El Código Nacional y la reforma judicial

México necesitaba modernizar su sistema judicial civil y mercantil. Eso era evidente desde hace años.

Expedientes físicos, juicios interminables, ejecución deficiente, criterios contradictorios, tribunales saturados y una economía que opera a velocidades completamente distintas a las de sus juzgados. El problema existía y era real.

Por eso, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) representaba una oportunidad histórica:

oralidad
digitalización
trazabilidad procesal
homologación nacional
modernización probatoria
expediente electrónico
uso intensivo de tecnología

En teoría, se trataba de una de las reformas procesales más importantes en décadas.

Pero México intentó implementarla mientras, simultáneamente, desestructuraba institucionalmente al Poder Judicial bajo una lógica predominantemente política e ideológica. Y ahí comenzó la contradicción.

Ahora hasta el INE pide aplazar

La situación llegó a un punto particularmente delicado cuando el propio Instituto Nacional Electoral pidió al Congreso aplazar la elección judicial hasta 2028 para evitar un “colapso” operativo.

Los datos son contundentes:

más de 353 mil casillas requeridas
aproximadamente 3.1 millones de funcionarios
cerca de 980 millones de boletas
costos cercanos a 21 mil millones de pesos si coinciden procesos electorales y judiciales

Eso implica algo políticamente muy fuerte: incluso dentro del propio aparato institucional ya se reconoce que el diseño fue precipitado y técnicamente insuficiente.

Una reforma para la que no estaban preparados

El nuevo modelo procesal exige algo muy específico: jueces técnicamente sólidos, operadores capacitados, infraestructura tecnológica moderna y alta capacidad institucional.

Pero ocurrió lo contrario.

En lugar de fortalecer técnicamente al sistema antes de implementar el nuevo modelo:

se abrió una reforma política judicial
se cuestionó la meritocracia
se debilitó la percepción de independencia
se generó incertidumbre institucional
se politizó el debate judicial

Resultado: un sistema a la defensiva, lento e improvisado.

La digitalización real nunca fue el centro

Uno de los mayores problemas de la reforma judicial es que se habló mucho de elección de jueces y muy poco de modernización operativa real.

México sigue teniendo:

exhortos físicos innecesarios
oficios en papel
expedientes físicos
turnos actuariales lentos
notificaciones presenciales absurdas
trámites manuales de edictos
certificaciones repetitivas
traslados físicos innecesarios

En pleno 2026, buena parte del sistema sigue funcionando bajo una lógica administrativa de hace cuarenta años.

La pregunta incómoda

¿Por qué no se moderniza realmente el sistema judicial?

Porque hacerlo implicaría tocar estructuras que nadie quiere enfrentar:

burocracia interna
sindicatos
plazas administrativas obsoletas
estructuras de control político
sistemas tecnológicos mal diseñados o incompletos

La verdadera transformación judicial requería eliminar procesos inútiles, no solo cambiar discursos políticos.

El problema estructural: burocracia sin métricas

El sistema judicial mexicano sigue operando sin:

métricas reales de productividad
indicadores públicos de desempeño
evaluación efectiva de tiempos procesales
sanciones reales por dilación
consecuencias por retrasar la ejecución de sentencias o laudos

La dilación sigue siendo gratuita.

Hoy prácticamente no existe responsabilidad institucional por:

paralizar expedientes
diferir acuerdos innecesariamente
retrasar la ejecución de sentencias
incumplir tiempos razonables
generar cargas procesales excesivas

Y eso tiene un enorme costo económico.

El verdadero fracaso: la ejecución

La gran debilidad histórica del sistema mexicano no es emitir sentencias. Es ejecutarlas.

Y ahí el problema afecta directamente a:

crédito
inversión
garantías
recuperación de activos
financiamiento productivo
industria, comercio y servicios financieros

Los sectores más afectados son precisamente los que requieren velocidad y certidumbre.

Industria

Necesita:

contratos ejecutables
estabilidad jurídica
recuperación eficiente

Sin ello:

aumenta el riesgo financiero
cae la inversión productiva
se frenan proyectos industriales

Comercio

Depende de:

cobranza rápida
juicios mercantiles ágiles
medidas cautelares eficientes

Cuando los juicios duran años:

se destruye flujo
aumenta la morosidad
cae la actividad económica

Servicios financieros

Bancos, SOFOM y financieras necesitan:

ejecución rápida de garantías
certeza jurídica
recuperación eficiente

Sin ello:

sube el costo del crédito
cae el crédito productivo
aumenta la cautela bancaria
se limita el fondeo internacional

Tribunales federales: deterioro preocupante

Durante años, los tribunales federales fueron percibidos como el nivel técnico más sólido del sistema judicial.

Hoy esa percepción se deteriora rápidamente.

Se observan cada vez más:

formalismos excesivos
evasión de fondo
criterios contradictorios
retrasos innecesarios
temor institucional a resolver asuntos sensibles

Y eso es particularmente grave, porque el sistema federal antes funcionaba como contrapeso técnico frente a muchas deficiencias locales. Hoy, en varios casos, esa diferencia comienza a desaparecer.

Adicionalmente, los debates y dislates personales de algunos integrantes de la Corte han erosionado legitimidad y credibilidad institucional.

El problema no es el Código Nacional

El CNPCyF, técnicamente, contiene avances importantes.

El problema es intentar implementarlo dentro de:

un sistema debilitado
operadores insuficientemente preparados
infraestructura tecnológica incompleta
una cultura burocrática resistente al cambio

La IA y la oportunidad desaprovechada

Mientras el mundo avanza hacia:

inteligencia artificial judicial
automatización documental
trazabilidad digital
contratos inteligentes
monitoreo procesal en tiempo real

México sigue atrapado en:

expedientes físicos
burocracia sindicalizada
trámites manuales
estructuras lentas
resistencia institucional

El verdadero reto

La modernización judicial no depende únicamente de cambiar jueces.

Depende de:

rediseñar procesos
digitalizar integralmente
medir desempeño
sancionar dilaciones
ejecutar oportunamente sentencias y laudos

La contradicción económica

El gobierno puede sostener diariamente una narrativa optimista.

Pero los datos muestran otra realidad:

crecimiento económico débil
inversión privada cautelosa
inseguridad persistente
empleo formal desacelerándose
crédito productivo limitado
incertidumbre jurídica creciente

Los mercados observan resultados, no propaganda.

México intentó transformar políticamente al Poder Judicial sin resolver primero sus problemas estructurales de operación, productividad y ejecución.

Ese es el verdadero fracaso.

La justicia no mejora cambiando discursos políticos ni organizando elecciones judiciales masivas. Mejora eliminando burocracia inútil, digitalizando procesos y sancionando la ineficiencia.

Sin métricas de desempeño, sin consecuencias por dilación y sin ejecución efectiva, ninguna reforma judicial generará confianza económica.

Porque, al final, el Estado de derecho no se mide por propaganda. Se mide por la capacidad real de resolver y ejecutar oportunamente.

Mario Sandoval
CEO de FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional en cargos directivos.