Por: Ariadne Montero
El encarecimiento de los alimentos y la energía podría convertirse en un fenómeno más recurrente, con consecuencias que van más allá del aumento generalizado de los precios. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que estas crisis prolongan las expectativas inflacionarias, profundizan la pobreza y generan riesgos para la estabilidad económica.
En un estudio publicado este martes 6 de octubre, el organismo internacional analizó las estrategias adoptadas por los gobiernos durante las últimas tres décadas para contener los aumentos de precios. La investigación incorpora un nuevo modelo económico que considera el impacto desigual de la inflación entre los hogares, particularmente en aquellos de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto a cubrir necesidades básicas.
Aunque los incrementos pronunciados en los precios de los productos esenciales habían sido relativamente poco frecuentes a escala mundial, durante los últimos cinco años se han convertido en una fuente recurrente de tensión económica y social. Entre los factores que han contribuido a este escenario destacan la invasión rusa de Ucrania en 2022 y el conflicto registrado este año en Oriente Medio.
El nuevo modelo del FMI identificó una diferencia de 0.8 puntos porcentuales respecto de la medición convencional de la inflación. Este ajuste revela que, entre 2021 y 2024, alrededor de 23 millones de personas adicionales habrían caído por debajo del umbral de pobreza extrema, en comparación con las estimaciones anteriores.
El organismo también alertó que las crisis del costo de vida pueden mantener elevadas las expectativas de inflación en el corto y mediano plazos. Estas presiones pueden persistir incluso tres años después del inicio de la crisis y, aunque tienden a moderarse hacia el quinto año, representan un riesgo para la política monetaria, pues pueden incrementar la presión para mantener o elevar las tasas de interés.
Frente a este panorama, el FMI recomendó priorizar las transferencias monetarias focalizadas en los hogares más vulnerables. Este mecanismo permite amortiguar el impacto del encarecimiento de los bienes esenciales sin distorsionar directamente las señales de precios, a diferencia de otras medidas de intervención.
En contraste, los controles de precios, las reducciones de impuestos al consumo y los subsidios a los productores pueden implicar costos fiscales considerablemente mayores. Además, su efectividad depende de las condiciones de cada mercado y de la capacidad de los gobiernos para financiar y administrar los apoyos.
El FMI advirtió, asimismo, que los subsidios generalizados pueden perder eficacia cuando varios países los aplican simultáneamente. En particular, los apoyos destinados a los productores pueden beneficiar indirectamente a consumidores de otras naciones cuando los bienes subsidiados se exportan, lo que reduce la proporción del gasto público que realmente llega a la población que se busca proteger.
El análisis pone de relieve que las crisis inflacionarias no afectan por igual a toda la población: los hogares con menores ingresos enfrentan una mayor vulnerabilidad porque tienen menos margen para absorber el encarecimiento de los alimentos, la energía y otros productos indispensables. Por ello, el diseño de las medidas de apoyo resulta determinante para contener los efectos sociales de la inflación sin agravar las presiones sobre las finanzas públicas.
