Tengo otros datos
Por: Eduardo Esquivel Ancona
Hay una paradoja cada vez más evidente en el discurso de un sector de la derecha mexicana: mientras históricamente ha reivindicado la soberanía nacional, hoy parece dispuesto a delegar en Washington la facultad de determinar quién es bueno, quién es malo y quién debe ser considerado sospechoso en México.
La nueva vara de medición parece ser la visa estadounidense. Si el gobierno de Estados Unidos cancela el documento migratorio de un político mexicano, para algunos opositores la decisión adquiere automáticamente categoría de sentencia. No hacen falta una acusación formal, una investigación pública, una resolución judicial ni siquiera conocer las razones concretas de la medida: basta con que el Departamento de Estado retire una visa para que comiencen los juicios políticos en México.
El problema de esa lógica es elemental: una visa no es un certificado de inocencia, pero tampoco su cancelación constituye, por sí misma, una sentencia penal.
Si se llevara hasta sus últimas consecuencias el razonamiento de quienes celebran cada revocación de visas, habría que colocar bajo sospecha a millones de mexicanos que nunca han tenido una visa estadounidense. Algunos porque jamás han querido viajar a Estados Unidos; otros porque no han cumplido los requisitos; otros porque su solicitud fue rechazada.
Y aquí aparece una contradicción que rara vez se menciona.
Estados Unidos niega una proporción importante de las solicitudes de visa presentadas por ciudadanos mexicanos. Cada solicitante, además, debe pagar una tarifa que no se reembolsa aunque la respuesta sea negativa. Para una visa de visitante B1/B2, la tarifa consular base es de 185 dólares.
¿Significa eso que todos aquellos mexicanos a quienes Washington les niega una visa tienen vínculos con el crimen organizado?
Por supuesto que no.
Entonces, ¿por qué habría de interpretarse automáticamente la cancelación de una visa como prueba de culpabilidad cuando se trata de un político incómodo para determinados sectores de la oposición?
Ahí es donde el debate deja de ser migratorio y adquiere una dimensión eminentemente política.
Washington como juez universal
El gobierno estadounidense tiene, desde luego, facultades para determinar quién puede ingresar a su territorio. Una visa es un permiso sujeto a las leyes y decisiones soberanas de Estados Unidos. Pero una cosa es ejercer ese derecho y otra muy distinta convertir una decisión administrativa en una herramienta de presión política sobre gobiernos, funcionarios o actores extranjeros.
El propio Departamento de Estado ha defendido públicamente la facultad de cancelar visas cuando considera que existen razones para hacerlo y sostiene que las visas son un privilegio, no un derecho.
El punto de fondo no es si Washington puede cancelar una visa. Puede hacerlo. El verdadero debate es para qué utiliza ese poder y qué efectos políticos pretende producir con él.
Cuando una cancelación se convierte en noticia internacional, en instrumento de presión diplomática o en mecanismo para señalar públicamente a determinados personajes, deja de ser solamente un asunto migratorio.
Y es precisamente ahí donde la política exterior estadounidense adquiere una dimensión de poder extraterritorial.
Un reportaje reciente de The New York Times ha puesto el foco en esta utilización de las visas como instrumento de política exterior. El argumento central resulta particularmente relevante: los permisos de viaje pueden ser utilizados no solamente para prevenir amenazas a la seguridad, sino también para ejercer presión sobre gobiernos y funcionarios cuyas decisiones afectan los intereses de Washington.
El caso chileno citado por el diario resulta ilustrativo.
Funcionarios del gobierno de Gabriel Boric fueron sancionados con la revocación de sus visas después de participar en decisiones relacionadas con un proyecto de cable submarino entre Chile y China. Washington argumentó que la iniciativa podía comprometer aspectos de la seguridad regional y de infraestructura crítica.
Más allá de las razones invocadas por Estados Unidos, el episodio demuestra que la visa puede convertirse en una herramienta de presión geopolítica cuando están en juego intereses estratégicos.
Y entonces surge una pregunta incómoda: si Washington puede utilizar las visas para castigar decisiones soberanas de otros gobiernos, ¿por qué algunos sectores mexicanos consideran legítimo que Estados Unidos se convierta en árbitro de la política nacional?
El doble rasero
La cuestión adquiere mayor relevancia cuando se observa que la política exterior estadounidense tampoco está exenta de contradicciones.
Un ejemplo particularmente polémico es el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y posteriormente recibió un indulto de Donald Trump.
El caso es difícil de ignorar en cualquier discusión sobre la supuesta superioridad moral con la que Washington pretende calificar a funcionarios extranjeros.
Hernández fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión después de ser declarado culpable de participar en una conspiración para traficar cientos de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense. Sin embargo, Trump posteriormente decidió concederle un indulto total.
La pregunta no es si un presidente estadounidense tiene facultades para otorgar un indulto. Las tiene.
La pregunta política es otra: ¿por qué una administración que presenta la lucha contra la corrupción y el narcotráfico como argumentos para intervenir discursivamente en otros países puede, al mismo tiempo, conceder clemencia presidencial a un exmandatario condenado precisamente por delitos vinculados con el narcotráfico?
La respuesta demuestra que la política exterior no funciona únicamente con criterios jurídicos. También funciona con intereses, alianzas, prioridades geopolíticas y conveniencias.
El huachicol fiscal tampoco conoce fronteras
Algo similar ocurre con el llamado huachicol fiscal.
El contrabando de combustibles y otras mercancías no nació con la Cuarta Transformación. Es una práctica que durante años ha aprovechado vacíos regulatorios, redes empresariales, corrupción y complicidades en ambos lados de la frontera.
Sin embargo, en el debate político mexicano se intenta presentar el fenómeno como si fuera una creación exclusiva de los gobiernos de Morena.
La realidad del comercio transfronterizo es mucho más compleja.
Una operación de contrabando internacional requiere, por definición, una cadena que atraviesa fronteras. Si combustibles producidos en Estados Unidos ingresan a México mediante documentación que altera su clasificación comercial, no puede analizarse la responsabilidad exclusivamente desde el lado mexicano.
Hay documentación, empresas, transportistas, distribuidores, agentes aduanales, infraestructura logística y controles fronterizos que forman parte de la cadena comercial.
Por ello, combatir el huachicol fiscal exige revisar todo el circuito, no únicamente la parte mexicana.
Resulta políticamente cómodo señalar a México y convertir cada operación ilícita en una prueba de la corrupción de la 4T. Es mucho más incómodo preguntar qué ocurre del otro lado de la frontera, quién exporta, quién documenta, quién transporta, quién recibe y qué controles existen en Estados Unidos.
La soberanía que algunos olvidaron defender
La discusión, finalmente, no debería reducirse a López Obrador, Claudia Sheinbaum, Morena, la oposición o cualquier personaje en particular.
El asunto es mucho más grande.
México es un país soberano. Estados Unidos también lo es. Washington tiene derecho a decidir quién entra en su territorio; México tiene exactamente el mismo derecho.
Pero ninguna potencia extranjera debería convertirse, mediante sanciones administrativas, cancelaciones de visas o presiones diplomáticas, en fiscal, juez y tribunal político de otro país.
Y mucho menos debería ser la propia oposición mexicana la que le entregue voluntariamente ese papel.
Una democracia puede y debe investigar a sus funcionarios. La Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, los tribunales y las instituciones mexicanas tienen facultades para investigar posibles delitos.
Si existen pruebas, que se presenten.
Si existen investigaciones, que avancen.
Si existen responsables, que sean juzgados.
Lo que resulta peligroso es sustituir el debido proceso por el criterio de una potencia extranjera.
Porque mañana la víctima de esa lógica puede ser un adversario político de Morena, pasado mañana un empresario, después un periodista y, eventualmente, cualquier mexicano que resulte incómodo para los intereses de Washington.
La soberanía no debería defenderse únicamente cuando Estados Unidos toma una decisión que perjudica a un adversario propio.
La verdadera prueba de nacionalismo consiste en defenderla incluso cuando la presión estadounidense beneficia políticamente a quienes pensamos distinto.
Por eso resulta paradójico que una parte de la derecha mexicana celebre la intervención política de Washington en los asuntos nacionales.
En su afán por golpear a la Cuarta Transformación, algunos parecen haber olvidado una premisa elemental: Estados Unidos puede ser un aliado, un socio comercial y un vecino estratégico; lo que no debería ser es el juez de la política mexicana.
Y si realmente se quiere combatir al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando y el huachicol fiscal, entonces la pregunta no puede dirigirse únicamente hacia el sur.
También habría que mirar hacia el norte.
Porque para que las drogas entren a Estados Unidos, el dinero se lave en su sistema financiero, las armas crucen hacia México o mercancías sean introducidas mediante esquemas de contrabando, necesariamente existen redes que operan a ambos lados de la frontera.
La soberanía no puede ser selectiva. Y la lucha contra el crimen tampoco.
