Plan B: desmontar privilegios para construir soberanía popular
Por: Víctor Hugo Romo de Vivir Guerra
@vromg
La Cuarta Transformación no puede detenerse, porque cada paso que se da hacia la austeridad republicana y la justicia social es un golpe directo al viejo régimen de privilegios que, durante décadas, convirtió la política en un negocio y la burocracia en un sistema jerárquico de beneficios personales.
Claudia Sheinbaum lo ha dicho con claridad: el sistema electoral mexicano es demasiado obeso y caro. Y lo es porque se alimenta de estructuras infladas, nóminas excesivas, sueldos que ofenden a la ciudadanía y privilegios que contradicen los principios del cambio.
Por eso, la presidenta de México diseñó el Plan B de la Reforma Electoral, presentado al Congreso de la Unión el 16 de marzo, con el objetivo de empezar a corregir esa distorsión.
Los números son contundentes: 4,000 millones de pesos de ahorro anual. Recursos que no se quedarán en oficinas ni en burocracias, sino que se destinarán directamente a resolver problemas de infraestructura en estados y municipios, donde la gente enfrenta carencias reales.
La propuesta incluye reducir las regidurías municipales a un máximo de 15 —algunas tienen el doble—, limitar el presupuesto de los congresos locales al 0.70 % del gasto estatal y recortar en 15 % el presupuesto del Senado.
Además, ningún funcionario electoral podrá ganar más que la presidenta de la República. Son medidas necesarias que desmontan privilegios y ponen fin a la lógica de sueldos dorados en instituciones que deberían dedicarse a servir al pueblo.
El Plan B también amplía la revocación de mandato al tercer y cuarto año de gobierno, fortaleciendo la participación ciudadana y devolviendo el poder a quienes realmente lo deberían tener: las y los mexicanos.
No se trata solo de números, sino de un cambio de paradigma. La política mexicana no puede seguir siendo un espacio de élites que viven de la renta del poder. Es hora de modificar las estructuras que reproducen privilegios y perpetúan un sistema burocrático que ya no responde a las necesidades de la sociedad.
La Cuarta Transformación nació para mejorar las condiciones de vida de quienes menos tienen. Y este Plan B es un paso firme en esa dirección: menos gasto en burocracia, más inversión en la gente.
El mensaje es claro: la soberanía popular manda. Los políticos deben ajustarse a ese paradigma, porque la sociedad ya cambió. Porque el poder no emana de cúpulas ni de partidos, sino de la ciudadanía, que exige cada vez más transparencia, austeridad y justicia.
Para abandonar de facto el viejo régimen, necesitamos construir nuevas reglas de convivencia social, política y jurídica: reglas que reflejen la voluntad popular y que entierren, de una vez por todas, el sistema de privilegios que tanto daño ha hecho.
El Plan B es más que una reforma electoral. Es un recordatorio de que la Cuarta Transformación sigue viva, sigue avanzando y sigue cumpliendo su promesa: gobernar para el pueblo, con el pueblo y desde el pueblo.
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