Pensiones ilegales en la CLyFC y Pemex saquean el erario público
Aunque no se revelaron nombres específicos de quienes reciben pensiones onerosas de manera ilegal, puedo adelantar algunos casos en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC).
La secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, reveló durante la conferencia matutina del pasado 29 de agosto que más de 9 mil extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, así como más de 500 pensionados de Pemex, reciben pensiones exorbitantes, incluso superiores al salario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En el caso de la extinta empresa eléctrica, se informó que 3,504 extrabajadores reciben pensiones superiores al sueldo de la presidenta de México, lo cual constituye un delito, ya que la ley establece que ningún servidor público puede percibir un ingreso mayor al del titular del Poder Ejecutivo federal.
Estas pensiones deben considerarse actos de corrupción, tráfico de influencias, abuso de confianza, delincuencia organizada y peculado, entre otros delitos. Constituyen un desfalco al erario público, ya que muchas de estas jubilaciones fueron otorgadas sin cumplir los requisitos legales de antigüedad. Muchos beneficiarios ingresaron a la CLyFC como empleados de confianza y utilizaron sus cargos para desviar recursos y cometer fraudes millonarios.
Uno de los casos más representativos es el de Jorge Armando Gutiérrez Vera, exdirector general de CLyFC, con número de trabajador 57267. Se jubiló en 2009 con un salario mensual de $242,456.62. Con las actualizaciones, su pensión mensual ronda el millón de pesos, más prestaciones.
Gutiérrez Vera, en su calidad de director, debía gestionar ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el ingreso de CLyFC al mercado de telecomunicaciones mediante la renta de su red de fibra óptica. El compromiso con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) era crear una filial con personal sindicalizado para administrar una red de 1,000 km de fibra óptica en la zona metropolitana de la CDMX, junto con contratos con la SCT y la Suprema Corte de Justicia.
Sin embargo, Gutiérrez Vera desconoció el acuerdo sindical y, con el aval de la entonces secretaria de Energía, Georgina Kessel, y del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, entregó la concesión de la red de fibra óptica a empresas privadas.
A lo largo de los años, Gutiérrez Vera ha ocupado cargos en el sector privado, como director general de Sistemas de Energía Internacional en Monterrey, Nuevo León, y fundador de empresas del sector eléctrico como Energía del Siglo 21 y Energy Works de México. También fue presidente y CEO de AGC Manufacturing Co., en Oklahoma, EE.UU.
El séquito de Gutiérrez Vera también obtuvo jugosas pensiones. Entre ellos:
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Martiano Piña Olaya, subdirector, con solo dos años de antigüedad.
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Jesús Jiménez Villafuerte y José Merino Mañón, con apenas año y medio en la empresa, se jubilaron al 100% de su sueldo, que era considerablemente alto.
Otros casos:
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Alfonso Caso Aguilar, con 6 años de antigüedad.
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Luis de Pablo Serna, con 4 años, 7 meses y 6 días.
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Olga Rosa María Romero Ruano, subdirectora de Abastecimiento y Transporte, con 4 años y 7 meses.
Todos ellos tenían un sueldo de $174,320 mensuales y se jubilaron al 100%. Con la actualización, sus pensiones oscilan entre $600 mil y $700 mil pesos mensuales, más bonos de productividad, seguro de gastos médicos mayores y medicamentos con un costo anual de $95 millones, además de otras prestaciones que continúan drenando recursos públicos.
Otros beneficiarios con antecedentes cuestionables son:
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Martha Beatriz Martínez Mendoza, asesora del director general, con solo 4 años de antigüedad y sueldo de $129,415.82.
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Rogelio Arturo Aviña Martínez, contralor interno.
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José Antonio Prado Carranza, jefe de asuntos jurídicos.
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Jorge Fernando Márquez Zapata, del área de comercialización.
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Juan Francisco Gutiérrez Rodríguez, de construcción.
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Edmundo Gil Borja, de distribución.
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Enrique Aguilar Álvarez Mazar, de fábrica y talleres.
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José María Rivera Cabello y Mario José Barreiro Perera, de planeación estratégica.
Todos ellos no cumplían con los requisitos de antigüedad y aun así reciben pensiones de hasta $200 mil pesos mensuales, más prestaciones propias de altos funcionarios.
Lamentablemente, también hay casos dentro del personal sindicalizado. Por ejemplo:
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Jorge Sánchez García, exsecretario general del SME (número de empleado 28611), se jubiló como ingeniero de operación sin tener la secundaria terminada, con una pensión de $300 mil pesos mensuales, más fondo de ahorro y otras prestaciones.
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Pedro Bernardo Castillo Medellín, también exlíder sindical, se retiró con $200 mil pesos mensuales, más tres fondos de ahorro anuales, prestaciones y participación en fraudes habitacionales.
El caso más escandaloso es el de Martín Esparza, quien ha cometido múltiples actos de corrupción con proyectos habitacionales para agremiados y ha usufructuado bienes sindicales. Recibió una doble liquidación tras la extinción de CLyFC, por más de $12 millones de pesos, en complicidad con el INDEP y la Secretaría de Gobernación, robando los pasivos laborales de extrabajadores.
Esparza, a quien se le otorgó ilegalmente la toma de nota para continuar como secretario general del SME por parte de la Secretaría del Trabajo, también ha sido acusado de explotar ilegalmente instalaciones eléctricas, donde se ha denunciado incluso el robo de electricidad para minar criptomonedas.
El expresidente Felipe Calderón dejó tras la extinción de CLyFC un cúmulo de problemas y corrupción que aún persisten. Corresponde al «segundo piso» del gobierno de la Cuarta Transformación resolverlos de inmediato para evitar que estos actos sigan saqueando el erario público.
Responsable de la columna y publicación Doctor José Rodolfo Bonilla Gómez
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