Inviable la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y las Afore
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó, en el marco del Día del Maestro, un incremento salarial del 9% para el magisterio del país. Aunque el aumento representa casi el doble de la inflación reportada en México, muchos docentes siguen inconformes con sus condiciones laborales, pues exigen la derogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), reformada en 2007 durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón.
La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, como demanda principalmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no es viable ni financiera ni jurídicamente.
La reforma de 2007 transformó el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, incluidos maestros, médicos, burócratas y otros empleados públicos. El cambio más significativo fue la sustitución del sistema solidario de pensiones —en el que el Estado garantizaba una jubilación calculada con base en el último salario y los años de servicio— por un modelo de cuentas individuales administradas por las Afore.
Desde entonces, las pensiones de los nuevos trabajadores dependen del monto acumulado durante su vida laboral y de los rendimientos generados por dichas cuentas en el sistema financiero.
Técnicamente, la ley podría reformarse; sin embargo, eliminar por completo las Afore resulta financieramente inviable y jurídicamente complejo. El gobierno federal ha señalado que desaparecerlas por decreto implicaría apropiarse de recursos que pertenecen legalmente a los trabajadores y obligaría al Estado a asumir una deuda equivalente a una parte importante del Producto Interno Bruto (PIB).
Eliminar las Afore y regresar al sistema solidario de pensiones implicaría obstáculos legales y financieros de enorme magnitud. Por un lado, los recursos depositados en las cuentas individuales son propiedad de cada trabajador; por otro, desmantelar el sistema requeriría billones de pesos que pondrían en riesgo las finanzas públicas.
Autoridades federales, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), han reiterado que los fondos de las Afore no pertenecen ni al gobierno ni a los bancos, sino exclusivamente a los trabajadores. Por ello, retirarlos o desaparecerlos por decreto constituiría una violación a los derechos individuales de ahorro.
Además, el gobierno tendría que reponer el dinero acumulado en las cuentas individuales, un costo fiscal prácticamente imposible de asumir sin afectar gravemente la estabilidad económica del país.
Los trabajadores de la educación que no firmaron su incorporación al esquema de cuentas individuales antes de abril de 2007 conservaron el derecho al régimen solidario de pensiones vitalicias. Sin embargo, se trata de una excepción que no aplica para quienes ingresaron al servicio público después de esa fecha.
Aunque organizaciones sindicales como la CNTE mantienen como exigencia histórica la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar al esquema de jubilación por años de servicio —28 años para mujeres y 30 para hombres—, el gobierno ha respondido que ello resulta financieramente inviable. En su lugar, ha propuesto mesas de negociación y mecanismos complementarios, como el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El deterioro de las condiciones laborales derivado de la reforma de 2007 se hace evidente desde el inicio de la carrera docente. Un egresado normalista obtiene su plaza entre los 22 y 23 años de edad y, desde ese momento, deja de contar con el derecho garantizado a una jubilación solidaria, pues su retiro dependerá de sus propios ahorros acumulados en la Afore, reduciendo aún más su ya limitado salario.
Actualmente, para acceder a una pensión complementada mediante el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el trabajador debe cumplir con la edad mínima de 65 años. En términos prácticos, un maestro tendría que laborar entre 42 y 43 años para aspirar a retirarse con un ingreso cercano a su último salario, sin distinción de género.
Antes de la reforma impulsada durante el sexenio de Felipe Calderón, el sistema de retiro incluía aportaciones estatales más amplias. Una maestra podía jubilarse con 27 años y seis meses de servicio, mientras que un profesor podía hacerlo con 29 años y medio.
Otro de los problemas señalados por los trabajadores de la educación es el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para calcular las pensiones. Al sustituirse el salario mínimo por la UMA como referencia, los montos de las jubilaciones disminuyeron considerablemente.
Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar con el propósito de complementar las pensiones bajas. Bajo este mecanismo, si el ahorro acumulado en la Afore de un maestro no alcanza para cubrir el equivalente a su último salario, el Estado aporta recursos adicionales mediante dicho fondo.
Sin embargo, amplios sectores del magisterio, especialmente integrantes de la CNTE, consideran insuficiente este esquema y mantienen su exigencia de revertir la reforma de 2007.
La política neoliberal aplicada durante el gobierno de Felipe Calderón en materia de pensiones ha sido duramente cuestionada por el magisterio, que sostiene que las jubilaciones se han reducido y que ahora los trabajadores deben laborar más años para retirarse. No obstante, revertir completamente el sistema de Afore sigue siendo, al menos en las condiciones actuales, financieramente inviable y jurídicamente muy complejo.
Por: Eduardo Esquivel Ancona
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