¿Geografía herida y soberanía limitada?
Así lo dice La Mont
Origen:
La historia de la relación entre México y Estados Unidos es como un códice azteca donde las tragedias del pasado se reescriben con la tecnología del nuevo milenio, creando un ciclo de interpretaciones erróneas que a menudo confunden los hechos con el mito popular. Para ello, es necesario desenredar las confusiones históricas que suelen equiparar eventos distintos con el peso real de la soberanía.
No se trata de una invasión vinculada al Tratado de La Mesilla en 1846; la cronología del siglo XIX fue mucho más compleja. La intervención estadounidense ocurrió entre 1846 y 1848, detonada por la anexión de Texas y las disputas fronterizas en el Río Bravo, no por un tratado de compraventa posterior. Antonio López de Santa Anna, figura central de este drama, no perdió un tercio del territorio en Veracruz; fue tras la caída de la Ciudad de México y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo cuando se entregó más de la mitad del suelo nacional.
La Mesilla, en realidad, fue una venta forzada en 1853, un apéndice de la derrota, mediante la cual se cedieron territorios de lo que hoy son Arizona y Nuevo México por diez millones de pesos, con el objetivo de evitar una nueva guerra que el país no podía costear.
Otra historia:
El vínculo con los Acuerdos de Bucareli de 1923 es una narrativa que mezcla épocas. Estos no fueron consecuencia directa de la guerra de 1847, sino de la necesidad del gobierno de Álvaro Obregón de obtener el reconocimiento diplomático de Washington tras la Revolución Mexicana. A cambio, se pactaron condiciones sobre la no retroactividad del artículo 27 constitucional en materia petrolera, lo que constituyó una herida de soberanía económica, no una pérdida territorial impuesta por bayonetas.
Sobre los Acuerdos de Bucareli pesa una persistente leyenda urbana de la política mexicana: la supuesta existencia de cláusulas secretas que prohibían a México desarrollar tecnología propia —como motores o aviones— durante un siglo. Esta narrativa resurgió con fuerza durante la primera administración de Donald Trump, alimentada por sectores que veían en el proteccionismo estadounidense la confirmación de sus sospechas históricas. Sin embargo, la realidad jurídica es que no existe tal “secreto de cien años” que expire legalmente bajo la supervisión de la Casa Blanca.
Los acuerdos fueron un entendimiento informal, un gentlemen’s agreement, y sus actas son públicas en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Trump, con su retórica de “América Primero”, nunca puso sobre la mesa el levantamiento de un supuesto secreto técnico de Bucareli porque, en la práctica diplomática y comercial contemporánea, el control sobre la industria mexicana no se rige por un documento de 1923, sino por las reglas de origen del T-MEC y la integración de las cadenas de valor. La idea de que una firma de hace un siglo impide el despegue tecnológico actual es más un mecanismo de defensa ante nuestras propias carencias en inversión científica que una restricción vigente impuesta por el Departamento de Estado.
Acuerdos:
La cooperación Washington–CDMX en materia de seguridad durante 2025 marcó un hito en la modernización de la vigilancia fronteriza y del interior. Como muestra, el empleo de drones en Valle de Bravo no fue una incursión unilateral, sino el resultado de un marco de colaboración táctica diseñado para combatir la infiltración del crimen organizado en zonas residenciales y de reserva natural.
Estos dispositivos, equipados con tecnología de reconocimiento facial y sensores térmicos de última generación, permitieron un monitoreo en tiempo real que las fuerzas terrestres no podían cubrir debido a la complejidad orográfica de la región. La cooperación se basó en el intercambio de inteligencia técnica: Estados Unidos proporcionó la plataforma de vuelo y México mantuvo el control operativo de los datos obtenidos. A diferencia de las intervenciones del siglo XIX, esta presencia tecnológica se presentó bajo la narrativa de la “seguridad compartida”, aunque no estuvo exenta de críticas por parte de defensores de la soberanía nacional, quienes observaron en los drones sobre el Estado de México una extensión simbólica de la frontera estadounidense hacia el corazón del país.
Conclusión:
Queda la interrogante sobre si Donald Trump iniciará ataques directos contra los cárteles mexicanos como parte de una estrategia electoral rumbo a la elección de noviembre. La retórica de designar a las organizaciones criminales como entidades terroristas no es solo un eslogan de campaña, sino una vía legal para autorizar operaciones quirúrgicas más allá de sus fronteras.
No se vislumbra una invasión de infantería al estilo del siglo XIX, sino una guerra de precisión: ataques con misiles desde plataformas remotas y operaciones de fuerzas especiales orientadas a descabezar estructuras financieras y logísticas. El riesgo de esta postura radica en la erosión definitiva del principio de no intervención; si Washington decide que la amenaza del fentanilo justifica el fuego unilateral, la relación bilateral ingresará en una fase de ruptura que ni los tratados comerciales ni la diplomacia podrían contener.
La materialización de estos ataques dependerá de la resistencia institucional en México y de la capacidad de negociación de una administración atrapada entre la necesidad de ayuda externa y el imperativo histórico de no permitir que, por tercera vez en dos siglos, el suelo mexicano se convierta en el tablero donde Estados Unidos dirima sus crisis internas.
Por: Federico La Mont
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