La disputa territorial que enfrenta a Santa Cruz Atizapán con municipios vecinos acumula seis décadas sin una resolución definitiva, pese a documentos que la comunidad presenta como sustento de su propiedad comunal.
Santa Cruz Atizapán, Estado de México, enfrenta un conflicto territorial que se remonta a siglos atrás y que, lejos de resolverse, permanece abierto en tribunales y en la Legislatura estatal.
El origen de la reclamación está en los Títulos Primordiales de 1593, documentos con los que la comunidad sostiene la existencia histórica de sus tierras comunales. El diferendo involucra principalmente a Almoloya del Río y Tianguistenco, en una zona vinculada con la antigua Laguna de Chignahuapan.
El expediente agrario 316/1997 constituye uno de los puntos centrales del conflicto. En 2001, el Tribunal Unitario Agrario del Noveno Distrito emitió una resolución favorable a Santa Cruz Atizapán en materia de reconocimiento y titulación de bienes comunales y conflictos de límites. Sin embargo, posteriormente se ordenó reponer el procedimiento y, según la documentación presentada por la comunidad, 25 años después el litigio continúa sin sentencia definitiva.
La dimensión del problema resulta significativa: los pobladores aseguran que el procedimiento iniciado en 1966 acumula ya 60 años de litigio, mientras cuestionan que decisiones administrativas y políticas hayan modificado de facto la extensión territorial que reivindican como propia.
Uno de los episodios más sensibles se relaciona con la cartografía oficial elaborada en 1975. La comunidad sostiene que entonces su territorio habría pasado de 26.03 a 8.42 kilómetros cuadrados, una reducción de 67.7 por ciento. El documento también atribuye responsabilidades políticas a figuras vinculadas con antiguos grupos de poder mexiquenses, aunque estas acusaciones requieren ser contrastadas documentalmente y mediante resoluciones oficiales.
El conflicto no se limita al papel. La comunidad también reclama la posesión del denominado Primer Vaso Antiguo de la Laguna de Chignahuapan, cuya entrega en 1978 —sostienen— derivó del cumplimiento de una ejecutoria de amparo ordenada por la Suprema Corte.
Actualmente, el diferendo con Almoloya del Río se encuentra en la Comisión de Límites Territoriales de la Legislatura mexiquense, donde se prevé revisar pruebas documentales, periciales y cartográficas. El caso vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cómo puede permanecer durante generaciones un conflicto territorial cuando existen expedientes, peritajes y resoluciones judiciales previas?
Más allá de la disputa por kilómetros cuadrados, Santa Cruz Atizapán enfrenta un problema de certeza jurídica, representación territorial y acceso efectivo a la justicia. La resolución definitiva del expediente agrario y la revisión técnica de los límites serán determinantes para establecer qué parte de las reclamaciones históricas puede sostenerse jurídicamente y cuál deberá quedar fuera del mapa contemporáneo.
Por: Eduardo Esquivel Ancona
