Fraude en la CLyFC con los pasivos laborales de los jubilados
A más de 15 años de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que afectó a más de 44,000 trabajadores, los conflictos sociales y laborales derivados de la decisión del entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, no han terminado. Aún existen asuntos pendientes por resolver, como es el caso del cuantioso fraude que a continuación denuncio, y que tiene consecuencias para el actual gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tanto por el impacto negativo en las finanzas públicas como por la vulneración de los derechos laborales de aproximadamente 22,000 jubilados.
En el Decreto de Extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, publicado el 9 de octubre de 2009, se reconoce un fondo de 240 mil millones de pesos, de los cuales 160 mil millones corresponden a los pasivos laborales de 22 mil jubilados, y 80 mil millones a 44 mil extrabajadores de la CLyFC. Estos últimos recursos fueron malversados, negociados y desaparecidos en la Secretaría de Gobernación, cuando su titular y el subsecretario era Luis Enrique Miranda Nava, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, en este fraude también participaron funcionarios de la administración de Felipe Calderón, como Javier Lozano Alarcón, entonces secretario del Trabajo y Previsión Social, y Roberto Gil Zuarth, quien se desempeñó como subsecretario de Gobernación. Este fraude no habría sido posible sin la participación del supuesto representante de los trabajadores electricistas, Martín Esparza Flores, quien actuó en contra de los intereses de sus agremiados, usurpando el cargo de líder sindical y priorizando su enriquecimiento personal.
Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador también hubo funcionarios que actuaron de manera cuestionable en este conflicto, como Ricardo Rodríguez, quien dirigió el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), entre otros.
Cuento con pruebas de que fueron desaparecidos pasivos laborales por un monto de 90 mil millones de pesos, siendo responsables de esta arbitrariedad el exsecretario de Energía Luis Téllez y el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Por esta razón, he solicitado una cita en el INDEP para presentar la documentación que respalda esta denuncia. Sin embargo, la actual directora del organismo, Mónica Fernández, ha ignorado reiteradas solicitudes de audiencia presentadas formalmente mediante oficio.
Ante la cerrazón de la titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, no tuvimos más recurso que interponer una demanda en el XV Tribunal Laboral, por la negativa de pago de los pasivos laborales que corresponden legalmente a los jubilados de la extinta CLyFC. El monto actual reclamado asciende a 160 mil millones de pesos, más intereses. A pesar de haber cumplido en tiempo y forma con todos los requerimientos legales, la jueza Guadalupe Velázquez Moscoso, con actitud negligente, se ha negado a asignar fecha y hora para la audiencia preliminar, negándome el derecho constitucional a ser oído y vencido en juicio.
El Decreto de Extinción de la CLyFC confirma la existencia de los pasivos laborales. No obstante, el entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), hoy INDEP, desvió 80 mil millones de pesos, que fueron entregados al usurpador sindical Martín Esparza, quien no representa legalmente a los trabajadores y se apropió de esos recursos sin rendir cuentas, ni distribuirlos entre los jubilados que son los legítimos beneficiarios.
Por todo lo anterior, solicito respetuosamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una audiencia para exponerle la situación y proponer una solución a la deuda de nuestros pasivos laborales. Asimismo, le pido que instruya la aplicación de la Operación Enjambre contra todos aquellos que se han enriquecido deshonestamente con los recursos destinados a los jubilados. Estoy en condiciones de demostrar con documentos mis afirmaciones, las cuales realizo bajo protesta de decir verdad.
Adicionalmente, solicito su intervención para recuperar 648 millones de pesos que el dirigente sindical ilegítimo Martín Esparza Flores ha evadido pagar al IMSS, en complicidad con otros exdirigentes como Rosendo Flores, Jorge Sánchez García, Pedro Bernardo Castilla Medellín, entre otros.
Hago responsables a todos los aquí denunciados de cualquier cosa que pudiera sucederme a mí o a mi familia, ya que he recibido amenazas de muerte por parte de personas interesadas en que esta información no salga a la luz.
En espera de una respuesta favorable, quedo a sus apreciables instrucciones.
Responsable de la columna y publicación Doctor José Rodolfo Bonilla Gómez
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