Tengo otros datos

• Robo de electricidad por parte del grupo de Martín Esparza impacta a extrabajadores de la CLyFC y a la CFE

A más de 15 años de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), que dejó sin empleo a aproximadamente 44 mil trabajadores, este conflicto aún continúa generando problemas al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto se debe a que personajes como el líder “casi eterno” del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, han hecho un manejo poco transparente de las liquidaciones e inmuebles pertenecientes a los extrabajadores.

Varios grupos de electricistas han denunciado que Esparza hace un uso indebido de instalaciones sindicales y eléctricas que fueron entregadas a los líderes sindicales. Se le acusa de robo de energía eléctrica para la generación de criptomonedas.

Hay casos documentados en los que se ha detectado el llamado “huachicoleo eléctrico” —es decir, el robo de electricidad— para minar criptomonedas, en al menos cinco sedes sindicales del SME. Esto implica evasión fiscal, posible lavado de dinero y un daño económico considerable.

Cabe recordar que la generación de criptomonedas es un negocio altamente rentable. No obstante, para “minar” estas monedas digitales se requiere un consumo significativo de electricidad, ya que se utilizan computadoras de alto rendimiento para resolver complejos problemas matemáticos que validan transacciones y aseguran la red blockchain.
El consumo energético de algunas criptomonedas, como Bitcoin, puede llegar a ser comparable al de países enteros, y el costo de la electricidad es uno de los factores clave en su producción.

Uno de los lugares donde existen evidencias del mal uso de inmuebles sindicales por parte del grupo de Esparza es la sede sindical de Necaxa, en el municipio de Juan Galindo, Huauchinango, Puebla. Ahí se detectó un importante robo de electricidad para minar criptomonedas.

El pasado 31 de enero se realizó un operativo conjunto del Ejército Nacional, la Guardia Nacional, la Marina, así como policías estatales y municipales. Estas fuerzas respaldaron a cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para desactivar la operación de generación de criptomonedas. Se retiraron las líneas de media y alta tensión que alimentaban los servidores instalados en el inmueble sindical.

El edificio, ubicado a escasos metros del Palacio Municipal, operó durante más de un año sin que las autoridades locales detectaran el robo de electricidad, ni el constante ruido de los ventiladores de los servidores, que funcionaban las 24 horas del día, los siete días de la semana (24/7).

Sin embargo, pese a la gravedad del delito cometido, no se resguardó el inmueble, no se decomisaron los equipos de cómputo ni hubo detenidos; la intervención se limitó al corte del suministro eléctrico.

A pesar de que el operativo en Necaxa fue difundido por medios locales y nacionales, y de que el responsable del inmueble, Miguel Márquez Ríos —actual diputado local y dirigente sindical— emitió declaraciones, no hubo consecuencias legales. Márquez Ríos afirmó deslindarse de las actividades ilícitas, alegando que el inmueble “estaba rentado” y que “mostraría el contrato de arrendamiento”, aunque no presentó ningún documento que sustentara su versión.

Extrabajadores de la CLyFC agrupados en el Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” A.C., quienes han luchado contra los abusos del grupo de Esparza, denunciaron otro caso reciente en El Oro, Estado de México. De acuerdo con la CFE y su “Formato de aviso de cobro de ajuste a la facturación por uso indebido sin contrato 1012/2025”, fechado el 24 de junio de 2025, se detectó el robo de electricidad en instalaciones del SME.

En solo un bimestre, según el Frente, se sustrajeron seis millones de kilovatios-hora (kWh), equivalente al consumo de más de cinco mil viviendas, con un valor superior a los 16 millones de pesos. Todo esto ocurrió en una localidad pequeña y con capacidad de generación limitada.

Además de Necaxa y El Oro, el Frente señala la existencia de operaciones similares en San Simonito (Estado de México), Juandhó (Hidalgo), Villa Coapa (Ciudad de México) y posiblemente en otras localidades, todas bajo la supervisión y aprobación de Martín Esparza Flores y José Humberto Montes de Oca Luna, secretario general y secretario del exterior del SME, respectivamente.

El grupo de Esparza también estaría involucrado en otras actividades ilegales y contrarias al interés de los extrabajadores de la extinta CLyFC, como el uso indebido de bienes nacionales para fines particulares, la renta ilegal de inmuebles sindicales, la simultaneidad de Esparza como patrón y dirigente sindical mediante su cargo en el Consejo de Administración de Fénix, el enriquecimiento inexplicable de él y su familia, millonarias liquidaciones tras la extinción de Luz y Fuerza, rentas vitalicias para allegados, fraude electoral en el SME y la negación del derecho a votar y ser votado a miles de electricistas.

Circulan rumores de que Esparza está por obtener nuevamente la toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo, lo que le permitiría reelegirse por cinco años más como líder sindical, alcanzando así 25 años al frente del SME, pese a que la mayoría de los extrabajadores de CLyFC se oponen a su liderazgo.

El gobierno federal no puede quedarse de brazos cruzados ante el “huachicol” eléctrico que está sangrando a la Comisión Federal de Electricidad.

Por: Eduardo Esquivel Ancona