Reforma judicial 2.0: más política que justicia
La llamada “reforma a la reforma judicial” impulsada por Morena y el gobierno federal confirma algo que ya resulta difícil de negar: la primera reforma judicial no logró convencer técnica, operativa ni institucionalmente.
Ahora, incluso el propio Instituto Nacional Electoral pidió aplazar la elección judicial hasta 2028 para evitar un “colapso” operativo. Eso implica algo políticamente muy fuerte: el propio sistema reconoce implícitamente que la reforma original nació con fallas graves de diseño, improvisación y exceso de velocidad política.
Y aun así, la llamada reforma 2.0 parece más un remiendo rápido que una reconstrucción seria del sistema judicial mexicano.
La gran omisión: modernizar de verdad la justicia
La discusión pública se concentró durante meses en:
- elección de jueces;
- legitimidad democrática;
- narrativa política;
- reorganización institucional.
Pero casi nadie discutió lo verdaderamente importante:
- digitalización integral;
- automatización procesal;
- ejecución efectiva de sentencias;
- métricas obligatorias de desempeño;
- responsabilidad institucional por dilación;
- interoperabilidad nacional.
México sigue litigando como hace décadas
En pleno 2026, gran parte del sistema judicial sigue funcionando bajo una lógica burocrática de hace más de cincuenta años. México sigue atrapado en esquemas propios de los años setenta en materia judicial, salvo algunos avances federales y locales en línea:
- exhortos físicos;
- oficios en papel;
- expedientes físicos;
- turnos actuariales lentos;
- notificaciones presenciales innecesarias;
- trámites manuales de edictos;
- certificaciones repetitivas;
- sellos y traslados absurdos.
Y eso tiene un enorme costo económico y social.
La pregunta incómoda
¿Por qué no se moderniza realmente el sistema judicial?
Porque hacerlo implicaría tocar estructuras profundamente arraigadas:
- burocracia judicial;
- sindicatos empoderados;
- plazas administrativas obsoletas;
- estructuras de control interno;
- sistemas tecnológicos deficientes;
- redes de poder institucional.
La verdadera reforma judicial requería reducir drásticamente el peso del trámite físico y burocrático. Pero ahí apareció la resistencia real.
La reforma no tocó el problema central. México sigue sin discutir seriamente:
- métricas públicas obligatorias;
- productividad judicial;
- tiempos máximos razonables;
- auditoría de rezago;
- sanciones por dilación;
- responsabilidad patrimonial por inejecución.
Los términos solo aplican al ciudadano
En México, abogados, partes, empresas y ciudadanos sí enfrentan:
- términos fatales;
- preclusiones;
- sanciones procesales.
Pero el aparato judicial prácticamente no enfrenta consecuencias reales por:
- retrasar ejecuciones;
- congelar expedientes;
- diferir acuerdos;
- incumplir tiempos razonables.
La dilación sigue siendo gratis.
Y ahí está uno de los mayores fracasos estructurales del sistema mexicano. Hoy prácticamente no existen consecuencias reales por:
- retrasar la ejecución de sentencias;
- incumplir laudos laborales;
- mantener asuntos detenidos durante años;
- generar cargas procesales excesivas.
El verdadero fracaso: ejecutar
La gran debilidad histórica del sistema mexicano no es emitir resoluciones. Es ejecutarlas.
Y por eso hoy, muchas veces, resulta más difícil ejecutar una sentencia firme que obtenerla.
Más protección al abuso que a la justicia
En la práctica, el sistema termina generando más espacio para:
- abuso del derecho;
- simulación procesal;
- tácticas dilatorias;
- litigio de desgaste;
- incumplimiento estratégico;
que para impartir justicia pronta y efectiva.
El Código Nacional sigue prácticamente detenido
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares prometía:
- oralidad;
- digitalización;
- expediente electrónico;
- trazabilidad procesal;
- homologación nacional.
Pero sigue avanzando lentamente y sin verdadera implementación integral.
Todavía no existe:
- un expediente judicial nacional interoperable;
- un sistema digital unificado;
- ejecución electrónica eficiente;
- automatización masiva de exhortos y oficios;
- reducción sustancial de costos de edictos desproporcionados en el Diario Oficial de la Federación.
No hay un plan serio de abatimiento de rezago
México mantiene miles de asuntos mercantiles, civiles, laborales e hipotecarios con:
- uno;
- tres;
- cinco;
- incluso diez años;
sin ejecución efectiva.
Y aun así no existe una estrategia nacional seria para abatir:
- rezagos judiciales;
- ejecución pendiente;
- laudos incumplidos;
- recuperación de garantías.
El Tribunal de Disciplina: una figura sin legitimidad visible
La nueva estructura creó además un Tribunal de Disciplina Judicial que, hasta ahora, genera más dudas que confianza.
No queda claro:
- qué indicadores utilizará;
- cómo medirá desempeño;
- cómo sancionará dilación;
- qué nivel de transparencia tendrá;
- cómo rendirá cuentas públicamente.
Y ahí aparece otro problema delicado: muchos jueces saben que las quejas administrativas rara vez generan consecuencias reales mientras políticamente permanezcan alineados con el sistema que los sostiene.
La percepción en juzgados sigue siendo la misma
En muchos órganos jurisdiccionales prevalece:
- formalismo excesivo;
- soberbia institucional;
- indiferencia hacia el justiciable;
- resistencia a resolver el fondo;
- actitud defensiva.
Especialmente en muchos tribunales locales, aunque cada vez más también en federales.
Los federales ya no transmiten la misma confianza
Durante años, los tribunales federales fueron vistos como el nivel técnico más sólido del sistema.
Hoy esa percepción se deteriora rápidamente. Cada vez se observan más:
- formalismos excesivos;
- evasión del fondo;
- retrasos innecesarios;
- criterios contradictorios;
- temor institucional.
Y eso es particularmente grave porque el sistema federal antes funcionaba como contrapeso técnico frente a muchas deficiencias locales.
La Corte tampoco ayuda a recuperar legitimidad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atraviesa además un problema creciente de percepción pública.
La discusión gira cada vez más alrededor de:
- protagonismos personales;
- confrontaciones públicas;
- redes sociales;
- escenas mediáticas;
- debates políticos;
y menos sobre:
- jurisprudencia sólida;
- técnica constitucional;
- estabilidad de criterios;
- construcción doctrinal consistente.
La legitimidad de una Corte no se construye con exposición mediática, sino con calidad jurisprudencial y prudencia institucional.
Es increíble que en el fútbol profesional se sancione y exhiba públicamente a los árbitros por sus fallas, incluso con suspensiones o castigos. En el mundo de la justicia mexicana eso prácticamente no existe.
El Congreso tampoco sale bien librado
Y aquí aparece otra contradicción importante.
El Congreso impulsa reformas judiciales en fast track mientras:
- gran parte de sus integrantes no tiene formación jurídica especializada;
- el análisis técnico es limitado;
- predomina la disciplina política sobre la deliberación profunda.
Todo ello pese a que ambas cámaras destinan miles de millones de pesos a operación legislativa y cientos de millones anuales a estructuras de asesoría parlamentaria, centros de estudios, consultorías y apoyo técnico.
La pregunta inevitable es: ¿dónde quedó el análisis profundo de la reforma judicial antes de aprobarla aceleradamente?
El fast track responde más a lógica política que jurídica
La velocidad de las reformas parece obedecer más a:
- disciplina partidista;
- narrativa política;
- necesidad de control institucional;
que a una reflexión profunda sobre lo que realmente necesita la justicia mexicana.
La justicia sigue en deuda con México
Y esa deuda no es únicamente con un grupo político. Es con:
- trabajadores;
- empresarios;
- víctimas;
- acreedores;
- familias;
- productores;
- inversionistas;
- ciudadanos comunes.
México intentó transformar políticamente al Poder Judicial sin resolver primero sus problemas estructurales:
- burocracia física;
- lentitud;
- falta de ejecución;
- ausencia de métricas;
- digitalización incompleta;
- falta de consecuencias por ineficiencia.
Ese es el verdadero fracaso.
La justicia no mejora con reformas rápidas ni con narrativa política permanente. Mejora cuando resuelve, ejecuta y genera confianza.
Mientras el sistema siga protegiendo más la burocracia y el formalismo que al justiciable, el Estado de derecho seguirá debilitándose.
Porque, al final, la verdadera reforma judicial no era elegir jueces: era modernizar integralmente la impartición de justicia mexicana.
Mario Sandoval
CEO de FISAN SOFOM ENR.
Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
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