La indecencia del PAN
El caso histórico de Israel Vallarta destapó la cloaca en la que los gobiernos neoliberales, especialmente los de Vicente Fox y el espurio Felipe Calderón, convirtieron la política y el Poder Judicial.
Es ridículo que todavía no entra en vigor la reforma judicial ni han tomado posesión los juzgadores electos y, sin sustento alguno, la oposición pretenda erigirse en defensora de una justicia que corrompió.
Por décadas, el PRIAN utilizó la ley como herramienta de venganza y para lavar su complicidad con el crimen organizado.
Pero el PAN perfeccionó la corrupción, porque la trae en su ADN. Está marcado por la indecencia y la inmoralidad.
Mantuvieron a Vallarta como rehén 20 años sin sentencia, encerrado inexplicablemente en el penal de máxima seguridad del país, torturado, sometido y humillado para arrancarle una confesión inexistente.
Fox y Calderón gobernaron a base de montajes: la falaz “guerra declarada al narco”, impulsada por Estados Unidos, convirtió al país en campo de batalla para ocultar su perverso pacto con el Cártel de Sinaloa y poder robar impunemente.
Trasladaron la justicia a la TV exhibiendo detenciones arbitrarias, pruebas sembradas, confesiones bajo tortura en medios comprados que condenaban a los inculpados antes que los jueces. Por eso convirtieron a Vallarta en paradigma de la injusticia.
Hoy, no debe sorprender a nadie que sus defensores a ultranza como Carlos Loret, Jorge Fernández Menéndez, Ciro Gómez o María Elena Morera traten de satanizar la liberación de Vallarta bajo el argumento de “seis víctimas desamparadas”.
Morera presume independencia, pero su organización: “Mexicanos Unidos contra la corrupción”, recibió millones de pesos del gobierno de Calderón, vía García Luna, e incluso fondos millonarios en dólares de sus aliados de Estados Unidos.
Su indignación contra la liberación de Vallarta es un asunto de familia: porque su hijo, Juan Pablo Galindo, fue coordinador de asesores de Genaro García Luna cuando el espurio lo ascendió a secretario de Seguridad Pública federal para que administrara la falsa “guerra contra los cárteles” en el país.
Hoy, está condenado a 38 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos y con decenas de delitos pendientes de pagar en México.
La sentencia absolutoria de Vallarta no fue capricho de nadie, sino el resultado de la investigación seria de una jueza que desestimó, una a una, las pruebas falsas, las declaraciones contradictorias y los montajes jurídicos y mediáticos que sostuvieron con alfileres una mentira durante dos décadas.
Lo cierto es que en 20 años no hubo una sola evidencia sólida, pero sí flagrantes violaciones al debido proceso y al estado de derecho contra Vallarta que todos vimos.
Todos sabemos que fue secuestrado por la AFI, exhibido en televisión con tortura explícita y luego arraigado 90 días para inventarle delitos. Una prueba contundente de que nunca fue detenido en flagrancia, como nos quisieron hacer creer con la complicidad de la TV.
Mientras tanto, los culpables de todo esto, como Eduardo Margolis —empresario con vínculos turbios y socio de García Luna— siguen intocados por la justicia, pese a que Estados Unidos ya le revocó la visa por actividades ilícitas.
Hoy, los detractores de la liberación de Vallarta quieren expiar sus culpas acusando a la 4T de actuar por consigna. Lo que en realidad les duele son sus privilegios perdidos a cambio de su servilismo.
Les irrita también que el caso Vallarta ha dejado al desnudo su herencia más vergonzosa: un sistema judicial al servicio de la mentira y la corrupción.
La absolución de Israel Vallarta es un recordatorio de que se debe limpiar la justicia, de una vez por todas, de la podredumbre que dejaron Fox, Calderón y sus cómplices. ¡Urge!
Por: Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra
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