congreso local ante la responsabilidad de reconstruir la conducción institucional de Juchitán en medio de una crisis de seguridad y de confianza pública.
El gobierno estatal había argumentado que la situación del municipio requería una intervención para garantizar la continuidad de la administración pública. Con la aprobación legislativa, se abre paso al nombramiento de una autoridad provisional que deberá conducir el gobierno municipal durante el periodo correspondiente.
El episodio coloca además bajo escrutinio los mecanismos de control político y administrativo en los municipios, particularmente cuando las investigaciones contra un alcalde involucran presuntas relaciones con estructuras delictivas.
MC confronta a Morena por la crisis de seguridad
Durante la sesión, la diputada de Movimiento Ciudadano Alejandra García Morlán llevó el debate al terreno de la inseguridad que, de acuerdo con sus señalamientos, ha afectado a la población de Juchitán.
La legisladora mencionó asesinatos, robos, extorsiones, amenazas y cobro de piso, además del temor de habitantes para desplazarse, trabajar o llevar a sus hijos a la escuela. También cuestionó la actuación de las autoridades estatales y la respuesta de la bancada de Morena.
Su intervención generó una confrontación verbal con legisladoras de Morena, en una sesión que finalmente no registró más participaciones antes de la votación.
Más allá del intercambio político, el debate evidenció que la desaparición del Ayuntamiento ocurre sobre una crisis de seguridad que antecede a la detención del alcalde y que ahora adquiere una dimensión institucional.
Retiran armamento a la Policía Municipal
Paralelamente al proceso legislativo, autoridades estatales reforzaron el control sobre la corporación policial de Juchitán.
Elementos de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, integrada por personal de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, realizaron una revisión en las instalaciones de la Policía Municipal.
Como resultado, el armamento quedó bajo resguardo estatal. El inventario reportado comprende 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos útiles de distintos calibres.
La medida representa, en los hechos, otro nivel de intervención sobre la estructura municipal: mientras el Congreso sustituye al Ayuntamiento, el Estado asume el control del armamento de la Policía Municipal.
Juchitán, en el centro de una crisis de seguridad y gobernabilidad
La secuencia de acontecimientos —detención del alcalde, prisión preventiva, retiro del armamento policial y desaparición del Ayuntamiento— configura una de las mayores crisis político-institucionales recientes en Juchitán.
El caso tendrá ahora dos frentes. En el ámbito judicial, la situación jurídica de Sánchez Altamirano continuará su curso, mientras que en el terreno político-administrativo el reto será garantizar la operación de los servicios municipales y evitar un vacío de autoridad.
La decisión del Congreso modifica de manera inmediata el escenario de gobierno en Juchitán, pero no resuelve por sí misma el problema de fondo: recuperar la capacidad institucional del municipio y ofrecer condiciones de seguridad a una población que ha quedado en medio de una disputa entre autoridades, estructuras criminales y actores políticos.
El proceso judicial será determinante para establecer responsabilidades individuales. En tanto, la desaparición del Ayuntamiento coloca al gobierno estatal ante la tarea de demostrar que la intervención institucional puede traducirse en una recuperación efectiva de la gobernabilidad local.
