
Así lo dice La Mont
Desenlace: El trágico asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, expone la cruda realidad de la seguridad en Michoacán, al tiempo que ubica en el banquillo de los acusados a los responsables de la coordinación de seguridad entre niveles de gobierno por parte del federal: inteligencia naval, militar y la secretaría de Seguridad de Seguridad Ciudadana.
La figura de Manzo Rodríguez, un líder popularmente electo, contrasta con la visión del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, evidenciando una fractura que se extiende desde lo político hasta lo territorial.
La confrontación entre Ramírez Bedolla vs. Carlos Manzo no era solo de cargos; era una guerra de narrativas sobre cómo enfrentar al crimen. Manzo se asumió como un activista frontal, una postura que contrastaba con las estrategias de «pacificación» la cual acumuló críticas, pero también un sólido apoyo popular. Su ascenso a la alcaldía fue per se un desafío político.
Después de alcanzar una curul federal por Morena, Manzo rompió con los guindas para contender como candidato independiente en 2021. ¿La razón? Denunciar la corrupción y los vicios políticos al interior del partido que, a su juicio, contradecían los principios de la Cuarta Transformación. Esta decisión le dio una victoria mayoritaria, con más de 95,000 votos, superando 4 a 1 a la coalición oficialista en Uruapan.
El Solio de Ocampo: Al ganar por la vía popular, sin el respaldo de la estructura de Morena, Manzo adquirió una autoridad moral que pagó con su vida en una geografía cubierta por la riqueza del oro verde pero al mismo tiempo punto estratégico disputado por tres cárteles como Nueva Generación (CJNG) y la alianza de Cárteles Unidos / Los Viagras, que se financian a través de la extorsión sistemática que convirtieron a Uruapan en un escenario de códigos rojos, incendios de vehículos y hasta la denuncia de campos de adiestramiento paramilitar.
¿Qué sigue?: Una guerra perenne en la que el alcalde Manzo decidió combatir de forma directa, una postura que contrastó con las estrategias de «pacificación» y le costó la vida.
Entre las figuras que forman parte de la tragedia del 2 de noviembre resaltan el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés y su similar de Uruapan, Francisco Javier Nieto, quienes ahora se ubican bajo el escrutinio sobre la efectividad de sus estrategias. ¿Cómo es posible que un alcalde que denunciaba la infiltración criminal y contaba con seguridad federal fuera ultimado en un evento público? La coordinación entre estos funcionarios, la Guardia Nacional y el Gobierno Estatal está en entredicho.
La muerte de Carlos Manzo no es solo una tragedia local sino evidencia de que, en México, la valentía se castiga. Por lo demás el legado de la disputa Ramírez Bedolla vs. Manzo no es solo un pleito político, sino la metáfora de la ingobernabilidad en Michoacán un estado con alta presencia de fuerzas federales, pero donde la coordinación se quiebra en la desconfianza y la confrontación ideológica.
La ciudadanía de Uruapan exige ahora que el sistema que él criticó —el estatal y federal— demuestre que puede hacer el trabajo que él encabezó y para el cual entregó su vida como romper los nexos con la delincuencia y asegurar justicia para que su muerte no sea, irónicamente, el último gran acto de servicio a su ciudad. Claro que para levantar a una población que se sacuda de malos gobiernos se requiere algo más que una marcha de 1,500 «sombrerudos» algo similar al incipiente Frente Democrático converso a PRD de Cuauhtémoc Cárdenas que en 1988 desbarrancó al PRI de Martínez Villicaña y Salinas, Genovevo Figueroa y Tinoco Rubí 2001.
Por: Federico La Mont
Domo de Cristal
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