Así lo dice La Mont
Evaluación: El primer informe de labores del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, quedó irremediablemente empañado por una estela de contradicciones administrativas que chocan de frente con su retórica de sobriedad republicana.
Lejos de consolidarse como un ejercicio pulcro de rendición de cuentas y transformación institucional, el acto protocolario se vio eclipsado por revelaciones que exhiben la persistencia de viejos vicios presupuestales en los pasillos de Pino Suárez.
Entre los señalamientos más punzantes destaca la reciente asignación y renovación de una flotilla de camionetas blindadas de alta gama destinadas al uso discrecional de mandos superiores, un gasto millonario difícilmente justificable en un contexto de escrutinio público permanente.
A ello se suma la controversia por el engrosamiento de las nóminas de asesores y personal de apoyo asignado a diversas ponencias, lo que evidencia una estructura burocrática sobredimensionada que desentona con los compromisos de optimización operativa.
La estocada final provino de las licitaciones para la contratación de pólizas de servicios médicos privados para altos funcionarios judiciales, una maniobra que suscitó severas críticas tanto en círculos legislativos como en la opinión pública, al interpretarse como la resurrección encubierta de privilegios corporativos que se presumían desterrados.
Este paquete de inconsistencias operativas desdibujó el mensaje institucional del informe y colocó al ministro presidente en una posición de vulnerabilidad política frente a los reflectores mediáticos y los otros poderes del Estado, que observan con suspicacia cada partida presupuestal devengada en el máximo tribunal del país.
A medias: En el terreno estrictamente jurisdiccional, el balance anual arroja un panorama de claroscuros en materia de productividad y eficiencia procesal, frente a una carga de trabajo que no da tregua.
Con un pleno ahora articulado en torno a nueve ministros, las cifras revelan una disparidad notable en el ritmo de desahogo de expedientes, donde sólo un grupo reducido de togados logró sostener niveles sobresalientes de rendimiento cuantitativo y solidez argumentativa.
Entre los perfiles más productivos de este nuevo esquema destacaron las ponencias que lograron abatir rezagos históricos mediante proyectos concisos en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de alto impacto, al resolver litigios estratégicos sobre competencias federales, distribución de participaciones y facultades de los organismos reguladores.
En contraste, otros despachos exhibieron una preocupante dilación que mantuvo congelados asuntos cruciales en materia de derechos humanos y seguridad pública.
Entre las sentencias más determinantes dictadas en este ciclo se encuentran las determinaciones que fijaron límites estrictos a la prisión preventiva oficiosa, las resoluciones que invalidaron reformas estructurales por vicios insubsanables en el procedimiento parlamentario y los criterios protectores en litigios ambientales y colectivos.
Estos fallos no sólo redefinieron los equilibrios normativos entre los poderes, sino que también evidenciaron que la calidad y celeridad de las resoluciones continúan dependiendo más de la disciplina técnica de un puñado de ponencias que de una modernización integral y homogénea del aparato judicial.
Posiciones: El tablero de las reformas legislativas y las tensiones internas completó el complejo escenario del año judicial, marcado por el estancamiento de iniciativas altamente disruptivas impulsadas desde la arena política.
El controvertido proyecto orientado a revisar y reabrir expedientes amparados bajo la figura de la cosa juzgada terminó empantanándose en el debate parlamentario y técnico, ante la advertencia generalizada de colegios de abogados, inversionistas y juristas sobre el riesgo de pulverizar la seguridad jurídica nacional.
De manera similar, la propuesta de elevar sustancialmente la carga fiscal sobre las herencias y transmisiones patrimoniales enfrentó un freno legislativo, al ser desestimada frente al costo político y las advertencias sobre una posible evasión masiva de capitales que implicaría su aplicación.
Mientras estas disputas doctrinarias y hacendarias quedaban en suspenso, la correlación de fuerzas al interior de la Corte comenzó a reconfigurarse a la vista de todos, con miras a la próxima sucesión.
En este terreno, la ministra Lenia Batres despliega una estrategia abierta e intensiva de posicionamiento político, buscando capitalizar el desgaste de la actual presidencia para erigirse como la figura idónea para asumir las riendas de la institución.
Su narrativa de confrontación directa contra las élites tradicionales del Poder Judicial y su constante interlocución con las bases populares delinean una candidatura en marcha, orientada a desplazar al actual bloque hegemónico y transformar de raíz las lógicas de poder en el tribunal constitucional.
