La llamada “transición energética” impulsada en 2012 con la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto dejó una herida abierta en Oaxaca: la instalación de parques eólicos extranjeros que, bajo contratos leoninos, han despojado a campesinos de sus tierras con pagos irrisorios.
El caso más representativo es el del parque eólico Eurus, ubicado en La Venta, municipio de Juchitán de Zaragoza. Según cifras oficiales de la empresa, produce en promedio 989 GWh de electricidad limpia al año, lo que evita la emisión de 600 mil toneladas de CO₂. Una operación millonaria, presumida en su página oficial Acciona México.
Sin embargo, detrás de ese discurso verde, al menos 30 ejidatarios del núcleo agrario en el centro del proyecto denuncian que desde 2003 jamás se les tomó en cuenta para firmar contratos ni recibir pagos. A más de dos décadas del inicio de los parques eólicos, los campesinos siguen esperando justicia.
Ganancias millonarias, pagos raquíticos
Mientras las empresas extranjeras multiplican sus ganancias, los campesinos reciben migajas. Documentos revelan que, en algunos casos, los pagos llegan apenas a 3 mil pesos por hectárea al año, mientras que corporativos como Arauco SAPEM obtuvieron ingresos brutos de hasta 11.8 millones de dólares en 2012, entregando apenas el 4% de esa riqueza a los dueños originales de las tierras.
Los contratos, firmados en condiciones de desventaja, otorgan a las empresas la posesión de las tierras por 30 años, renovables por otros 30, consolidando un modelo de despojo legalizado que hipoteca el futuro de las comunidades campesinas.
Denuncia en la mañanera
Ante el abandono de autoridades locales y estatales, los ejidatarios recurrieron al Gobierno Federal. El caso llegó a la Mañanera del Pueblo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó revisar a fondo las denuncias. La mandataria recordó que, incluso antes de ocupar su actual cargo, escribió sobre este tema denunciando los contratos abusivos y la desigualdad que enfrentan los campesinos.
“Son pagos raquíticos y contratos injustos que favorecen a las empresas sobre los verdaderos dueños de la tierra”, habría señalado la Presidenta, respaldando la lucha de las comunidades.
El peso del Gobierno Federal
La revisión de estos contratos está ahora en la cancha del gobierno federal. La palabra y las acciones de la presidenta serán determinantes para frenar el gandallismo de las empresas extranjeras y garantizar que los campesinos del Istmo reciban lo que les corresponde por ser los legítimos dueños de las tierras donde sopla el viento todo el año.
La promesa de energía limpia no puede seguir construyéndose sobre contratos sucios y la marginación de quienes, por generaciones, han trabajado y cuidado esas tierras.
Domo de Cristal
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