Injusta la degradación de la calificación crediticia de México por parte de Moody’s
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La degradación de la calificación de la deuda soberana de México por parte de Moody’s parece más un castigo al país por no aplicar las recetas neoliberales que una evaluación sustentada en criterios técnicos, ya que la economía mexicana mantiene fundamentos sólidos.
La agencia calificadora Moody’s Ratings rebajó la calificación crediticia de la deuda soberana de México de Baa2 a Baa3, dejando al país a un solo escalón de perder el grado de inversión y entrar en la categoría de “bono basura” o deuda especulativa.
La calificadora argumentó que el débil crecimiento económico reduce la capacidad del gobierno para generar ingresos, mientras enfrenta un presupuesto con gastos cada vez más rígidos, además de mantener respaldo financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex).
La degradación de la calificación crediticia del país parece más una medida de castigo a las políticas económicas del segundo piso de la Cuarta Transformación, que no son del agrado de los grandes corporativos internacionales, que un análisis estrictamente técnico sobre la situación actual de la economía mexicana.
A pesar de la rebaja, Moody’s asignó una perspectiva estable al reconocer que México conserva estabilidad macroeconómica, una sólida respuesta de política monetaria respaldada por la autonomía del Banco de México y acceso comercial preferencial al mercado estadounidense, descartando un desbalance macroeconómico severo en el corto plazo.
Lo que no está viendo Moody’s es que los ingresos tributarios del Gobierno de México crecieron en términos nominales, alcanzando 1 billón 766 mil 787 millones de pesos en el primer cuatrimestre, lo que representa 46 mil 856 millones de pesos más que en 2025.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo logró reducir el déficit fiscal del país al cierre de 2025, ubicándolo en 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB), medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público. Esta acción representó un ajuste importante frente al 5.8% del PIB registrado en 2024.
El recorte fiscal significó una reducción de 1.5 puntos porcentuales del PIB, uno de los mayores ajustes en décadas para normalizar el gasto tras el cierre de las grandes obras del sexenio anterior.
El déficit presupuestario se ubicó en 3.9% del Producto Interno Bruto durante 2025, menor al 5.0% observado en 2024.
Al cierre del primer trimestre de 2026, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la medida más amplia de la deuda pública de México— se ubicó en 50.4% del PIB. Esta cifra representa un nivel moderado en comparación con otras economías del mundo.
Para dimensionar esta proporción, aquí una comparación de la deuda pública respecto al PIB entre distintos países y bloques económicos:
• Promedio de la OCDE: 89%
• Japón: 229%
• Italia: 136%
• Estados Unidos: 125%
• Francia: 116%
• Canadá: 113%
• Reino Unido: 103%
• China: 96%
• Alemania: 53%
• México: 52%
• Sudáfrica: 64%
• España: 114%
La deuda financiera de Pemex registró una reducción del 7% durante el primer trimestre de 2026, ubicándose en 79 mil 37 millones de dólares. Esto representa su nivel más bajo en 12 años, logrando además una disminución del 13% en el costo financiero de sus pasivos.
En marzo de 2026, México estableció un máximo histórico en sus exportaciones al registrar 70 mil 727 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 27.7%. Esta cifra es la más alta desde que se tiene registro y fue impulsada principalmente por la industria manufacturera.
Cabe recordar que las agencias calificadoras de riesgo son empresas privadas que analizan los activos de compañías y Estados nacionales, además de realizar estudios para medir el riesgo crediticio de una entidad o de emisiones de deuda, con el fin de facilitar a los inversionistas la toma de decisiones.
Estas empresas son contratadas para calcular el riesgo de inversión de distintos productos financieros, como acciones, bonos y deuda soberana. Las calificadoras establecen parámetros y fórmulas que buscan medir la capacidad de pago de gobiernos y empresas, evaluando variables como activos, reservas, gastos e inversiones.
Sin embargo, estos criterios también han sido cuestionados por su capacidad de manipulación y por responder, en ocasiones, a intereses financieros o geopolíticos.
Existen antecedentes claros de errores graves por parte de las agencias calificadoras, como ocurrió durante la crisis hipotecaria de 2008 en Estados Unidos, cuando instrumentos financieros vinculados al sector inmobiliario y a firmas como Lehman Brothers mantenían calificaciones AAA, pese a que posteriormente se comprobó que eran activos altamente riesgosos y prácticamente basura.
La crisis hipotecaria provocó el desplome de los precios inmobiliarios, la pérdida masiva de viviendas por parte de millones de familias y fuertes afectaciones a fondos de pensiones que habían invertido en bonos hipotecarios. También derivó en la quiebra de instituciones financieras emblemáticas, como Lehman Brothers.
Este episodio se convirtió en la peor calamidad financiera desde la Gran Depresión de 1930. Durante los 19 meses que duró la crisis se perdieron 8.7 millones de empleos; millones de personas vieron reducidos sus salarios, jornadas laborales o perdieron totalmente sus ingresos. El consumo y el Producto Interno Bruto se contrajeron severamente por la escasez de crédito y el aumento en el costo de los préstamos.
La degradación de la calificación de la deuda soberana de México por parte de Moody’s parece, más que una evaluación estrictamente técnica, un castigo por no aplicar las recetas neoliberales tradicionales, pese a que la economía mexicana mantiene estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y una deuda pública moderada en comparación internacional.
Por: Eduardo Esquivel Ancona
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