Norma Solano Rodríguez y los servidores públicos de la CRT y ATDT no dicen la verdad
• Trabajadores de la extinta IFT siguen luchando por sus derechos laborales
A partir de la extinción del IFT se dio de baja a los trabajadores de libre designación; sin embargo, esto no implica, bajo ninguna circunstancia, la renuncia a los derechos laborales que nos corresponden.
Los trabajadores de libre designación no renunciamos a nuestro empleo ni decidimos romper la relación laboral con nuestro patrón —el extinto IFT—, sino que dicha fuente de trabajo desapareció por ministerio de ley y a raíz de una reforma constitucional. Esto evidencia el desconocimiento de la ley por parte de los servidores públicos de la CRT o, aún peor, el dolo con el que se conducen.
Es necesario precisar que, mientras la indemnización es un derecho laboral reconocido en la Constitución, el seguro de separación es una prestación que los propios trabajadores financiamos mediante descuentos en nuestra nómina. Es decir, no son conceptos equivalentes ni sustitutos. Prueba de ello es que a los trabajadores del extinto INAI se les indemnizó pese a la existencia de una baja.
Incluso, es importante señalar que los ex trabajadores del IFT que no eran de libre designación y que posteriormente fueron contratados por la CRT recibieron su baja por parte del extinto Instituto con el finiquito de ley, fueron indemnizados por el propio Instituto y, además, cobraron el seguro de separación. Esto demuestra que se trata de montos distintos, diferenciados y con naturaleza jurídica propia.
Norma Solano Rodríguez y los servidores públicos de la CRT y la ATDT también mienten al desconocer que el 3 de noviembre de 2025, fecha en que los integrantes de este movimiento bloqueamos Avenida de los Insurgentes, la propia Norma Solano afirmó que “ya contaba con el aval de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP y de la Subsecretaría Anticorrupción para el pago de las indemnizaciones”. Ese fue el motivo por el cual se liberó la vialidad.
Por otra parte, si bien varios trabajadores del extinto IFT que fueron contratados por la CRT han decidido apartarse o no manifestar abiertamente su apoyo al movimiento, ello se debe a que desde la semana pasada los mandos de la CRT iniciaron una campaña de intimidación y amenazas, condicionando la continuidad de su empleo a la renuncia de sus derechos laborales.
Lo anterior evidencia la falsedad y el dolo con que se conducen autoridades que se autodenominan “del pueblo”, que repiten que “nadie está por encima de la ley” y que se jactan de “respetar los derechos de los trabajadores”.
Redacción
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