Pemex produce actualmente 1.6 millones de barriles diarios, menos de la mitad de su producción histórica en 2004, cuando alcanzaba los 3.4 millones. Esta caída estructural no ha sido revertida, y las nuevas estrategias de refinación siguen operando con baja eficiencia. La deuda total ya supera los 98 mil millones de dólares, sin considerar los más de 20 mil millones de dólares en pasivos con proveedores, originados por contratos inflados y subcontrataciones sin transparencia.
El gobierno propone atraer inversión privada como parte del plan, pero sin establecer reglas claras, garantías de retorno ni certidumbre a largo plazo. Este tipo de proyectos no son inversiones a cinco años; requieren compromisos de décadas. Los cambios sexenales, la volatilidad regulatoria y el uso político de Pemex han demostrado ser factores de alto riesgo para cualquier inversión privada seria.
Pemex cuenta con más de 100,000 pensionados, prácticamente uno por cada trabajador activo. El pasivo laboral supera los 1.2 billones de pesos, producto de esquemas de jubilación privilegiada y plazas improductivas. Sin embargo, el plan gubernamental no menciona una sola línea sobre la reestructuración de este modelo.
Mientras millones de mexicanos bajo el régimen de Afores tendrán pensiones mínimas, los trabajadores de Pemex siguen recibiendo el 100% de su último salario. La empresa carga con una nómina donde más de 15,000 empleados cobran sin desempeñar funciones productivas directas. Este elefante fiscal sigue intacto.
En el primer semestre de 2025, Pemex perdió 7,600 millones de pesos por robo de combustible. Durante el sexenio anterior, el huachicol generó pérdidas acumuladas por más de 24,850 millones de dólares. El nuevo plan financiero ignora por completo este problema estructural, como si la sangría pudiera desaparecer con narrativa.
México posee importantes reservas de gas shale, pero no existe un plan integral para su explotación. La autosuficiencia energética no puede depender exclusivamente del petróleo, y menos aún cuando las importaciones de gas desde Estados Unidos representan ya más del 70% del consumo nacional.
Ignorar el desarrollo de un mercado interno de gas es condenar a Pemex a seguir dependiendo de importaciones costosas y de políticas externas. El problema es que abrir esta opción podría contradecir el legado del gobierno anterior, que lo prohibió en diversas ocasiones.
El fondo de inversión busca refinanciar deuda inmediata y generar liquidez de corto plazo, pero no soluciona ni la baja producción ni la ineficiencia estructural. Al diferir pagos y transferir las obligaciones a futuros gobiernos, el plan se convierte en un parche temporal. La deuda seguirá creciendo mientras el problema de fondo permanezca intocado.
Auditoría independiente del pasivo laboral, nóminas y contratos sindicales.
Reforma del modelo sindical y del gobierno corporativo de Pemex.
Plan técnico-operativo realista, enfocado en modernizar plantas, incrementar producción y desarrollar el gas shale.
Estrategia firme contra el huachicol, con tecnología de monitoreo y sanciones ejemplares.
Privatización parcial bajo capital mixto, para atraer inversión eficiente sin perder el control estatal, pero con reglas claras y visión de largo plazo.
Transparencia obligatoria, con reportes trimestrales públicos de producción, pasivos y ejecución financiera.
El rescate de Pemex no es una estrategia brillante, sino una medida de contención financiera que posterga la crisis. Mientras no se reforme el modelo de gestión, se ignore el pasivo laboral, se mantenga la corrupción sindical y no se impulse una estrategia competitiva de producción de gas y petróleo, Pemex continuará siendo una empresa deficitaria, sostenida por deuda pública.
La soberanía energética no se logra con discursos grandilocuentes, sino con eficiencia operativa, responsabilidad fiscal y transparencia. El verdadero rescate de Pemex es estructural. Y sigue pendiente.
Por Mario Sandoval Chávez
Analista financiero y jurídico
Domo de Cristal
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