Poder Judicial y sector financiero en México: el costo sistémico de la incertidumbre
En economía financiera existe una regla elemental: el capital no teme al riesgo; teme a la incertidumbre no cuantificable. El riesgo se modela, se tasa y se cubre. La incertidumbre jurídica —especialmente en la ejecución de contratos— destruye modelos, liquidez y valor.
México está entrando en una zona donde el Poder Judicial deja de ser solo un poder del Estado para convertirse en una variable macrofinanciera crítica.
- Estado de derecho: el dato internacional que define el costo del dinero
En el Rule of Law Index 2025 del World Justice Project, México ocupa aproximadamente el lugar 121 de 143 países, con una calificación cercana a 0.40. Este índice mide independencia judicial, cumplimiento de contratos, corrupción, justicia civil y penal.
Para el sector financiero, ese ranking se traduce en:
mayor prima de riesgo país
mayor costo de fondeo
menor profundidad crediticia
mayor exigencia de garantías reales
restricción de plazos
No es ideología. Es pricing del riesgo.
- Legitimidad política formal vs. legitimidad social débil
La elección judicial reciente tuvo una participación aproximada de 12.5 %–13.3 % del padrón, un nivel extraordinariamente bajo para rediseñar un poder del Estado.
Desde la perspectiva institucional, esto produce un efecto doble:
Legalidad formal (fue una elección válida).
Legitimidad social limitada (mandato débil).
En sistemas políticos, un poder con legitimidad social frágil tiende a reforzar cohesión interna y alineamiento, no necesariamente productividad técnica.
III. Productividad judicial: señales mixtas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reportado variaciones en número de asuntos ingresados y resueltos en los últimos años. Cifras oficiales del INEGI muestran:
16,370 asuntos ingresados a la Corte en 2024
13,979 egresados ese mismo año.
Tendencia descendente respecto a años previos.
El informe anual de labores también indica una ligera reducción en asuntos resueltos entre 2024 y 2025.
El dato no prueba ineficiencia por sí solo, pero sí alimenta una percepción crítica en el sector productivo: menor claridad jurisprudencial y mayor tiempo para obtener criterios definitivos.
- Tendencia pro-fisco y asimetría procesal
En materia fiscal, reportes recientes señalan que el Servicio de Administración Tributaria obtuvo resolución favorable en aproximadamente 55 % de los juicios definitivos durante 2025.
Esto no implica irregularidad. Implica algo económicamente más importante: predictibilidad sesgada.
Cuando el Estado ejecuta con eficacia coercitiva y el particular enfrenta ejecución lenta, la balanza jurídica se vuelve asimétrica.
Consecuencia financiera:
aumento de litigio defensivo
mayor planeación fiscal agresiva
reducción de inversión de largo plazo
migración hacia estructuras menos formalizadas.
- Calendario real de operación judicial
El Poder Judicial Federal tiene aproximadamente:
~230 días hábiles anuales formales
dos periodos vacacionales
múltiples días inhábiles
suspensiones extraordinarias
Si se consideran paros, contingencias y diferimientos procesales, la capacidad efectiva de resolución puede reducirse significativamente.
El problema no son las vacaciones. El problema es el incentivo institucional: la dilación rara vez tiene consecuencias administrativas directas.
- La dilación como mecanismo racional de autoprotección
En muchos órganos jurisdiccionales se observa un patrón:
Mejor no resolver que resolver mal.
Esto se traduce en:
emplazamientos por edictos incluso con información de localización
prevención tras prevención
acuerdos de trámite sin resolución de fondo
diferimientos reiterados
excesivo formalismo.
Desde la óptica judicial, reduce riesgo de nulidad.
Desde la óptica económica, destruye valor.
VII. Impacto directo en el sector financiero.
Para bancos, SOFOMES, fintechs y fondos de crédito, la pregunta no es jurídica sino actuarial:
¿Cuánto cuesta recuperar un crédito en tribunales?
Cuando la recuperación judicial es lenta e incierta:
suben tasas
baja el crédito disponible
se endurecen condiciones
se privilegia crédito de consumo de alto margen
se restringe financiamiento productivo
La consecuencia social es menos visible pero más profunda: menos inversión, menos empleo y mayor desigualdad crediticia.
VIII. CDMX y estados clave: donde se concentra el riesgo sistémico
La Ciudad de México concentra aproximadamente la mitad de los litigios civiles y mercantiles complejos del país debido a:
domicilios corporativos
cláusulas de jurisdicción
concentración económica
Estados como Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Puebla presentan patrones similares en materia industrial y financiera.
Un paro judicial local no afecta solo a litigantes; afecta cadenas de crédito, garantías y operaciones empresariales.
- La sociedad pasiva y el control de los tres poderes.
El elemento político no puede ignorarse. Una participación electoral baja permitió a un partido político con base minoritaria efectiva consolidar control sobre Ejecutivo, Legislativo y ahora el rediseño judicial.
No es una anomalía histórica —ocurre en democracias con alta abstención— pero sí tiene consecuencias:
menor pluralidad de contrapesos
mayor coherencia en agenda gubernamental
menor capacidad de corrección institucional
Para el capital, esto se traduce en una pregunta central:
¿Quién arbitra cuando el árbitro también es parte?
- Valoración financiera: innovación vs. resiliencia.
Desde la perspectiva de un financiero, el problema no es si el sector usa tecnología, fintech o cobranza digital. Eso es irrelevante si la fase final —la ejecución judicial— es incierta.
La pregunta real es:
¿Qué tan bueno eres gestionando riesgo y cuánto capital puedes absorber cuando una fracción de tu cartera entra al sistema judicial?
Si 5 % de la cartera se vuelve litigiosa, los efectos pueden ser desproporcionados:
inmovilización de reservas
consumo de capital regulatorio
presión sobre liquidez
deterioro de ROE
aumento del costo de fondeo.
En mercados con ejecución eficiente, ese 5 % se recupera en plazos razonables.
En México puede convertirse en un proceso multianual.
Esto no distingue entre banco tradicional, fintech o fondo privado.
La variable crítica es capacidad de aguante financiero.
- Pronóstico: justicia lenta, crecimiento lento.
Un Poder Judicial percibido como lento, politizado o impredecible no provoca colapso inmediato. Produce algo más sutil y dañino:
*estancamiento estructural
*crédito caro
*inversión cautelosa
*informalidad creciente
*desigualdad de acceso financiero
El país sigue funcionando, pero con menor dinamismo.
La justicia no es solo un ideal constitucional. Es infraestructura económica invisible. Cuando esa infraestructura se deteriora, el costo lo pagan todos: empresas, bancos, trabajadores y consumidores.
México no enfrenta ausencia total de justicia. Enfrenta una justicia con incentivos equivocados para la productividad económica.
Y en finanzas, como en medicina, los sistemas no colapsan por una sola falla. Colapsan por acumulación de pequeñas disfunciones que nadie corrige a tiempo.
El capital puede operar con riesgo.
Lo que no puede sostener indefinidamente es la incertidumbre.
Mario Sandoval
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
Síguenos en Redes
Más Recientes
Domo de Cristal
No hay comentarios