El incremento del endeudamiento no implica, por sí mismo, una crisis fiscal; la composición de la deuda, los ingresos públicos, el costo financiero y su proporción respecto al PIB son los factores que determinan su sostenibilidad
La deuda pública mexicana alcanzó un nuevo máximo nominal al cierre de julio de 2026, al ubicarse alrededor de 19.22 billones de pesos, equivalente a aproximadamente 51.5% del Producto Interno Bruto (PIB). El dato ha sido utilizado por sectores de la oposición para cuestionar el manejo de las finanzas públicas durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero una lectura estrictamente económica obliga a colocar la cifra en contexto.
El aumento del saldo de la deuda es real y representa un desafío para las finanzas nacionales. Sin embargo, un mayor endeudamiento no significa automáticamente que un país se encuentre en una situación de insolvencia o al borde de una crisis económica. Para evaluar el riesgo es necesario observar cuánto representa la deuda frente al tamaño de la economía, quiénes son los acreedores, en qué moneda está contratada, cuánto cuesta financiarla y cuál es la capacidad del gobierno para generar ingresos y cumplir sus obligaciones.
En julio, el saldo aumentó aproximadamente 174 mil millones de pesos respecto de junio, cuando había rebasado por primera vez los 19 billones. Se trata de un incremento significativo en términos nominales, aunque debe analizarse junto con la evolución del PIB, los ingresos públicos y las condiciones financieras del país.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) cierre 2026 alrededor de 52.3% del PIB, ligeramente por debajo del 52.6% registrado al cierre de 2025. Esta previsión es relevante porque indica que, pese al crecimiento nominal del endeudamiento, la deuda como proporción de la economía se mantiene dentro de un rango considerado administrable por las autoridades fiscales.
El verdadero indicador no es sólo cuánto se debe
El debate sobre la deuda pública suele concentrarse en el monto absoluto —millones o billones de pesos—, pero ese dato por sí solo puede resultar engañoso.
Una economía que crece puede incrementar su deuda nominal sin que necesariamente aumente su vulnerabilidad financiera. Lo fundamental es determinar si la capacidad de generar ingresos y riqueza crece a un ritmo suficiente para atender las obligaciones adquiridas.
En el caso mexicano, otro elemento importante es la composición de los pasivos. La mayor parte de la deuda del Gobierno Federal está denominada en moneda nacional y se encuentra colocada dentro del mercado financiero mexicano. Al cierre de julio, la deuda interna neta del Gobierno Federal ascendió a aproximadamente 15.23 billones de pesos, frente a los 14.35 billones registrados al cierre de 2025.
Esta estructura reduce una de las vulnerabilidades históricas de las economías emergentes: una excesiva dependencia del financiamiento externo denominado en dólares u otras monedas.
Deuda interna: ventajas, pero también costos
Que México tenga una elevada proporción de deuda interna significa que buena parte de sus obligaciones financieras están contratadas en pesos y con inversionistas que operan dentro del mercado nacional, entre ellos bancos, fondos de inversión y fondos para el retiro.
Esto representa una ventaja frente a escenarios de fuerte depreciación del peso. Si el dólar aumenta considerablemente su valor frente a la moneda mexicana, una deuda denominada en pesos no se encarece automáticamente por efecto cambiario, como sí ocurriría con un pasivo contratado directamente en dólares.
También existe una mayor capacidad de gestión sobre este tipo de obligaciones debido a que se encuentran sujetas al marco financiero y jurídico nacional.
Pero la deuda interna tampoco es gratuita ni está exenta de riesgos. Su principal costo está relacionado con las tasas de interés. Cuando el costo del dinero permanece elevado, el gobierno debe destinar mayores recursos al servicio de la deuda, reduciendo el margen disponible para otros gastos.
Además, un crecimiento excesivo del financiamiento público puede competir con las empresas y las familias por los recursos disponibles en el sistema financiero. En determinadas circunstancias, esto puede encarecer el crédito privado y limitar la inversión productiva.
Por ello, el objetivo no debe ser simplemente aumentar o reducir la deuda, sino mantenerla en una trayectoria compatible con el crecimiento económico y con la capacidad de pago del Estado.
Los ingresos son la otra mitad de la ecuación
La sostenibilidad de las finanzas públicas también depende de la capacidad recaudatoria.
De acuerdo con los datos de Hacienda, los ingresos presupuestarios mostraron un crecimiento por tercer año consecutivo, con avances particularmente relevantes en la recaudación del IVA, que aumentó 9.9%; el IEPS distinto de combustibles, con un crecimiento de 9.3%, y los impuestos a las importaciones, que avanzaron 8.1%.
Los ingresos petroleros también mostraron una evolución favorable. En julio registraron un incremento real anual de 56.6%, mientras que en el acumulado presentaron un crecimiento de 10.7%. Los ingresos propios de Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentaron 14%, favorecidos, entre otros factores, por el comportamiento de los precios internacionales del petróleo.
Los ingresos no tributarios, por su parte, superaron en alrededor de 26 mil millones de pesos el monto previsto en el programa, principalmente por mayores aprovechamientos y derechos.
Estos resultados son importantes porque muestran que el comportamiento de la deuda debe analizarse conjuntamente con la capacidad del gobierno para obtener recursos. Una deuda elevada resulta mucho más riesgosa cuando los ingresos se desploman, la economía entra en recesión y el costo financiero aumenta simultáneamente.
México y el contexto internacional
Otro argumento utilizado en el debate político es comparar el nivel de endeudamiento mexicano con el de otras economías.
México se encuentra actualmente en un rango cercano a 51-52% del PIB, una proporción considerablemente menor que la de varias economías desarrolladas. Japón supera ampliamente el 200% de su PIB en deuda pública, mientras Estados Unidos rebasa el 120%. Otras economías avanzadas, como Francia, España, Canadá y Reino Unido, también presentan niveles elevados de endeudamiento en relación con el tamaño de sus economías.
Esto no significa que México deba considerar irrelevante el aumento de su deuda. Una comparación internacional no convierte automáticamente una deuda elevada en una deuda saludable. Cada país tiene estructuras fiscales, tasas de interés, monedas, sistemas financieros y perspectivas de crecimiento diferentes.
Pero sí permite dimensionar el problema: México no se encuentra entre las economías con las mayores cargas de deuda pública del mundo desarrollado.
En América Latina también existen diferencias importantes. Brasil, por ejemplo, registró una deuda pública bruta equivalente a alrededor de 81.9% del PIB en junio de 2026, muy por encima de la proporción mexicana. El monto total alcanzó los 10.8 billones de reales (aproximadamente 36.27 billones de pesos) a mediados de este año.
Argentina, por su parte, mantuvo en junio un nivel de deuda pública equivalente a aproximadamente 101.5% de su PIB, aun cuando la proporción disminuyó respecto del año anterior. En junio de este año la deuda argentina fue de 1.76 billones de euros (aproximadamente 38.74 billones de pesos mexicanos).
La comparación regional muestra que México mantiene una posición intermedia y que, por el momento, no enfrenta una situación de endeudamiento comparable con las economías latinoamericanas que presentan las cargas fiscales más elevadas.
El déficit también importa
Otro elemento que debe incorporarse al análisis es el déficit fiscal.
Durante 2025, el gobierno federal realizó un esfuerzo importante para reducir el déficit fiscal amplio, que pasó de 5.8% del PIB en 2024 a 4.3% al cierre de 2025.
La reducción resulta relevante porque una política fiscal sostenible requiere evitar que el endeudamiento crezca de manera permanente a un ritmo superior a la capacidad de expansión de la economía.
La meta, por tanto, no consiste en eliminar completamente la deuda —algo prácticamente inexistente incluso entre las economías más desarrolladas—, sino en evitar que ésta adopte una trayectoria explosiva.
La deuda externa y el manejo financiero
En materia de deuda externa, México también ha realizado operaciones encaminadas a reducir presiones futuras. A finales de julio, Hacienda concretó una recompra anticipada de bonos externos denominados en dólares y euros por alrededor de 5.9 mil millones de dólares, con lo que se eliminaron amortizaciones en dólares previstas para 2027 y 2028.
Este tipo de operaciones puede contribuir a mejorar el perfil de vencimientos y disminuir riesgos financieros futuros, aunque su conveniencia debe evaluarse considerando el costo de recompra, las tasas vigentes y las condiciones del mercado.
¿Debe preocupar el aumento de la deuda?
La respuesta económica no puede ser simplemente «sí» o «no».
Sí debe preocupar, porque el crecimiento del endeudamiento implica mayores obligaciones financieras y puede reducir el espacio fiscal si los intereses aumentan o si la economía crece menos de lo previsto.
Pero no existen, con las cifras planteadas, elementos suficientes para afirmar que México se encuentra ante una crisis de deuda o que el Estado haya perdido su capacidad de pago.
El dato más importante es que el nivel de deuda respecto al PIB se mantiene en un rango relativamente contenido frente a numerosas economías, mientras que la mayor parte de las obligaciones está denominada en moneda nacional y el gobierno mantiene acceso a los mercados financieros.
El riesgo real aparecería si durante varios años se combinaran déficits elevados, bajo crecimiento económico, mayores tasas de interés, caída de los ingresos públicos y un aumento acelerado de la deuda como porcentaje del PIB.
Ese escenario sí reduciría el margen de maniobra del gobierno y podría obligar a realizar ajustes presupuestarios.
Por ahora, el debate debería abandonar tanto el triunfalismo como el alarmismo.
La oposición tiene elementos legítimos para exigir transparencia, eficiencia en el gasto y una estrategia fiscal de largo plazo. Sin embargo, presentar cualquier incremento de la deuda como prueba automática de una crisis económica es una simplificación que no resiste un análisis integral de las finanzas públicas.
México enfrenta el reto de mantener bajo control su endeudamiento, reducir gradualmente el déficit y elevar sus ingresos sin frenar la inversión pública ni comprometer el gasto social. La clave estará en que el crecimiento económico sea suficientemente sólido para que la deuda no avance más rápido que la capacidad productiva del país.
En otras palabras, el problema no es que México tenga deuda; el desafío es garantizar que ésta permanezca sostenible.
Con los niveles actuales, el país conserva margen de maniobra. Pero ese margen no es infinito. La disciplina fiscal, el crecimiento económico, la eficiencia recaudatoria y el control del costo financiero serán determinantes para preservar la estabilidad de las finanzas públicas durante los próximos años.
