Urgente la aprobación de la Ley de Aguas para acabar con la corrupción del bien hídrico
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• Las reformas legales propuestas por el Gobierno Federal tienen la intención de fortalecer el registro y control de concesiones por parte del Estado y garantizar el derecho al agua de toda la población.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió el pasado 9 de octubre a la Cámara de Diputados dos iniciativas para expedir una nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de garantizar el uso equitativo del agua y recuperar la rectoría del Estado sobre este recurso.
La reforma hídrica enviada al Congreso por la jefa del Ejecutivo enfrenta rechazo por algunos sectores de la oposición, quienes argumentan que es una iniciativa “centralista, recaudatoria y criminalizadora”. Las principales diferencias con la propuesta oficial giran en torno a la rectoría del Estado, la gestión de concesiones y el impacto en el sector agrícola.
Las modificaciones a las leyes de agua son necesarias, ya que existe una profunda corrupción en el otorgamiento de concesiones. Esta se manifiesta de diversas formas: tráfico de permisos falsos, acaparamiento del recurso por intereses privados, sobornos para obtener servicios o alterar mediciones, así como procesos opacos en la entrega de permisos.
Estas prácticas generan injusticia social al dejar a comunidades vulnerables sin acceso al agua y provocan la sobreexplotación y el mal uso del recurso, como lo evidencian los volúmenes de extracción muy por encima de lo permitido.
La escasez de agua afecta a gran parte de la población mexicana debido a la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de cuencas, las prolongadas sequías, la inequidad en el acceso al vital líquido y los problemas administrativos y financieros relacionados con el mantenimiento y eficiencia de la infraestructura hidráulica: presas, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), acueductos y redes de distribución.
Uno de los problemas más graves en el abastecimiento de agua potable es la gran extracción y acaparamiento del recurso por parte de compañías refresqueras y cerveceras, principalmente mediante concesiones y pozos. Esto ha generado preocupación por la sobreexplotación de acuíferos en diversas regiones, pues se argumenta que su uso es excesivo para fines comerciales y ha derivado en conflictos sociales, especialmente en zonas con escasez.
Manifestaciones de la corrupción en las concesiones de agua
Obtención ilegal de concesiones:
• Falsificación de documentos y venta de permisos apócrifos para obtener o traspasar concesiones.
• Uso de concesiones para fines distintos a los autorizados, como cuando empresas inmobiliarias o industriales obtienen permisos para uso agrícola.
Irregularidades en la prestación del servicio:
• Procesos opacos en la entrega de concesiones que benefician a ciertos grupos y perjudican a otros.
• Sobornos de bajo valor a funcionarios para acelerar trámites, obtener conexiones de agua o manipular mediciones.
• Funcionarios que ofrecen servicios informales para generar ingresos extra.
Consecuencias de la corrupción en las concesiones de agua
Las comunidades más pobres son las más afectadas, pues enfrentan mayores costos, servicios de menor calidad y, en muchos casos, la pérdida total del acceso al agua debido al sobreprecio o la falta de infraestructura.
Actualmente existe una sobreexplotación sistemática del recurso hídrico: se extrae agua de los acuíferos en volúmenes superiores a los permitidos porque las autoridades carecen de capacidad para monitorear con precisión el consumo de cada concesión.
Además, existe un mercado negro de títulos de concesiones, lo que dificulta su regulación y control. Esta corrupción genera desconfianza en las instituciones y debilita la capacidad del Estado para garantizar el derecho humano al agua.
Alcances de la reforma propuesta
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales —reglamentaria del artículo 27 constitucional— tiene como objetivo central recuperar la rectoría del Estado en la gestión del agua y evitar su acaparamiento.
Las modificaciones planteadas establecen la prohibición de la transmisión de títulos de concesión entre particulares y eliminan los cambios de uso. Asimismo, la iniciativa presidencial propone crear un nuevo Registro Nacional del Agua (RENA) para transparentar y rastrear todas las concesiones.
De aprobarse la propuesta del Gobierno Federal, se creará un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales con los volúmenes recuperados, los cuales serán reasignados, priorizando el consumo humano y doméstico en todas las nuevas concesiones.
En resumen, las reformas legales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo buscan fortalecer el registro y control de concesiones, combatir el acaparamiento del agua, aumentar las sanciones por corrupción y garantizar el derecho al agua para toda la población.
Por: Eduardo Esquivel Ancona
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