Veracruzanos y Revocación de Mandato
Así lo dice La Mont
Gobernabilidad:
Veracruz se encuentra en un punto de inflexión histórica, marcado por la renovación de sus 212 ayuntamientos y el reacomodo de las fuerzas partidistas en el territorio. Este cambio de poderes no es un evento administrativo menor; representa la redistribución del mando local en una de las entidades más complejas y pobladas del país. A partir de la toma de protesta de los gobiernos municipales, el estado ingresa en una dinámica que debe responder a las exigencias de una ciudadanía que muestra una participación activa y cada vez más crítica.
La transición en los 212 municipios conlleva el reto de la continuidad o el quiebre de políticas públicas en áreas sensibles como los servicios básicos, la infraestructura y la apremiante seguridad ciudadana. La llegada de estas administraciones también inaugura un ciclo en el que los alcaldes electos tienen la responsabilidad de sanear las finanzas públicas y establecer canales de comunicación directos con los gobiernos estatal y federal, a fin de garantizar la gobernabilidad en una geografía diversa que va desde los grandes centros urbanos hasta las comunidades rurales más alejadas.
Proceso:
Dentro de este complejo mapa municipal, los rubros de deuda y seguridad pública se erigen como las principales preocupaciones para los ediles. Veracruz inicia este ciclo con ayuntamientos que arrastran débitos públicos considerables, lo que limita severamente su capacidad de maniobra. Históricamente, Coatzacoalcos, Veracruz puerto y Xalapa figuran entre los municipios más endeudados, no solo por créditos bancarios directos, sino también por pasivos derivados de emisiones bursátiles y laudos laborales pendientes que asfixian sus presupuestos.
A esta carga financiera se suma el desafío de la violencia, ya que los índices de delincuencia muestran una concentración alarmante en zonas ubicadas en el corredor sur, como Minatitlán y Coatzacoalcos, así como en la zona norte, particularmente en Poza Rica y Tuxpan. En estas localidades, la incidencia de delitos de alto impacto —como el homicidio doloso, la extorsión y el robo de vehículos— obliga a las administraciones municipales a replantear sus estrategias de coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. La combinación de una caja presupuestal vacía con un entorno de inseguridad persistente coloca a varios cabildos en una situación de vulnerabilidad extrema desde el primer día de su gestión.
En cuanto a la configuración política, el escenario para la oposición en Veracruz enfrenta cambios drásticos. Tras los resultados electorales, la hegemonía de Morena se mantiene sólida, aunque la oposición logró retener o conquistar espacios estratégicos. Movimiento Ciudadano emergió como la segunda fuerza al gobernar en 40 municipios, desplazando en varias regiones a los partidos tradicionales. El bloque conformado por el PAN y el PRI, aunque debilitado en comparación con décadas anteriores, conserva el control de aproximadamente una treintena de ayuntamientos el primero y poco más de veinte el segundo. Destacan bastiones que la oposición logró defender con éxito, como Boca del Río, uno de los ejemplos más notables de resistencia para el panismo.
Sin embargo, el mapa general muestra una clara ventaja para el partido en el poder. Morena, ya sea de manera individual o junto a sus aliados, domina la gran mayoría del territorio veracruzano, incluyendo ciudades de alto peso electoral y económico, como la capital Xalapa y el puerto de Veracruz. Esto deja a la oposición ante el reto de demostrar eficiencia administrativa en los pocos municipios que gobierna, con el objetivo de recuperar terreno rumbo a los próximos procesos electorales, en un entorno donde la interlocución con el Poder Ejecutivo estatal será vital para la obtención de recursos extraordinarios.
¿Nahle?:
La posibilidad de llevar a cabo un proceso de Revocación de Mandato en Veracruz es un tema que cobra fuerza en el debate público y jurídico. A la fecha, existen condiciones legales para que este mecanismo de democracia participativa se aplique, en consonancia con la tendencia nacional y con las reformas locales que armonizan la legislación veracruzana con la Constitución federal. Para que este ejercicio se concrete, se requiere que una parte relevante del padrón electoral lo solicite formalmente, cumpliendo con los requisitos de representatividad en un número determinado de municipios.
La discusión se centra en si la infraestructura del organismo electoral local y el presupuesto estatal permitirán organizar una consulta a mitad del periodo de la ingeniera Rocío Nahle. En el plano político, la viabilidad de la revocación dependerá del nivel de aprobación del Ejecutivo estatal y de la capacidad de movilización de los grupos sociales y políticos interesados en someter su gestión al juicio ciudadano. Si bien el marco jurídico ya contempla esta figura, el verdadero desafío radica en la logística y en la voluntad ciudadana para activar un recurso que, hasta ahora, no tiene precedentes a nivel estatal en Veracruz, pero que se perfila como una herramienta definitiva de rendición de cuentas en el nuevo esquema de la política mexicana.
Por: Federico La Mont
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