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Gasoductos y almacenamiento de gas, indispensables para el desarrollo del país

Staff Domo de Cristal
Gasoductos

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Los gasoductos constituyen infraestructura crítica para México, al fungir como un motor clave para la generación de electricidad, el desarrollo industrial y la transición energética. Actualmente, el país cuenta con más de 70,000 kilómetros de redes de transporte y distribución, que permiten llevar gas natural —una fuente de energía limpia y eficiente— a gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, los gasoductos en México enfrentan importantes retos, principalmente derivados de conflictos sociales y de la oposición de comunidades indígenas por la falta de consulta previa. A ello se suma una alta dependencia de las importaciones provenientes de Estados Unidos (más del 75%), riesgos de seguridad en zonas controladas por el crimen organizado y una sobrecapacidad ociosa en la infraestructura, lo que complica la soberanía energética nacional.

Diversos proyectos han sido detenidos o suspendidos debido a la oposición de comunidades locales y pueblos indígenas que han interpuesto amparos. Entre los ductos afectados se encuentran:
• Tuxpan-Tula (TransCanada/TC Energía).
• Tula–Villa de Reyes y Villa de Reyes–Guadalajara.
• Samalayuca–Sásabe (Grupo Carso).
• Guaymas–El Oro (IEnova/Sempra).

México importa aproximadamente el 75% del gas natural que consume desde Estados Unidos. Esta dependencia se agrava por la falta de inversión nacional en exploración y por la expansión de infraestructura orientada a conectar el gas estadounidense con el mercado mexicano.

La construcción y operación de ductos en zonas controladas por grupos delictivos, como ocurre en algunas regiones de Sonora, incrementa significativamente los costos operativos debido a la necesidad de contratar seguridad privada y al aumento en las primas de seguros. Además, el robo de combustible (huachicoleo) y la corrupción local han provocado la cancelación de proyectos estratégicos.

Uno de los problemas más graves en materia de gas natural en México es la falta de reservas significativas, ya que el país cuenta apenas con capacidad para dos o tres días de suministro en ductos y tanques. Esto vuelve al sistema vulnerable ante interrupciones logísticas o cambios en la política de exportación de Estados Unidos.

Asimismo, existen riesgos de seguridad pública derivados de asentamientos humanos irregulares dentro de las franjas de seguridad de 35 metros que deben resguardar los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El almacenamiento de gas natural en México es limitado, con apenas 2.4 días de capacidad, lo que representa un riesgo para la seguridad energética ante contingencias. Actualmente, el país depende en gran medida de importaciones y utiliza principalmente tanques de gas natural licuado (GNL) en terminales como Altamira, Ensenada y Manzanillo.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca duplicar la capacidad de almacenamiento para mitigar riesgos ante posibles cambios en la oferta desde Estados Unidos.

Para incrementar la infraestructura de almacenamiento, el gobierno federal, a través del CENEGAS y otras instituciones, evalúa diversas tecnologías. Entre ellas destaca el uso de yacimientos agotados, considerados la opción más viable y económica, al aprovechar campos de hidrocarburos que ya no son productivos para inyectar y resguardar gas.

Otra alternativa son las cavernas salinas, formaciones geológicas que permiten una alta tasa de inyección y extracción, ideales para cubrir picos de demanda o situaciones de emergencia.

También se contemplan los tanques de GNL, que almacenan el gas en estado líquido a temperaturas criogénicas. Actualmente, México cuenta con instalaciones en Altamira, Tamaulipas; Ensenada, Baja California; y Manzanillo, Colima.

En resumen, los gasoductos y el almacenamiento de gas son pilares de la infraestructura energética en México, ya que permiten el transporte eficiente del gas natural, el cual representa más del 48% de la canasta energética nacional. Su presencia está directamente vinculada con la competitividad: los estados con acceso a esta infraestructura pueden alcanzar un PIB hasta 50% mayor que aquellos que no cuentan con ella.

Por: Eduardo Esquivel Ancona

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