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Centralización de inteligencia ¿vs. guerrilla?

Staff Domo de Cristal
Zapatistas

No reedición: La memoria política de México recuerda el primero de enero de 1994 como un quiebre frente a 70 años de un mismo statu quo. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no solo desafió al Estado mexicano, sino que desmontó la narrativa de modernidad que se celebraba con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC). A tres décadas de aquella insurrección, resuena ese eco, aunque en un contexto completamente distinto, obligando a preguntar si las condiciones actuales podrían propiciar un estallido similar y cómo respondería hoy el aparato de seguridad del Estado.

La respuesta inmediata es que el México de hoy no es el de 1994; sin embargo, las vulnerabilidades persisten bajo nuevas y complejas dinámicas de control militar y policial. Un movimiento zapatista similar al de los noventa parece inviable, pues aquel levantamiento se nutrió del aislamiento geográfico y de la desatención estatal que permitieron la gestación de un ejército guerrillero clandestino, distinto al impulsado por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en la sierra guerrerense.

Actualmente, el territorio chiapaneco y las zonas de influencia indígena se encuentran profundamente fragmentados por la violenta incursión del crimen organizado, que disputa rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes. El EZLN ha denunciado reiteradamente que las comunidades autónomas están cercadas por la delincuencia organizada y la militarización, lo que diluye la posibilidad de una insurrección armada de corte ideológico como la de 1994. Además, la penetración de programas sociales federales alteró el tejido comunitario y desactivó parte de la cohesión social que requiere un movimiento insurgente de masas.

Reto: Sin embargo, el riesgo de estallidos sociales violentos o focos de resistencia armada persiste. De presentarse una crisis de gobernabilidad o un conflicto de alta intensidad en el sur del país, la respuesta de seguridad pública e inteligencia civil quedaría bajo la conducción estratégica de Omar García Harfuch. Su perfil representa la consolidación de un modelo de seguridad basado en la centralización de la inteligencia y el uso de tecnología avanzada de vigilancia, un giro drástico respecto al manejo político y militar de 1994.

Si en aquel año el gobierno combinó la represión militar con la negociación política mediante comisionados, el enfoque contemporáneo apuesta por la contención quirúrgica a través del análisis de datos, la infiltración digital y la neutralización anticipada de liderazgos antes de que logren una movilización masiva.

Respuesta: Esta capacidad de anticipación conduce directamente al núcleo del aparato estatal: las áreas más sensibles en materia de inteligencia. Bajo la 4T, el diseño de la seguridad nacional prioriza sectores específicos donde la filtración o el fallo de información estratégica podría poner en jaque la estabilidad del país.

La primera de estas áreas es la ciberseguridad institucional y la protección de la infraestructura crítica. El reciente hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional demostró que las comunicaciones militares, los planes de seguridad y las bases de datos biométricas son flancos altamente vulnerables. La pérdida de control sobre información clasificada no solo expone las tácticas del Estado, sino que también otorga ventajas operativas tanto a grupos delictivos como a actores geopolíticos extranjeros.

Vulnerables: Otra zona de extrema sensibilidad es la inteligencia financiera. La guerra moderna contra el crimen organizado y los focos de desestabilización demuestra que el rastreo del dinero suele ser más efectivo que el despliegue de tropas. Monitorear los flujos de capital ilícito, el lavado de dinero dentro del sistema bancario formal y el financiamiento de operaciones tácticas mediante criptomonedas o transferencias transfronterizas es una tarea crítica.

Un fallo en este rubro permitiría que organizaciones criminales o grupos disidentes financien armamento de alto poder, corrompan estructuras gubernamentales y mantengan una capacidad operativa capaz de competir directamente con las fuerzas del orden.

Por: Federico Lamont 

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