Así lo dice Lamont
¿Caerá? El sorpresivo retorno de Rubén Rocha Moya al Palacio de Gobierno de Culiacán y su nueva solicitud de licencia no obedecen a un renovado compromiso con la ciudadanía sinaloense, sino, en esta lectura, a una calculada estrategia de supervivencia política y legal.
En el complejo ajedrez del poder, retomar las riendas del estado representa, al menos en el corto plazo, un escudo infranqueable: el fuero constitucional. Al mantenerse en funciones como mandatario estatal, Rocha Moya buscaría blindar su posición frente a cualquier eventual intento de la justicia estadounidense por procesarlo judicialmente.
Esta maniobra de reincorporación parece diseñada para ganar tiempo ante un eventual proceso de extradición hacia Estados Unidos, dilatar procedimientos legales y obligar a que cualquier petición internacional deba enfrentar primero la legislación mexicana, incluida la eventual solicitud de desafuero ante el Congreso.
La oficina gubernamental se convirtió así en una trinchera política y jurídica, desde la cual Rocha Moya podría articular su defensa y negociar posibles condiciones, bajo la premisa de que, sin el blindaje del cargo público, su traslado y eventual comparecencia ante una corte estadounidense enfrentarían menos obstáculos.
Obstáculo: Esta trinchera gubernamental generó un profundo cisma dentro de las filas del oficialismo y evidenció dos posturas antagónicas frente a la crisis sinaloense.
Por un lado, Gerardo Fernández Noroña decidió respaldar férreamente la controvertida decisión de Rocha Moya, bajo el argumento de la soberanía nacional y la resistencia frente a lo que considera una injerencia indebida de agencias de seguridad extranjeras. Para Noroña, ceder ante las presiones de Washington significaría un acto de debilidad política y una traición a los principios de su movimiento. Su respaldo busca cerrar filas y proyectar una imagen de fortaleza institucional.
En contraste, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, asumió una postura de mayor cautela al solicitar públicamente a Rocha Moya reconsiderar su decisión.
Monreal, desde una lectura más pragmática de las relaciones bilaterales y del derecho internacional, advierte que proteger a una figura bajo la mira de las autoridades estadounidenses podría desencadenar una crisis diplomática y económica de consecuencias imprevisibles para la administración federal.
Mientras la disputa política interna se desarrolla en México, la presión desde Estados Unidos también se intensifica. Entre las voces que han exigido la extradición del político sinaloense se encuentra el exfuncionario de la DEA Derek Maltz, quien durante años estuvo al frente de la División de Operaciones Especiales (SOD) de la Administración para el Control de Drogas.
Maltz cuenta con amplia experiencia en operaciones contra redes internacionales de narcotráfico y organizaciones criminales, por lo que su postura se suma a la presión ejercida desde sectores de seguridad estadounidenses sobre México.
En esa misma línea se ubican los señalamientos del actual administrador de la DEA, Terry Cole, quien ha cuestionado ante el Congreso estadounidense la respuesta de México frente al crimen organizado y al tráfico de fentanilo, además de advertir sobre problemas de corrupción e impunidad.
A esta presión se agregan las acciones del FBI y la persecución de integrantes de organizaciones criminales mexicanas consideradas amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Entre los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses figuran integrantes de distintas facciones del Cártel de Sinaloa, como Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, además de operadores de otras organizaciones criminales.
El escenario coloca a Rocha Moya ante una encrucijada política y jurídica: regresar al poder para preservar el fuero y, al mismo tiempo, solicitar nuevamente licencia para separarse del cargo. Una contradicción que alimenta las versiones sobre las verdaderas razones de su fugaz reincorporación al gobierno de Sinaloa.