Así lo dice La Mont
Tiempos: En exactamente treinta días, el panorama de los medios de comunicación en el país enfrentará un cambio de paradigma cuando entre en vigor la nueva Ley de Audiencias, contemplada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Este marco normativo establece obligaciones estrictas para radiodifusores y creadores de contenido, centradas en la transparencia y en la protección directa de los consumidores. En esencia, la legislación exige una distinción clara e inconfundible entre la publicidad pagada y la información fáctica, con el propósito de eliminar las estrategias de marketing encubierto que difuminan los límites para el espectador.
Además, impone la obligación de separar la opinión personal del contenido noticioso, de manera que los periodistas indiquen explícitamente cuándo emiten un comentario editorial y cuándo realizan una narración objetiva de los hechos.
Más allá de la diferenciación de contenidos, la ley refuerza los mecanismos de accesibilidad, al garantizar que las personas con discapacidad tengan un acceso equitativo mediante la obligatoriedad de la lengua de señas, el subtitulaje y la audiodescripción.
Esta fase de instrumentación representa un reto logístico mayúsculo para los medios, que deberán reestructurar sus rutinas de producción para cumplir con un marco que impone exigencias estructurales sin precedentes en las transmisiones cotidianas.
La inminente aplicación de esta ley está envuelta en una profunda controversia, centrada en si su redacción original sufrió modificaciones que alteraron su espíritu inicial y si, en la práctica, constituye un mecanismo de censura capaz de cambiar las reglas de la libertad de expresión.
Originalmente, el texto fue objeto de intensas disputas legales y diversos amparos que obligaron a realizar ajustes sustanciales, con el propósito de equilibrar los derechos de las audiencias con la indispensable autonomía editorial.
Sin embargo, los críticos argumentan que la exigencia de separar tajantemente la información de la opinión resulta impracticable en el periodismo moderno y crea un terreno fértil para la autocensura. El temor radica en que las graves sanciones económicas obliguen a los comunicadores a limitar sus análisis por miedo a represalias gubernamentales disfrazadas de defensa de los derechos de las audiencias.
Por el contrario, sus defensores sostienen que no existe censura alguna, sino una exigencia ética de honestidad que fortalece la libertad de expresión al proporcionar al ciudadano información clara y evitar sesgos ocultos.
Este choque de visiones genera incertidumbre sobre la manera en que el ente regulador interpretará las infracciones y sobre si logrará sancionarlas objetivamente, sin convertirse en una suerte de tribunal inquisitivo que dicte la línea discursiva del periodismo nacional y modifique drásticamente el derecho a comunicar.
¿Por qué?
El origen de esta compleja normativa se remonta a los esfuerzos de diversas organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos que, durante años, plantearon la necesidad de crear un contrapeso efectivo frente al poder histórico de los conglomerados mediáticos.
El debate legislativo y la consulta pública fueron procesos prolongados y polarizados, en los que las mesas de diálogo evidenciaron una profunda fractura entre activistas que exigían una regulación estricta y empresarios que defendían la autorregulación corporativa.
Durante las consultas, distintos académicos documentaron prácticas consideradas engañosas en la televisión y la radio, contribuyendo a cimentar la iniciativa.
Ante este escenario, la respuesta de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión fue frontal: rechazó la ley desde su gestación al considerarla una intromisión inconstitucional en la libertad de empresa y de prensa.
La cámara desplegó una intensa campaña de oposición, argumentando que el Estado asumía un papel paternalista al considerar a las audiencias como menores incapaces de discernir entre un hecho, una opinión y un contenido comercial.
La resistencia incluyó múltiples controversias constitucionales, así como advertencias sobre los costos que implicaría operar bajo las nuevas disposiciones legales y cumplir con los mecanismos de accesibilidad.
De acuerdo con esta postura, dichas exigencias podrían poner en riesgo la viabilidad financiera de algunas emisoras locales, dejando una tensión latente que ahora alcanza un punto decisivo ante la entrada en vigor de la nueva regulación.
Por: Federico Lamont
