La justicia disciplinada: cuando el poder decide quién puede juzgar
Durante décadas, los mexicanos nos quejamos de jueces corruptos, de procesos lentos, de sentencias injustas. Pero lo que está ocurriendo con la llamada “Reforma Judicial” no es la solución: es un retroceso calculado que pone en riesgo el principio más básico de cualquier república: que la justicia sea independiente del poder.
La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros suena democrática, pero en la práctica ha sido una simulación. Las ternas fueron controladas desde el Congreso. Los filtros los dominó la mayoría. Y los resultados electorales confirmaron lo que muchos advertimos: más del 90 % de los elegidos tienen vínculos con Morena o sus aliados. No hubo pluralidad, ni competencia real. No hubo espacio para el debate técnico. Y mucho menos para la diversidad de pensamiento jurídico.
Pero el verdadero cambio —y el más peligroso— no está en la Corte, sino en la creación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial: un órgano que puede suspender, inhabilitar o destituir a cualquier juez, sin posibilidad de defensa ni revisión. En los hechos, este tribunal será más poderoso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque define no solo el castigo, sino también el límite de pensamiento de cada juzgador.
En adelante, ningún juez federal se atreverá a fallar contra una resolución del SAT, de la CNBV o de cualquier autoridad federal poderosa. No por convicción, sino por miedo. Un solo voto incómodo, una sentencia mal vista, y el Tribunal de Disciplina puede convertirlo en ejemplo de lo que no se debe hacer.
Y en el ámbito local, el panorama es igual o peor. Los jueces serán electos bajo la sombra de los gobiernos estatales. El poder de los cacicazgos regionales, de los partidos dominantes o incluso de grupos económicos, podrá influir —sin resistencia— en asuntos civiles, mercantiles o familiares. En algunos estados, el tribunal de disciplina local tendrá más poder que el presidente del Tribunal Superior de Justicia. La justicia se vuelve subordinada, no deliberativa.
Este no es un cambio cosmético. Es estructural. México está dejando de ser un país con división de poderes para convertirse en un régimen donde el Ejecutivo nombra, vigila y castiga a quienes deberían juzgar sus actos.
Lo más preocupante es que esto afectará a todos: empresarios, contribuyentes, ciudadanos de a pie. Nadie tendrá certeza de que un tribunal pueda actuar con imparcialidad. Los contratos, los derechos, las garantías judiciales se debilitan. Las inversiones se enfrían. Y el acceso real a la justicia se vuelve una ficción.
Mientras la oposición política permanece en silencio o dividida, un grupo de abogados, analistas y ciudadanos hemos comenzado a documentar lo que está ocurriendo. No para polarizar, sino para advertir. Porque cuando el poder se vuelve juez de sí mismo, el pueblo queda sin defensa.
Este es el momento de decirlo. Con claridad. Con pruebas. Y con convicción. Porque aún estamos a tiempo de encender las alarmas, de sumar voces, de defender lo más básico: que la justicia no debe obedecer, debe deliberar.
Por Ramón Mario Sandoval Chávez
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