
Así lo dice La Mont
Escenarios:
El sistema judicial estadounidense activó un engranaje más complejo tras la captura de Nicolás Maduro, al ubicar el epicentro de su proceso legal en el Distrito Sur de Nueva York. Esta jurisdicción, conocida popularmente como la “Corte de Manhattan”, será el foro donde Maduro responderá por una serie de acusaciones que lo vinculan con una estructura criminal de alcance internacional.
La elección de este tribunal no es casual: el Distrito Sur de Nueva York posee una vasta trayectoria en el manejo de casos de terrorismo, narcotráfico a gran escala y delincuencia organizada transnacional, y cuenta con fiscales altamente especializados y protocolos de seguridad de máxima rigurosidad.
Los cargos que pesan sobre él, formalizados originalmente en marzo de 2020 y ratificados en audiencias recientes de 2026, lo señalan como el presunto líder del llamado “Cártel de los Soles”, una organización que, según el Departamento de Justicia, utilizó instituciones del Estado venezolano para facilitar el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, colaborando estrechamente con grupos guerrilleros y otras redes delictivas regionales para socavar la seguridad nacional.
Asignatura:
La fiscal general Pam Bondi mantiene una postura firme respecto a la contundencia de las pruebas recolectadas durante años de investigación. En sus declaraciones más recientes calificó a Maduro como uno de los arquitectos de una red de “narcoterrorismo” que inunda las calles estadounidenses de sustancias ilícitas, causando un daño irreparable a miles de familias.
La fiscal enfatizó que este caso no se trata de una disputa política, sino de una operación de crimen organizado de la más alta peligrosidad, equiparando la estructura del gobierno de Maduro con la de una mafia transcontinental. Asimismo, resaltó el éxito de las operaciones de incautación de activos, al informar que el Departamento de Justicia logró recuperar más de 700 millones de dólares en bienes vinculados directamente al mandatario y a su círculo cercano, incluyendo mansiones de lujo, aviones privados y cuentas bancarias internacionales.
Para la fiscal, la comparecencia de Maduro ante la justicia representa el cumplimiento de una promesa de rendición de cuentas cuyo objetivo es desmantelar el flujo de ingresos que habría sostenido a su régimen a través del tráfico de drogas.
Sentencia:
En cuanto a la posible condena, el panorama legal para Nicolás Maduro resulta sombrío bajo las leyes federales estadounidenses. Los delitos de conspiración narcoterrorista para importar cocaína conllevan penas severas que se acumulan según la gravedad de cada cargo individual.
De resultar culpable, el rango establecido por el código penal federal parte de un mínimo obligatorio de 20 años de prisión; sin embargo, las proyecciones más realistas, dadas las dimensiones del caso, apuntan hacia una posible cadena perpetua. En el sistema judicial estadounidense, la sumatoria de cargos —como posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos para facilitar el narcotráfico, así como la dirección de una empresa criminal continua— permite al juez imponer sentencias que superan con creces la expectativa de vida del acusado.
Expertos legales sugieren que, al igual que en precedentes históricos como el del general panameño Manuel Antonio Noriega, la justicia buscará una condena ejemplar que garantice que el acusado no recupere la libertad, reflejando la magnitud de los delitos imputados y el impacto que estos habrían tenido en la estabilidad hemisférica.
Conclusión:
Si Maduro realmente se considerara una víctima del imperialismo, como lo fueron las Fuerzas Armadas de Liberación durante la década de los sesenta, cabría preguntarse si convocaría a la formación de una guerra de guerrillas urbanas, encabezada incluso por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, para expulsar a fuerzas extranjeras, tal como el norvietnamita Ho Chi Minh lo hizo frente a franceses y estadounidenses. ¿Será este el desenlace del capítulo final de la República Bolivariana de Venezuela?
Por: Federico La Mont
Domo de Cristal
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