La banca mexicana mantiene sólidos niveles de capitalización, pero la morosidad evidencia que la tecnología, los precios y los algoritmos no sustituyen el conocimiento del mercado, una cobranza eficaz ni un Estado de derecho que garantice la recuperación oportuna del crédito.
La banca mexicana llega al último tramo de 2026 con buenos niveles de solvencia. A julio, su índice de capitalización alcanzó 20.77%, muy por encima de los mínimos regulatorios, mientras que todas las instituciones se ubicaban en la categoría I del esquema de alertas tempranas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Sin embargo, una banca bien capitalizada no significa que todos sus productos crediticios evolucionen de la misma manera.
Los datos de morosidad a julio muestran diferencias relevantes: adquisición de bienes inmuebles, 5.25%; créditos personales, 4.96%; tarjetas de crédito, 3.59%; nómina, 2.94%; empresas, 1.83%; entidades financieras, 1.70%, y crédito automotriz, 1.48%. En los financiamientos a estados y municipios, el indicador es prácticamente nulo.
¿Por qué?
Porque el riesgo no es el mismo, aunque todos los productos se denominen crédito.
En su Reporte de Estabilidad Financiera de junio, el Banco de México advirtió sobre el incremento de la morosidad en el crédito al consumo, particularmente en los préstamos personales, que registraron el deterioro más significativo. También señaló como motivo de preocupación el comportamiento de los acreditados de menores ingresos desde finales de 2025.
Ahí comienza la historia que los promedios suelen ocultar.
No todos los clientes digitales son iguales
La transformación tecnológica de la banca es inevitable y, en términos generales, positiva. Reduce costos, permite operar las 24 horas, automatiza procesos, amplía la cobertura y facilita que millones de personas realicen operaciones sin acudir a una sucursal.
Pero digitalizar un banco no significa necesariamente comprender mejor el mercado.
En el primer trimestre de 2026 había 11 mil 312 sucursales bancarias, 505 menos que un año antes. Se trata de la cifra más baja desde agosto de 2020.
Cerrar oficinas puede ser una decisión racional cuando una proporción creciente de las operaciones migra al teléfono móvil. El error consiste en convertir esa tendencia en un dogma y asumir que todos los clientes, regiones y actividades económicas pueden atenderse de la misma manera.
México no es un mercado homogéneo.
Monterrey no es Tuxtla Gutiérrez. Tijuana no es Villahermosa. Mérida no es Tepic. Una zona industrial del Bajío tiene una dinámica distinta de la de una economía regional dependiente del empleo público, el turismo, la agricultura o el comercio.
Tampoco un empresario de 60 años utiliza necesariamente los servicios bancarios de la misma forma que un profesionista de 28.
La estrategia debe ser multicanal y regional, no exclusivamente digital.
Una sucursal ya no necesita ser la enorme oficina bancaria de hace tres décadas. Puede ser más pequeña, especializada y rentable. Sin embargo, conserva una función estratégica: actúa como sensor del mercado, conoce a los clientes y las empresas, identifica particularidades de la actividad económica y permite detectar señales tempranas de deterioro.
Cuando ese conocimiento desaparece y toda la operación se concentra en información centralizada, surge el riesgo de dirigir desde una pantalla mercados que nunca se han recorrido.
La morosidad también explica el producto
Los créditos personales registran una morosidad elevada porque, por lo general, carecen de una garantía real suficiente y dependen fundamentalmente de los ingresos futuros del acreditado. Si este pierde su empleo, enfrenta un aumento en el costo de vida o acumula otras deudas, el deterioro de su capacidad de pago puede ser rápido.
Las tarjetas de crédito tienen una dinámica diferente. Son instrumentos revolventes, permiten diversificar el riesgo entre numerosos usuarios y pueden generar ingresos importantes para los bancos. Sin embargo, también facilitan la acumulación de deuda mientras exista una línea disponible.
El crédito de nómina reduce parcialmente el riesgo porque los pagos están vinculados a ingresos recurrentes. Pero si el trabajador pierde su empleo o cambia su situación laboral, parte de esa ventaja desaparece.
El financiamiento automotriz registra una morosidad menor, de 1.48%, en parte porque existe un bien identificable que sirve como garantía, además de enganches, plazos definidos y mecanismos de recuperación del vehículo.
La cartera empresarial presenta un indicador de 1.83%, pero tampoco debe generar complacencia. Una cartera comercial puede mantenerse vigente durante meses mediante reestructuras, garantías y negociaciones antes de que el deterioro se refleje plenamente en los indicadores de incumplimiento.
El crédito inmobiliario, por su parte, merece especial atención. Contar con una garantía hipotecaria no significa que su recuperación sea inmediata. Entre ejecutar una hipoteca y convertir el inmueble en dinero pueden interponerse procedimientos judiciales, sentencias, ejecución de garantías, toma de posesión y venta.
En ese proceso, México todavía enfrenta importantes desafíos.
¿Quién paga el costo de las reservas?
Cuando aumenta el riesgo crediticio, los bancos deben constituir reservas para cubrir posibles pérdidas.
La CNBV establece mecanismos de calificación de cartera, constitución de reservas, vigilancia de los créditos vencidos y recuperación que contribuyen a preservar la estabilidad de las instituciones financieras.
Sin embargo, las reservas no aparecen por generación espontánea. Tienen un costo económico: afectan los resultados y el rendimiento del capital, e influyen en las decisiones futuras de otorgamiento de crédito.
Ese costo puede trasladarse, mediante distintos mecanismos, a tasas de interés más elevadas, líneas de financiamiento más pequeñas, mayores exigencias de garantías o una menor disposición a prestar a determinados segmentos.
En términos económicos, una cartera sana puede terminar absorbiendo indirectamente parte de los costos asociados con una cartera deteriorada.
Por eso, describir el negocio bancario simplemente como «captar barato y prestar caro» resulta insuficiente.
Entre ambos extremos intervienen el riesgo, las reservas, el capital, los costos operativos, el fraude, la cobranza, la recuperación, la regulación y la tecnología.
Una tasa elevada puede compensar estadísticamente una mayor probabilidad de incumplimiento, pero no convierte automáticamente un mal crédito en uno bueno.
La cartera deteriorada que no aparece en la fotografía
Existe otro indicador que merece mayor atención: el índice de morosidad ajustado (IMORA).
El índice de morosidad tradicional, conocido como IMOR, mide la proporción de cartera vencida respecto de la cartera total. El IMORA incorpora, además, los quebrantos o castigos realizados durante los 12 meses anteriores, de acuerdo con la metodología correspondiente.
En 2026, el Banco de México señaló que el IMORA del crédito al consumo también había aumentado, como resultado tanto del crecimiento de la cartera vencida como de mayores quebrantos, particularmente en los préstamos personales.
Cuando un banco castiga contablemente una cartera, la deuda no necesariamente desaparece. Puede continuar su proceso de recuperación, venderse o quedar bajo la administración de terceros. Lo que cambia es su tratamiento dentro del balance de la institución.
Por eso, evaluar la calidad crediticia únicamente a partir del IMOR puede ofrecer una imagen incompleta del riesgo y de la rentabilidad real.
Un consejo de administración debería plantearse preguntas adicionales: ¿cuánto crédito se originó?, ¿qué proporción cayó en mora?, ¿cuánto se reservó?, ¿cuánto se reestructuró?, ¿cuánto se castigó?, ¿cuánto se vendió y cuánto se recuperó finalmente?
En esas respuestas aparece la verdadera rentabilidad de una cosecha crediticia.
La tecnología aprueba en minutos; la justicia puede tardar años
Hay un factor adicional que condiciona la rentabilidad bancaria: la capacidad del sistema judicial para hacer cumplir los contratos y ejecutar las garantías.
La tecnología financiera permite evaluar solicitudes y aprobar créditos en cuestión de minutos. La recuperación judicial de una deuda, en cambio, puede prolongarse durante años.
Esa asimetría representa un riesgo económico.
México avanza en la digitalización de la originación crediticia, los pagos, la identificación de clientes, el análisis de datos y la contratación electrónica, pero la recuperación jurídica del crédito continúa enfrentando obstáculos y demoras.
Y un sistema financiero no termina cuando entrega el dinero: también necesita mecanismos eficaces para recuperarlo cuando el acreditado incumple sus obligaciones.
La ejecución de contratos y sentencias no es solamente un asunto privado entre bancos y deudores. Constituye parte de la infraestructura institucional que sostiene la actividad económica.
Cuando recuperar una garantía tarda años, el costo no queda confinado al expediente judicial. Puede traducirse en mayores reservas, tasas de interés más elevadas, menores montos de financiamiento y exclusión de regiones consideradas demasiado riesgosas.
Modernizar el sistema judicial implica mucho más que digitalizar expedientes, generar estadísticas o multiplicar acuerdos. También exige que las resoluciones se cumplan oportunamente, con pleno respeto al debido proceso y a los derechos de las partes.
Sin una ejecución eficaz de las sentencias, la modernización administrativa no necesariamente se traduce en una mejor impartición de justicia ni en una recuperación más eficiente del crédito.
La banca del futuro necesita territorio
La banca mexicana es sólida, y esa fortaleza debe preservarse. Sin embargo, su siguiente desafío no consiste únicamente en desarrollar la mejor aplicación o automatizar cada vez más operaciones.
Los nuevos participantes digitales presionarán los precios y los márgenes. La inteligencia artificial mejorará los modelos de originación, la detección de fraudes y los procesos de cobranza. Las sucursales continuarán transformándose.
Pero el crédito seguirá dependiendo de preguntas fundamentales: a quién se presta, para qué se presta, dónde opera el acreditado y cómo se recuperará el dinero si las condiciones cambian.
México necesita tecnología financiera, pero también instituciones capaces de comprender las particularidades de sus mercados.
Sucursales distintas para necesidades distintas. Productos diseñados para economías regionales diferentes. Tasas, plazos y garantías acordes con el perfil de riesgo de cada acreditado.
Un algoritmo puede identificar patrones y procesar millones de datos. Pero la calidad de sus decisiones también depende de la información disponible, de los criterios con los que se diseñó y de su capacidad para reconocer las particularidades de cada mercado.
Porque no todo México cabe en el mismo patrón.
Y captar barato para prestar caro nunca ha sido suficiente para hacer buena banca.
Fuentes: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Banco de México.
Mario Sandoval
CEO de FISAN SOFOM, E.N.R.
Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
