Tengo otros datos
Por: Eduardo Esquivel Ancona
- La reducción de la pobreza en México no fue producto de «limosnas», sino de una política económica que recuperó salario, redistribuyó ingresos y fortaleció el mercado interno
La oposición política insiste en descalificar los resultados económicos y sociales de la Cuarta Transformación. Ahora pretende reducir uno de los avances más importantes de los últimos años a una supuesta política de reparto de «limosnas», como si millones de mexicanos hubieran mejorado sus condiciones de vida exclusivamente por recibir una transferencia gubernamental. Se trata de una interpretación interesada, clasista y profundamente limitada de la realidad económica del país.
Los datos cuentan otra historia.
El informe Perspectivas macroeconómicas sobre la pobreza, del Banco Mundial, presentado por el Gobierno de México, estima que entre 2018 y 2026 alrededor de 17.3 millones de personas dejaron de encontrarse en situación de pobreza por ingresos. La proporción de la población en esa condición pasó de 35.3 a 20 por ciento, mientras que el número de personas afectadas disminuyó de 43.9 a 26.6 millones.
No es un resultado menor ni puede explicarse con la simplificación propagandística de la derecha. Detrás de este avance existe una combinación de decisiones económicas, políticas laborales y mecanismos de redistribución que modificaron la manera en que se distribuye el ingreso nacional.
El principal elemento que la oposición intenta minimizar es la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Durante décadas, los gobiernos neoliberales convirtieron la contención salarial en una supuesta condición indispensable para mantener la estabilidad económica y la competitividad. Bajo esa lógica, los incrementos al salario mínimo eran considerados un riesgo, mientras millones de trabajadores perdían capacidad de compra y se ampliaba la desigualdad.
La Cuarta Transformación rompió con ese modelo.
La recuperación salarial, el fortalecimiento del empleo y los ingresos laborales, junto con la ampliación de los Programas para el Bienestar, han contribuido a que una mayor proporción de la riqueza generada en el país llegue directamente a los hogares. El resultado es una economía en la que los trabajadores cuentan con mayores recursos para consumir, las familias pueden cubrir más necesidades y el mercado interno adquiere mayor dinamismo.
El salario mínimo como motor de movilidad económica
Uno de los datos más contundentes para desmontar el discurso opositor procede de la propia Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Su análisis sobre el periodo 2018-2024 estima que 6.1 puntos porcentuales de la reducción de la pobreza multidimensional se explican directamente por los incrementos al salario mínimo.
En términos de población, esto significa que aproximadamente 6.6 millones de los 13.4 millones de mexicanos que salieron de la pobreza durante ese periodo lo hicieron como resultado de la recuperación del salario mínimo, de acuerdo con dicha estimación.
Es decir, cerca de la mitad de la reducción registrada entre 2018 y 2024 está asociada directamente con la política salarial. No fueron limosnas: fue el reconocimiento de que el trabajo debe proporcionar ingresos suficientes para mejorar las condiciones de vida.
La evolución de los salarios permite dimensionar el cambio. En 2018, el salario mínimo general era de 88.36 pesos diarios. Para 2024 llegó a 248.93 pesos; en 2025 alcanzó 278.80 pesos y desde enero de 2026 se ubica en 315.04 pesos diarios. En la Zona Libre de la Frontera Norte asciende a 440.87 pesos.
La recuperación del poder adquisitivo ha sido significativa y ha modificado las condiciones de millones de trabajadores que durante décadas estuvieron atrapados entre salarios insuficientes, inflación y precariedad laboral.
Además, el análisis de Conasami señala que los aumentos al salario mínimo no tuvieron un impacto significativo en el nivel de empleo durante 2018-2024, pero sí elevaron los ingresos laborales. Esto contradice el viejo argumento empresarial y neoliberal de que cualquier incremento salarial necesariamente provoca desempleo, inflación descontrolada o pérdida de competitividad.
Los programas sociales no son limosnas: son derechos y redistribución del ingreso
Otro componente fundamental ha sido la política social. Las pensiones para adultos mayores, las becas educativas y los apoyos dirigidos a distintos sectores de la población cumplen una función económica que la oposición deliberadamente omite: permiten que los ingresos públicos lleguen a hogares que históricamente habían quedado al margen del crecimiento económico.
Calificar estos recursos como «limosnas» no solamente constituye una expresión clasista, sino que revela una concepción de la economía en la que la redistribución del presupuesto público se considera un privilegio y no un instrumento para reducir desigualdades.
Los programas sociales tienen efectos que van más allá de la transferencia monetaria. Cuando una persona adulta mayor recibe su pensión, cuando una familia cuenta con recursos para mantener a sus hijos en la escuela o cuando un hogar de bajos ingresos obtiene un apoyo, ese dinero se incorpora a la economía mediante la compra de alimentos, medicamentos, transporte, ropa y otros bienes y servicios.
De esta manera, las transferencias contribuyen al consumo interno, sostienen actividades comerciales y generan movimiento económico en comunidades donde el ingreso familiar tiene un impacto directo sobre los pequeños negocios.
Por eso, salario y programas sociales no son políticas excluyentes. Se complementan: uno fortalece el ingreso derivado del trabajo y los otros amplían la protección económica de sectores que necesitan respaldo del Estado.
El Banco Mundial y la evidencia que incomoda a la oposición
El informe del Banco Mundial también ofrece elementos para entender la dimensión de los cambios. Entre 2018 y 2024, el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, pasó de 46 a 42.6 puntos. Una reducción que apunta a una distribución menos concentrada de los recursos.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha destacado el peso de México en la disminución de la pobreza regional. Los resultados no pueden atribuirse a una sola medida ni a un factor aislado, sino a la combinación de mejores ingresos laborales, recuperación salarial, transferencias públicas y cambios en la distribución del ingreso.
La oposición, sin embargo, prefiere hablar de asistencialismo. Su argumento consiste en presentar los programas sociales como una carga fiscal que tarde o temprano hará insostenibles las finanzas públicas, sin reconocer que la política económica también debe evaluarse por su capacidad para mejorar las condiciones materiales de la población.
Por supuesto, la sostenibilidad presupuestaria importa. Ningún programa público puede estar al margen de una evaluación sobre sus fuentes de financiamiento, eficiencia y resultados. México necesita fortalecer su recaudación, combatir la evasión fiscal, ampliar la base tributaria y mantener un crecimiento económico que genere empleos productivos.
Pero reconocer esos desafíos no significa desacreditar los avances alcanzados ni regresar a un modelo que sacrificó el ingreso de los trabajadores en nombre de una estabilidad que no se tradujo en bienestar para las mayorías.
La contradicción de los gobiernos neoliberales
Resulta particularmente revelador que Vicente Fox Quesada haya reconocido públicamente que fue un error no incrementar de manera significativa el salario mínimo durante su administración. El expresidente llegó a calificarse como «qué sonso fui» al referirse a las decisiones que dejó de tomar en materia salarial.
Su reflexión tiene una lectura política y económica importante: durante años, las decisiones gubernamentales estuvieron condicionadas por los intereses y las advertencias de las cúpulas empresariales que defendían la contención de los salarios como mecanismo para preservar la competitividad.
El problema de aquella visión era que la competitividad se construía, en buena medida, a costa de los trabajadores. Se pretendía mantener bajos los costos laborales sin considerar suficientemente las consecuencias sobre el consumo, la desigualdad y el bienestar de las familias.
La política salarial de los gobiernos de la Cuarta Transformación demostró que era posible recuperar el ingreso de los trabajadores sin provocar el desastre económico que anticipaban sus detractores.
Esto no significa que los incrementos salariales carezcan de costos o que sus efectos sean idénticos para todas las empresas. Las micro, pequeñas y medianas unidades económicas enfrentan mayores dificultades para absorber los aumentos en sus nóminas, por lo que necesitan políticas de productividad, financiamiento, capacitación y modernización que les permitan adaptarse.
Tampoco puede afirmarse que los aumentos salariales no tengan ningún efecto sobre los precios. Su impacto depende de la productividad, los márgenes empresariales, la estructura de costos y las condiciones de cada sector. Sin embargo, la evidencia disponible no respalda la tesis de que la recuperación salarial haya desencadenado una espiral inflacionaria generalizada o una destrucción masiva del empleo.
El reto consiste en acompañar la recuperación del ingreso con inversión productiva, innovación, infraestructura y fortalecimiento de las empresas nacionales.
Los pendientes no borran los resultados
Hay un argumento opositor que merece una respuesta más seria: el relacionado con las carencias sociales, particularmente el acceso a los servicios de salud y la seguridad social.
En efecto, la reducción de la pobreza por ingresos no significa que todos los problemas estructurales hayan sido resueltos. La medición multidimensional del INEGI para 2024 registró 38.5 millones de personas en pobreza, frente a 51.9 millones en 2018. También mostró que persisten importantes carencias sociales, entre ellas las relacionadas con los servicios de salud.
Es necesario reconocerlo porque el bienestar no puede medirse únicamente por el dinero que llega a los hogares. También depende de que las personas tengan acceso efectivo a hospitales, medicamentos, educación de calidad, vivienda digna, agua potable y seguridad social.
Pero una cosa es señalar los pendientes y otra muy distinta utilizar esas dificultades para negar la recuperación salarial, la reducción de la pobreza por ingresos y la disminución de la desigualdad.
La transformación económica requiere precisamente avanzar en ambos frentes: mejorar los ingresos de la población y garantizar servicios públicos de calidad.
La sostenibilidad de los programas sociales exige una hacienda pública sólida, mientras que el crecimiento de largo plazo necesita inversión, productividad, empleos formales y mejores condiciones para las empresas. Ninguno de estos objetivos es incompatible con una política de redistribución del ingreso.
La derecha no puede borrar la realidad con descalificaciones
Lo que verdaderamente incomoda a los sectores conservadores es que los resultados cuestionan uno de los principales dogmas del neoliberalismo: que para mantener una economía estable era necesario mantener bajos los salarios y limitar la intervención redistributiva del Estado.
La experiencia mexicana demuestra que recuperar el ingreso de los trabajadores puede contribuir a reducir la pobreza, fortalecer el consumo y disminuir la desigualdad. También demuestra que los programas sociales tienen una función económica y social que no puede reducirse a una operación clientelar.
Los 17.3 millones de personas que, de acuerdo con la estimación del Banco Mundial, habrían salido de la pobreza por ingresos entre 2018 y 2026 representan un cambio de enorme relevancia. No significa que México haya resuelto todos sus problemas ni que deba ignorar los desafíos fiscales, productivos y de servicios públicos. Significa que las políticas económicas y sociales pueden modificar la distribución de los beneficios del crecimiento.
La oposición puede cuestionar, debatir y exigir mejores resultados. Lo que no puede hacer es sustituir el análisis económico por calificativos clasistas, ni presentar como limosna lo que constituye una política de recuperación salarial y redistribución del ingreso.
Porque detrás de cada punto porcentual de reducción de la pobreza hay familias con mayores posibilidades de alimentación, educación y consumo; trabajadores que recuperaron parte de lo que perdieron durante décadas y adultos mayores que hoy cuentan con un ingreso reconocido como un derecho.
La diferencia entre ambos proyectos económicos es evidente: mientras el neoliberalismo apostó por contener los salarios y confiar en que la riqueza terminaría llegando a todos, la Cuarta Transformación colocó en el centro de la política pública la recuperación del ingreso y el bienestar de las mayorías.
Y frente a quienes insisten en llamar «limosnas» a los derechos sociales, los datos del Banco Mundial, el INEGI y la Conasami ofrecen una respuesta contundente: la reducción de la pobreza tiene fundamentos económicos, laborales y redistributivos que la oposición no puede ocultar.
La reducción de la pobreza en México le da forma y contenido a la transformación que hoy vivimos; es su razón de ser. Y constituye un activo principalísimo que la 4T deberá no sólo defender sino acrecentar.