Por: Ariadne L. Montero
La población mexicana está envejeciendo. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la edad mediana del país aumentó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025. Este cambio demográfico plantea nuevos retos para los sistemas de pensiones, el mercado laboral y los cuidados familiares.
Los resultados de la encuesta confirman que México atraviesa una transición demográfica, caracterizada por una reducción de la proporción de población joven y un crecimiento de los grupos de adultos y adultos mayores. Esta transformación tendrá efectos sobre la capacidad de los sistemas de pensiones, la disponibilidad de población en edad laboral y la demanda de servicios de salud y cuidados.
La Encuesta Intercensal 2025 también muestra un cambio relevante en la estructura poblacional: actualmente, la mitad de los mexicanos tiene 32 años o menos, mientras que la otra mitad supera esa edad. La disminución de los grupos más jóvenes, junto con el crecimiento de la población adulta, coincide con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), que estiman que para 2050 el 24.1% de la población tendrá 60 años o más.
Más población adulta y adulta mayor: mayor presión sobre pensiones y cuidados
El incremento de la edad mediana no significa que México sea todavía un país envejecido, pero sí refleja una transformación demográfica acelerada. El país pasó de contar con una estructura poblacional predominantemente joven a enfrentar una mayor presión sobre los sistemas de pensiones y los servicios destinados a la población adulta mayor.
Entre las principales consecuencias se encuentran un menor crecimiento de la población en edad laboral, una mayor necesidad de ingresos durante la vejez y una posible reducción de la proporción de personas activas por cada persona pensionada. A ello se suman una mayor demanda de servicios de salud y cuidados, un eventual incremento del gasto público y periodos de retiro más prolongados debido al aumento de la esperanza de vida.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los Criterios Generales de Política Económica 2026, advierte que la transición demográfica podría reducir el número de personas activas que realizan aportaciones, al mismo tiempo que aumentaría la población que requiere pensiones o apoyos públicos.
Aunque vivir más años representa un avance social, también implica la necesidad de planear financieramente retiros que pueden extenderse durante 20 años o más. De acuerdo con las proyecciones del Conapo, para 2070 la esperanza de vida alcanzará 86.4 años para las mujeres y 79.9 años para los hombres.
La situación económica durante la vejez dependerá de factores como el nivel salarial, las aportaciones realizadas, las semanas cotizadas, los periodos de informalidad laboral y la edad a la que cada persona comienza a ahorrar para el retiro.
El desafío es particularmente relevante para quienes han desarrollado una parte importante de su trayectoria laboral en la informalidad, debido a que pueden llegar a la vejez con menor cobertura contributiva y una mayor dependencia de los apoyos públicos.
El envejecimiento poblacional, por tanto, no sólo representa un cambio en la estructura demográfica del país. También plantea un desafío fiscal, laboral y social que obligará a revisar la capacidad de los sistemas de pensiones, ampliar la cobertura del ahorro para el retiro y fortalecer los servicios de salud y cuidados para una población que vivirá más años.
