Así lo dice La Mont
El método de encuestas para definir las 17 coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación enfrenta una de sus pruebas más complejas, tanto en el terreno técnico como en el político: la aplicación de la paridad sustantiva.
El proceso ya no se limitará a identificar quién obtiene el mayor puntaje en cada entidad. Además de medir conocimiento, honestidad, cercanía y preferencia electoral, la Comisión Nacional de Elecciones deberá cruzar los resultados de los 17 estados para aplicar un mecanismo nacional de ajuste de género.
Bajo este esquema, la competitividad de las aspirantes será determinante. Si un hombre encabeza la encuesta en una entidad, pero el balance nacional exige postular a una mujer, la candidatura podría recaer en la aspirante mejor posicionada de ese estado.
Así, la encuesta deja de ser una competencia aislada y se transforma en un tablero nacional, donde los resultados de cada entidad estarán vinculados con el cumplimiento de la paridad.
La distribución de nueve coordinaciones para mujeres y ocho para hombres deberá construirse, además, bajo criterios de competitividad electoral, con el objetivo de evitar que las candidatas sean concentradas en entidades con menores posibilidades de triunfo.
Las 17 entidades serán consideradas en bloques de alta, media y baja rentabilidad electoral para Morena. En estados donde el movimiento parte con ventaja, como Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, Guerrero, Sonora, Nayarit, Colima, Michoacán, Campeche y San Luis Potosí, estará una parte importante de la disputa por garantizar postulaciones femeninas competitivas.
En entidades más complejas, como Querétaro y Chihuahua, el reparto deberá considerar tanto el posicionamiento de los perfiles locales como el equilibrio de género dentro del mapa electoral.
La fórmula 9-8 también coloca bajo la lupa entidades estratégicas como Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes, donde la definición de perfiles deberá responder no solo al mandato de paridad, sino también a factores de competitividad, gobernabilidad y cohesión interna.
Desde la dirigencia nacional, Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora han colocado el acento en la disciplina partidista, la legalidad y la unidad territorial.
Montiel sostiene que el proceso deberá apegarse a los estatutos y que no habrá espacio para intereses de grupos locales o vínculos familiares que pretendan alterar las reglas. La paridad, ha planteado, no es una concesión, sino un principio que debe cumplirse.
Hernández, por su parte, ha subrayado la responsabilidad de la Comisión Nacional de Elecciones para garantizar la integridad metodológica del proceso y procurar que los acuerdos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México mantengan criterios de género y competitividad.
El verdadero desafío será conciliar encuesta, paridad y rentabilidad electoral sin provocar fracturas internas. La definición de las 17 coordinaciones no será únicamente un ejercicio demoscópico: será una partida nacional en la que cada movimiento tendrá consecuencias sobre el mapa político de Morena rumbo a la próxima contienda.
Por: Federico Lamont
