Así lo dice La Mont

Colaboración: Los pilares de la seguridad nacional en México descansan sobre un sistema de inteligencia que opera como un rompecabezas estratégico, donde cada pieza cumple una función específica. La relación entre los órganos de inteligencia de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es, por definición, una combinación de colaboración estratégica y competencia técnica. Mientras la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional se enfoca en el control territorial y la vigilancia de movimientos terrestres, la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) desarrolla un perfil altamente tecnificado y cercano a agencias internacionales.

Esta dualidad ha configurado un sistema en el que ambas instituciones comparten el objetivo de preservar al Estado, pero mantienen con celo sus propios canales de recolección de datos. Históricamente, la relación ha transitado de una coordinación absoluta a una cooperación necesaria, forzada por la magnitud de las amenazas transnacionales. La desconfianza mutua, que durante años fue la norma, ha sido sustituida por protocolos de enlace más sólidos, aunque persiste una clara diferencia en sus culturas institucionales: el Ejército prioriza la presencia masiva y el control territorial, mientras la Marina apuesta por operaciones quirúrgicas sustentadas en inteligencia técnica avanzada.

Operación: El desempeño de estos órganos constituye un proceso complejo que transforma datos en decisiones tácticas. La inteligencia militar y naval en México opera bajo el ciclo clásico de planeación, recolección, procesamiento, análisis y explotación. La SEDENA aprovecha su despliegue en regiones y zonas militares para alimentar un sistema que combina vigilancia física con rastreo de comunicaciones en áreas de conflicto. Por su parte, la UIN destaca por su capacidad en análisis de señales (SIGINT) y el uso de tecnología de punta para el rastreo satelital y el monitoreo de fronteras marítimas.

Ambas instituciones cuentan con unidades de fuerzas especiales que actúan como brazo ejecutor de esta inteligencia. El proceso no es meramente reactivo; incluye la elaboración de perfiles de objetivos prioritarios, el mapeo de flujos financieros y la vigilancia constante de la logística criminal. La eficacia depende de filtrar el “ruido” informativo y convertirlo en inteligencia funcional, lo que permite a las unidades operativas actuar con precisión, minimizar daños colaterales y maximizar el impacto contra las estructuras delictivas.

Balanza: En el tablero de la seguridad civil y la procuración de justicia, la coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes CISEN) y la Fiscalía General de la República (FGR) representa el puente entre la seguridad nacional y el debido proceso. Aunque el CNI es el órgano rector de la inteligencia civil, en la práctica las fuerzas armadas suelen llevar la delantera en capacidades operativas.

La relación con la FGR es particularmente delicada, pues la inteligencia generada por las fuerzas armadas debe judicializarse para que las detenciones se traduzcan en sentencias. Existe un mecanismo de colaboración mediante el cual la información recopilada por SEMAR o SEDENA se entrega a la FGR, que a través de la Agencia de Investigación Criminal sustenta las carpetas de investigación. Sin embargo, la coordinación enfrenta retos constantes: la rigidez de los procesos judiciales suele contrastar con la velocidad de las operaciones militares, y la filtración de información en dependencias civiles continúa siendo una preocupación para los mandos castrenses.

Proceso: La infiltración en estructuras del narcotráfico es quizá el aspecto más riesgoso de esta labor. Tanto la Marina como el Ejército han perfeccionado métodos para penetrar células criminales mediante inteligencia humana (HUMINT) y operaciones encubiertas. No se trata solo de infiltrar a un elemento en un cártel, sino de cooptar mandos medios —mediante presión legal o incentivos— para convertirlos en informantes estratégicos.

La Marina ha destacado en el uso de tecnología para rastrear la huella digital de los capos; no obstante, la infiltración física sigue siendo esencial para comprender divisiones internas y planes de sucesión. Este trabajo conlleva riesgos de corrupción: el margen entre el deber y la tentación es estrecho, por lo que las instituciones deben vigilar permanentemente a sus propios cuadros. La estrategia se centra en identificar los eslabones más vulnerables de la cadena logística —transporte, insumos químicos o seguridad— para insertar activos que proporcionen coordenadas y tiempos de traslado precisos, lo que ha permitido asestar golpes históricos contra cúpulas criminales en la última década.

Desenlace: En los pasillos de la Secretaría de Marina aún resuena el eco de episodios que marcaron su historia institucional. Señalamientos de corrupción en décadas pasadas dejaron cicatrices en la reputación de la institución y evidenciaron los riesgos de la politización y la degradación ética dentro de las fuerzas armadas. Aquellos antecedentes se convirtieron en advertencia permanente sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y la transparencia en los sistemas de inteligencia.

El legado de ese periodo impulsó procesos de modernización, profesionalización y autocrítica orientados a blindar a la institución frente a redes delictivas. La lección permanece vigente: sin una doctrina de integridad férrea, incluso las capacidades de inteligencia más sofisticadas pueden volverse vulnerables. Ese recordatorio acompaña cada proceso de ascenso y cada operación de alto impacto que la Marina realiza día con día.

Por: Federico La Mont