Narrativa de la derecha del “narco gobierno” no les hace ganar elecciones, pero abre la puerta a una intervención
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La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra nueve funcionarios mexicanos por delitos relacionados con el narcotráfico, ha llenado de entusiasmo a la oposición a los gobiernos de la “Cuarta Transformación” (4T). Consideran que esta acción de las autoridades judiciales estadounidenses los acerca a la posibilidad de volver al poder, algo que se les ha negado en las urnas en los últimos años debido al rechazo mayoritario a sus políticas neoliberales.
La narrativa promovida por la derecha en México, que califica a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un “narco gobierno” autoritario, no ha logrado permear en la mayoría de la población. Sin embargo, esta estrategia —que busca descarrilar al régimen morenista y acceder al poder por vías distintas a la electoral— se ha visto fortalecida por acusaciones provenientes de Estados Unidos.
El gobierno estadounidense se ha asumido como policía, juez, fiscal y jurado del mundo, construyendo narrativas simplistas y maniqueas que definen quiénes son “los buenos” y “los malos”, e incluso inventando tramas cuestionables. Estas versiones son retomadas por sectores de la derecha mexicana que, de forma alarmante, llegan a pedir una intervención en el país para “quitar a los malos de Morena”.
Las inconsistencias en la narrativa del gobierno estadounidense —particularmente durante la administración de Donald Trump— son numerosas. Un ejemplo es el caso del supuesto “Cártel de los Soles” en Venezuela. La evidencia reciente sugiere que no existe como una organización criminal estructurada, jerárquica o con mando único, sino que se trata de un término acuñado en los años noventa por la prensa venezolana para describir la corrupción dentro de las fuerzas armadas.
A inicios de 2026, el propio Departamento de Justicia comenzó a eliminar la mención explícita del “Cártel de los Soles” como entidad terrorista formal en sus documentos contra Nicolás Maduro, redefiniéndolo más como un sistema de clientelismo y una red de corrupción militar vinculada al narcotráfico.
Otro caso relevante es el del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue liberado en Estados Unidos tras recibir un indulto presidencial por parte de Donald Trump en diciembre de 2025, pese a haber sido condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico y delitos relacionados con armas.
A pesar de las múltiples pruebas en su contra, Hernández fue perdonado debido a su estrecha colaboración con Estados Unidos durante su mandato (2014-2022), caracterizado por la militarización de la seguridad pública, una relación cercana con Washington y la implementación de políticas económicas liberales. En síntesis, el expresidente hondureño fue indultado porque el gobierno estadounidense determinó que era “conveniente”.
En otro frente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en junio de 2025 a Vector Casa de Bolsa, vinculada a Alfonso Romo, por su presunta implicación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa y con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Estas sanciones no se relacionan con irregularidades ocurridas durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador ni de Claudia Sheinbaum.
Según el FinCEN, Vector procesó transacciones de empresas controladas por prestanombres de García Luna y facilitó pagos para la adquisición de precursores químicos destinados a la producción de fentanilo. La investigación también señala que la institución permitió el flujo de recursos ilícitos provenientes de contratos públicos otorgados durante el sexenio de Calderón a empresas vinculadas al exfuncionario.
No obstante, gran parte de la prensa alineada con la narrativa de la derecha omitió mencionar el nombre de García Luna al informar sobre estas sanciones.
Asimismo, sectores de la oposición han celebrado la acción de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien permitió la colaboración de agentes de la CIA en una investigación que derivó en el hallazgo de un laboratorio de drogas previamente desmantelado. Este hecho ha sido señalado como una posible violación a la soberanía nacional, aspecto que fue minimizado por sus simpatizantes.
Bajo la Doctrina Monroe, Estados Unidos ha utilizado históricamente pretextos como la “lucha contra el narcotráfico” o la “defensa de la democracia” para intervenir en América Latina, como ocurrió en Panamá, Granada o Venezuela, frecuentemente con intereses de dominación económica. Hoy, todo indica que México podría estar en la mira de estas estrategias, con el respaldo de grupos de derecha que incluso promueven una intervención extranjera.
En este contexto, también se omite que diversos exgobernadores del PRI han enfrentado procesos judiciales por vínculos con el narcotráfico, entre ellos:
- Tomás Yarrington (Tamaulipas, 1999-2004), quien se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero y fue vinculado al Cártel del Golfo y Los Zetas.
- Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo, 1993-1999), condenado por facilitar operaciones del narcotráfico.
- Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas, 2005-2010), acusado de peculado y lavado de dinero.
- Roberto Sandoval Castañeda (Nayarit, 2011-2017), procesado por operaciones con recursos ilícitos y por su relación con el exfiscal Édgar Veytia.
- Fausto Vallejo (Michoacán, 2012-2014), investigado por presuntos vínculos de su entorno cercano con el crimen organizado.
La narrativa de la derecha contra los gobiernos de la 4T se centra en acusaciones de autoritarismo, destrucción institucional, mala gestión económica y corrupción. Se presenta como una defensa de la libertad, la propiedad privada y el libre mercado frente a políticas sociales, calificando al gobierno como populista o incluso comunista.
Sin embargo, este discurso no ha logrado consolidarse entre la mayoría de la población ni traducirse en victorias electorales. Ante ello, la apuesta parece ser que, si no se gana en las urnas, se intente ganar mediante la construcción de una narrativa de “narco gobierno”, con el riesgo de abrir la puerta a presiones e incluso injerencias externas.
Por: Eduardo Esquivel Ancona
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