Fonden: nostalgia por un fideicomiso ineficiente y poco transparente
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• El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuenta con presupuesto y mecanismos más eficientes que el Fonden para atender a las víctimas de desastres naturales en el país.
Cada vez que ocurren siniestros naturales en territorio nacional —como la actual emergencia provocada por las fuertes lluvias que han dejado miles de damnificados en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí—, los opositores a los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T) vuelven a reclamar la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Este fideicomiso, creado para apoyar la rehabilitación de infraestructura federal y estatal dañada por fenómenos naturales, fue eliminado por la administración anterior debido a su ineficiencia y opacidad, ya que se prestaba a abusos y actos de corrupción por parte de algunos gobernadores y funcionarios federales.
Los desastres naturales en México representan un riesgo constante para las finanzas públicas, debido a los recursos fiscales que deben destinarse a la atención de fenómenos como huracanes, tormentas, inundaciones, sismos y erupciones volcánicas, los cuales causan pérdidas humanas y daños materiales en viviendas e infraestructura.
Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el fideicomiso para la reconstrucción de infraestructura estatal y municipal se convirtió en una especie de “caja chica” para algunos mandatarios locales, coludidos con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Los recursos del Fonden estaban sujetos a controles laxos y a adjudicaciones directas sin una verificación efectiva del destino de los fondos.
Uno de los mayores focos de corrupción se encontraba en las declaratorias de desastre extraordinarias y en las contrataciones de empresas privadas poco confiables. Tan solo en el sexenio de Calderón se gastaron, en promedio, 13 mil 550 millones de pesos anuales del fondo, mientras que en el de Peña Nieto el monto ascendió a 19 mil 452 millones de pesos por año.
En octubre de 2020, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se registraron 77 declaratorias de emergencia y desastre, frente a las 157 reportadas en 2018, último año de la administración de Peña Nieto.
Un ejemplo del abuso que permitía el Fonden fue el caso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien en septiembre de 2019 estimó en 7 mil 500 millones de pesos los daños causados por la depresión tropical “Fernand”, apenas 24 horas después de las lluvias, una cifra notoriamente desproporcionada e imposible de evaluar con rigor en tan poco tiempo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que, de los 2 mil 500 millones de pesos destinados por la Federación para las entidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017, la Secretaría de Hacienda reasignó 1,795 millones cuyo destino final aún se desconoce, ya que no se aplicaron en obras en los estados afectados. En Oaxaca, además, el 65% de los municipios con declaratoria de emergencia no recibió apoyo para reconstrucción de vivienda ni infraestructura.
El Fonden fue creado a finales de los años noventa como un instrumento presupuestario mediante el cual se asignaban fondos federales anuales para atender emergencias. Con el tiempo, el mecanismo se desvirtuó. Al inicio del gobierno del presidente López Obrador, el fondo contaba con 26 mil millones de pesos (en 2018), pero en 2019 su presupuesto se redujo en 86.3%, quedando en 3 mil 644 millones, y en 2021 fue finalmente extinguido.
Durante la conferencia matutina del 15 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que el Fonden no tenía recursos, sino deudas por más de 13 mil millones de pesos. “Así lo recibió el presidente López Obrador”, señaló.
La mandataria subrayó que actualmente existen partidas presupuestales para emergencias —este año por 19 mil millones de pesos—, y mecanismos más ágiles, eficientes y transparentes para la atención de desastres, sin los retrasos ni la corrupción que caracterizaron al fideicomiso.
De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2026, el gobierno de México contará el próximo año con cuatro bonos catastróficos y un seguro para desastres naturales, que brindarán cobertura ante sismos, huracanes, incendios forestales y otros fenómenos.
El seguro catastrófico tendrá una cobertura de 5 mil 400 millones de pesos y estará vigente del 5 de agosto de 2024 al 5 de junio de 2026. Además, se emitieron bonos catastróficos por un total de 595 millones de dólares, con vigencia hasta abril de 2028, administrados a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Estos bonos se clasifican en cuatro categorías:
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Clase A: terremotos de baja frecuencia (225 millones de dólares).
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Clase B: terremotos de alta frecuencia (70 millones).
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Clase C: huracanes del Atlántico (125 millones).
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Clase D: huracanes del Pacífico (175 millones).
En suma, el Fonden representó un esquema ineficiente y opaco. Hoy, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dispone de instrumentos presupuestales, financieros y de aseguramiento más eficaces y transparentes para atender a las víctimas de desastres naturales en el país.
Por: Eduardo Esquivel Ancona
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