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Normalidad venezolana: Delcy

Staff Domo de Cristal
Petro Colombia

Así lo dice La Mont

Siguiente aduana:
El reciente colapso del gobierno de Nicolás Maduro dejó un vacío de poder que Washington parece decidido a llenar bajo su esquema de seguridad nacional. Con la captura y traslado de Maduro a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, la atención de Donald Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, se desplaza ahora hacia el Palacio de Nariño, residencia del aún mandatario colombiano Gustavo Petro, quien ya no es solo un vecino incómodo, sino el próximo gran desafío dentro de la estrategia de “limpieza” regional.

La retórica de Petro, quien calificó la detención de Maduro como un “secuestro” e invoca la soberanía popular frente a la denominada “barbarie” estadounidense, lo coloca en una ruta de colisión directa con la Doctrina Monroe 2.0, que Trump ha resucitado con el garrote de Theodore Roosevelt. La Casa Blanca ve en Petro el último reducto de una izquierda radical que, a sus ojos, protege intereses transnacionales ilícitos y desafía tanto la hegemonía del dólar como el control petrolero en el Caribe.

Zona de influencia:
La frontera que separa a Colombia y Venezuela se extiende a lo largo de 2,219 kilómetros de geografía indómita y tensiones históricas, convertida hoy en el tablero de ajedrez donde se mide esta nueva fase del conflicto. Los puntos fronterizos oficiales reflejan tanto la crisis humanitaria como la convergencia de intereses económicos y de seguridad.

En el departamento de La Guajira, el paso de Paraguachón, en Maicao, es vital para el comercio binacional. Hacia el sur, en el departamento de Norte de Santander, se concentra el mayor flujo a través de los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, en Cúcuta, así como el puente Atanasio Girardot, en Villa del Rosario. El Puente Internacional Unión, en Puerto Santander, y el José Antonio Páez, en Arauca, completan los principales pasos terrestres, mientras que los muelles fluviales sobre los ríos Inírida y Orinoco, en Guainía y Vichada respectivamente, marcan los límites selváticos con prácticamente nula presencia militar.

Detrás de Petro:
Sobre Gustavo Petro pesan ahora acusaciones que la administración Trump ha comenzado a filtrar con mayor agresividad, al vincularlo con una presunta protección de rutas de narcotráfico bajo el manto de su política de “Paz Total”. Washington sospecha que esta iniciativa sirve más para oxigenar a los grupos ilegales que para desarmarlos, afectando directamente sus intereses de seguridad regional.

Sin embargo, el flanco más vulnerable de Petro se encuentra en los claroscuros que rodean a su hermano, Juan Fernando Petro. Se le señala por presuntas gestiones irregulares en cárceles, donde supuestamente se negociaron beneficios para narcotraficantes extraditables a cambio de apoyo político o financiero, un escándalo conocido como el “Pacto de la Picota”. Aunque Juan Fernando ha negado los señalamientos, el ruido político ha sido suficiente para que las agencias de inteligencia estadounidenses lo mantengan bajo escrutinio permanente, utilizándolo como palanca de presión contra la legitimidad del mandatario colombiano.

Controversia:
Resulta paradójico que figuras como Marco Rubio permitan, e incluso validen, que Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada de Venezuela tras la caída de Maduro. La razón no es la afinidad ideológica, sino el pragmatismo crudo de la realpolitik. Rodríguez, en un giro sorprendente, mostró una disposición inmediata a cooperar con Washington para asegurar una “transición segura” y mantener en operación la industria petrolera, vital para la estabilidad energética que Trump prometió a sus electores.

Al reconocerla de manera temporal, Estados Unidos evita el caos total de un Estado fallido sin mando claro y neutraliza, al menos por ahora, la influencia de facciones chavistas más radicales o la injerencia de potencias extranjeras como Rusia o China. Incluso Trump declaró que Rodríguez “ama a su país y quiere que sobreviva”, una frase que traduce la aceptación de una figura conocida, dispuesta a entregar las llaves del sistema a cambio de garantías personales.

Conclusión:
Persiste la interrogante sobre si las fuerzas armadas de Colombia ejercen algún tipo de gobierno o control real sobre el territorio venezolano. La realidad es que, si bien no existe un gobierno militar colombiano en Venezuela, la interdependencia entre ambos ejércitos es innegable. Durante años, el mito de que el ejército colombiano podría fungir como “cabeza de playa” para una invasión estadounidense alimentó la paranoia de Miraflores.

Hoy, con la captura de Maduro, la presencia militar colombiana en la frontera se intensifica, pero su papel se limita a la contención de grupos guerrilleros como el ELN y las disidencias de las FARC, que operan a ambos lados de la línea divisoria. No es que Bogotá gobierne Caracas, sino que la seguridad interna de Venezuela depende ahora, más que nunca, de la coordinación —o de la presión— que las fuerzas militares colombianas ejerzan sobre corredores estratégicos que antes eran santuarios del chavismo.

Por: Federico La Mont

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