La reciente intervención gerencial ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa representa la acción de supervisión más severa aplicada en las últimas dos décadas en el sistema financiero mexicano.
Aunque hasta ahora no se ha notificado ninguna sanción administrativa formal, el alcance práctico de la medida equivale a un control directo de operaciones, con implicaciones reputacionales y financieras inmediatas.
El detonante fue la designación del Departamento del Tesoro de EE. UU., que acusó a estas entidades de participar —de forma directa o indirecta— en flujos relacionados con el tráfico de fentanilo.
Las tres instituciones representan menos del 1 % de los depósitos del sistema, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin embargo, concentran más del 10 % de las operaciones cambiarias mayoristas.
De acuerdo con cifras de Fitch Ratings, acumulaban líneas de crédito internacionales por cerca de 2,800 millones de dólares, actualmente en suspensión o revisión.
Entre 2023 y 2024, la CNBV impuso 2,537 sanciones administrativas al sistema financiero mexicano, por un monto superior a 2,200 millones de pesos, el máximo histórico registrado.
En contraste, apenas el 15 % de su presupuesto se destina a prevención, mientras que el promedio de la OCDE ronda el 40 %.
1. Riesgo reputacional inmediato
Las sanciones internacionales obligaron a cancelar relaciones con bancos corresponsales y a suspender operaciones en dólares.
2. Restricciones operativas internas
La CNBV designó interventores con facultades sobre administración y cumplimiento, al amparo del artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito.
3. Mensaje al ecosistema
Se confirma que, ante el menor indicio de lavado, las autoridades mexicanas priorizarán la estabilidad interna sobre la percepción externa.
Para dimensionar el alcance de esta medida:
Banco Espírito Santo (Portugal, 2014): Intervención tras denuncias de lavado, con un impacto equivalente al 4 % del PIB.
Pilatus Bank (Malta, 2018): Intervención y liquidación definitiva por presunto lavado de dinero.
Ficrea (México, 2014): Intervención y cierre, con pérdidas que afectaron a 6,800 ahorradores.
La diferencia en el caso actual es que la CNBV no liquida, sino que asume el control operativo sin retirar la licencia.
Para las tres entidades:
Necesidad de renegociar líneas de fondeo, con calificación crediticia en observación negativa.
Incremento en provisiones contables y posibles contingencias legales.
Cambios inmediatos en órganos de gobierno y facultades administrativas.
Para el sistema financiero:
Reducción estimada de entre 15 % y 30 % en las operaciones cambiarias mensuales realizadas por estos actores.
Aumento de hasta 80 puntos base en el costo de financiamiento para bancos medianos.
Mayor presión regulatoria sobre fintechs y entidades pequeñas.
Edgar Amador, exsecretario de Hacienda:
“Es una medida de estabilización. Estas entidades tenían problemas con sus líneas de financiamiento antes de la sanción internacional.”
Luis Niño de Rivera, expresidente de la Asociación de Bancos de México:
“El control gerencial es un instrumento extremo que puede evitar la quiebra, pero también encarecer la operación del sistema.”
La CNBV y la SHCP han optado por la vía del control directo —y no del castigo formal— ante una situación de alto riesgo reputacional y financiero.
Esta intervención es, en esencia, un recordatorio de que el sistema mexicano mantiene un enfoque punitivo que no ha logrado prevenir eficazmente ni fraudes ni flujos ilícitos. En 2024, México aplicó más de 5,500 sanciones y fiscalizaciones, pero aún carece de un modelo de supervisión basado en la prevención activa y la educación financiera.
Para inversionistas y corresponsales internacionales, el mensaje es claro: si las entidades no fortalecen sus mecanismos de cumplimiento, el regulador no dudará en asumir el control total de la operación.
Mario Sandoval
Banquero y abogado con 30 años de experiencia directiva y legal
Domo de Cristal
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