Magistrado presidente Aguilera Martínez y su transparencia proactiva
Así lo dice La Mont
¿Cambio de rostro?
El maestro Andrés Ángel Aguilera Martínez asumió la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) con la encomienda de revertir la imagen de opacidad que por años ha caracterizado a la institución. Para ello, su propuesta se sustenta en tres ejes principales: la digitalización, el lanzamiento de TRIBU, un asistente digital; el programa “El Tribunal en tu Alcaldía” como mecanismo de transparencia proactiva; y la apertura de datos sobre sentencias para romper el cerco de los “influyentes”.
Aguilera Martínez ofreció también combatir la corrupción interna y fortalecer la vigilancia en las ponencias con el objetivo de agilizar la emisión de fallos. Sin embargo, el reto no es menor. El magistrado presidente hereda un rezago de miles de expedientes paralizados por la red tape y la falta de personal especializado, además del desafío de desvincular al Tribunal de la percepción de ser un “brazo político”.
Es importante señalar que Aguilera Martínez es identificado como una figura cercana al Gobierno de la Ciudad de México y en sintonía con su homólogo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), lo que sugiere una búsqueda de homologación de criterios en la justicia administrativa, tanto a nivel nacional como local.
Medio siglo
Entre la aportación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la ministra Yasmín Esquivel y los grandes litigios que marcaron época, el TJACDMX cumple medio siglo de existencia, caracterizado por casos que definieron el urbanismo y las finanzas de la ciudad. Los litigios más recurrentes han sido las clausuras de desarrollos inmobiliarios, las multas de tránsito y, más recientemente, las responsabilidades administrativas de servidores públicos.
No puede omitirse la gestión de una antecesora de Aguilera Martínez, la doctora Yasmín Esquivel Mossa, quien impulsó acciones iniciales de modernización tecnológica, pero también dejó una estructura hoy cuestionada por su cercanía con el poder ejecutivo.
Al respecto, la jefa de Gobierno Clara Brugada y la presidenta del grupo parlamentario de Morena en la III Legislatura del Congreso de la CDMX, Xóchitl Bravo, coincidieron en que el Tribunal debe ser un “ente de justicia social”, que no solo proteja a las empresas, sino que defienda, principalmente, a los ciudadanos frente a los abusos del pasado. Ambas respaldaron la gestión de Aguilera Martínez como una “limpia necesaria” frente al poder descomunal de los “compadres y amigos” enquistados en áreas como Protección Civil.
En ese mismo sentido, la diputada Liz Salgado puso el dedo en la llaga con un dato que estremece: solo cinco de las 16 alcaldías de la Ciudad de México cuentan con personal realmente capacitado al frente de Protección Civil. Parece increíble, pero en una ciudad que tiembla, se inunda y explota, estas áreas han sido utilizadas como “premios de consolación” para pagar favores políticos.
La propuesta de Salgado es de sentido común: quien tenga la responsabilidad de salvar vidas en una emergencia debe contar con título profesional, certificaciones y al menos seis años de experiencia. No basta con ser “amigo del alcalde”.
Desenlace
El punto medio es claro: profesionalizar o perecer. Así como el Tribunal avanza en la profesionalización de su atención mediante herramientas digitales y un enfoque de derechos humanos, las alcaldías deben profesionalizar sus cuerpos de rescate como medida de prevención. Resulta incongruente que, mientras el Tribunal intenta caminar hacia la modernidad, la seguridad física de nuestras familias quede en manos de personas que aprenden sobre la marcha.
La seguridad social de los trabajadores de Protección Civil también es un tema de justicia elemental; no podemos exigirles que nos cuiden si el Estado no los protege a ellos.
En conclusión
La Ciudad de México de 2026 necesita funcionarios de carrera, no de ocasión. Ya sea para resolver un conflicto legal o para actuar frente a un sismo, el perfil técnico debe imponerse al perfil político. Al final, lo que está en juego es nuestra vida y nuestro patrimonio.
Por: Federico La Mont
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