Vulnerables vs. amenaza pandémica
Así lo dice La Mont
Advertencia: La Organización Mundial de la Salud y su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, han emitido alertas continuas sobre la inminencia de una nueva crisis sanitaria global, advirtiendo que el surgimiento de una próxima pandemia no es una posibilidad remota, sino una certeza temporal. En los foros internacionales de salud se reitera que el mundo sigue sin prepararse para amenazas biológicas potencialmente más letales que el SARS-CoV-2.
Dentro del catálogo de riesgos, se vigilan con atención patógenos con alto potencial de letalidad y mutación, como las variantes de influenza aviar altamente patógena, los arenavirus y los hantavirus, cuyos mecanismos de transmisión zoonótica se aceleran debido al cambio climático y a la invasión de ecosistemas naturales. Aunque brotes recientes de filovirus relacionados con el Ébola, como el virus de Marburg en diversas regiones de África, lograron ser contenidos con mayor rapidez gracias a la experiencia acumulada, el riesgo del retorno de estas fiebres hemorrágicas con alcance internacional permanece latente si fallan los mecanismos de vigilancia genómica y el intercambio global de datos biológicos.
Siglo de terror: Esta constante amenaza global plantea serios desafíos para las naciones en desarrollo, particularmente para México, donde la infraestructura sanitaria arrastra deficiencias estructurales acumuladas durante décadas. La degradación y centralización de los servicios de salud pública limitan severamente la capacidad de respuesta oportuna ante brotes epidemiológicos inusuales.
El desabasto crónico de medicamentos, la insuficiencia de camas de terapia intensiva y la falta de equipos de laboratorio de alta especialización en las regiones más vulnerables del país configuran un escenario de alta fragilidad. Ante la llegada de patógenos con tasas de letalidad superiores a las de enfermedades respiratorias comunes, como los virus hemorrágicos o cepas agresivas de hantavirus, las deficiencias operativas de nuestro sistema público podrían traducirse en una rápida saturación hospitalaria y en la desatención de patologías crónicas preexistentes, reeditando dinámicas de exclusión y vulnerabilidad social.
El impacto real de una emergencia sanitaria en este entorno quedó de manifiesto durante la crisis del COVID-19, cuando las cifras oficiales iniciales de defunciones, situadas en poco más de 334 mil muertes confirmadas mediante pruebas de laboratorio, resultaron insuficientes para reflejar la magnitud de la tragedia. Los análisis posteriores, basados en metodologías oficiales de exceso de mortalidad general, revelaron que la cifra real de pérdidas humanas vinculadas directa o indirectamente a la pandemia superó los 650 mil fallecimientos.
Este desfase estadístico evidenció las limitaciones operativas para realizar pruebas diagnósticas masivas, así como el colapso indirecto de los servicios de atención para enfermedades metabólicas y cardiovasculares que no pudieron ser tratadas debido a la obligada reconversión hospitalaria.
Para responder a un nuevo escenario pandémico con características de mayor letalidad, la estrategia nacional requiere una transformación profunda que abandone la improvisación y se concentre en la resiliencia. La preparación efectiva depende del fortalecimiento inmediato de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, garantizando capacidades de secuenciación genética descentralizadas que permitan detectar variantes y patógenos nativos o importados en tiempo real.
Asimismo, resulta indispensable diseñar esquemas de financiamiento público sostenibles para asegurar inventarios estratégicos de equipo de protección personal, reactivos de diagnóstico y tratamientos avanzados, evitando la dependencia absoluta de los mercados internacionales.
La gestión de futuras crisis sanitarias exigirá una coordinación técnica y científica unificada, alejada de criterios políticos, que priorice la atención primaria de la salud, la transparencia absoluta en la difusión de datos epidemiológicos y la protección irrestricta del personal sanitario como primera línea de defensa nacional.
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