Así lo dice La Mont

Cambios: La metamorfosis institucional de la Secretaría de Marina en la arquitectura de seguridad nacional representa uno de los giros más drásticos de la última década en México. Durante años, la Marina se erigió como la joya de la corona, el último bastión de confianza frente a un Ejército desgastado por el contacto directo con la población y una Policía Federal que terminó desmantelada por la corrupción.

Sin embargo, esa aureola de invulnerabilidad comenzó a fragmentarse cuando sus funciones mutaron de la intercepción de grandes cargamentos en alta mar a la persecución de delitos terrestres y logísticos, como el robo de hidrocarburos. La vulnerabilidad de la Marina frente a las agencias de inteligencia de Estados Unidos no es un asunto de capacidad operativa, sino de exposición. Al asumir funciones de control aduanero, vigilancia de puertos y combate al huachicol, la institución multiplicó sus puntos de contacto con estructuras civiles y flujos de dinero inherentemente porosos.

Para Washington, la Marina pasó de ser un aliado táctico de élite, encargado de misiones quirúrgicas como la captura de capos de alto perfil, a una entidad administrativa de dimensiones masivas, cuya nueva naturaleza la hace más susceptible al escrutinio y a la infiltración que tanto temen los analistas del Pentágono. El cambio de paradigma es evidente: cuando la Marina operaba en la sombra del mar, su hermetismo era su escudo; hoy, al frente de la economía portuaria y del control de energéticos, su visibilidad la coloca bajo una lupa externa que no perdona las zonas grises de la administración pública.

Esta exposición se vuelve crítica al analizar las zonas navales donde el combate al huachicol pone a prueba la integridad de la cadena de mando. Regiones como la Quinta Zona Naval en Dos Bocas, Tabasco, y la Primera Región Naval en Veracruz se convirtieron en el epicentro de una batalla que no se libra solo con patrullas, sino con el control de terminales marítimas y boyas de carga. La vulnerabilidad de estas zonas radica en su proximidad con infraestructura crítica de Petróleos Mexicanos, donde el robo de combustible no ocurre únicamente en ductos clandestinos, sino también a través de “ordeñas” directas en embarcaciones y terminales de almacenamiento bajo custodia de la Marina.

La eficiencia de la institución fue cuestionada con severidad desde la administración pasada. Particularmente, tras el operativo en Tlahuelilpan —aunque ese evento fue terrestre— se marcó el inicio de una presión política para que los marinos asumieran el control total de la seguridad física de Pemex. La Comisión de Energía del Congreso advirtió que involucrar a la Marina en tareas de vigilancia de ductos y refinerías desviaba su propósito original y la exponía a dinámicas de corrupción local que ya devoraron a otras corporaciones.

El argumento más agudo surgió cuando, a pesar del despliegue masivo en el Golfo de México, las cifras del mercado ilícito de combustible en altamar —el llamado “huachicol marino”— no mostraron un descenso proporcional a la inversión en vigilancia. Ello sembró dudas sobre si la eficiencia estaba siendo comprometida por la magnitud del desafío o por la convivencia forzada con estructuras civiles preexistentes en los puertos.

Alerta: En este escenario, la figura del actual almirante secretario, Raymundo Pedro Morales Ángeles, cobra una relevancia que trasciende lo militar para entrar en el terreno de la gestión técnica y política. Su ascenso a la cúpula de la Armada no puede entenderse sin observar su desempeño previo como responsable del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las obras insignia del Ejecutivo que fusiona seguridad nacional con desarrollo económico.

Morales Ángeles no solo manejó la estrategia de seguridad del proyecto, sino que se involucró profundamente en la adquisición de maquinaria y en la supervisión técnica de la obra, una dualidad de funciones poco común para un mando naval de su nivel. Para algunos, este perfil de “administrador-constructor” es la respuesta necesaria para una Marina que ahora gestiona aeropuertos, trenes y aduanas; para otros, representa un riesgo de distracción respecto de las tareas de defensa y soberanía.

Su gestión en el Tren Interoceánico fue vista como una prueba de fuego sobre la capacidad de la Marina para manejar licitaciones complejas y tiempos de entrega políticos, alejándose de la tradición del almirantazgo más ortodoxo. Al observar su desempeño actual, se percibe la continuidad de esa visión gerencial: el almirante secretario parece más enfocado en consolidar a la Marina como actor económico estratégico que en restaurar la vieja mística de la intercepción de alto impacto.

Esta transición es observada con recelo desde Washington, donde la preferencia por una Marina eminentemente operativa choca con la realidad de una institución que hoy tiene las llaves del comercio exterior y la energía en México. Una transformación que define no solo el presente de la Armada, sino también el futuro de la relación bilateral en materia de seguridad.