Fin al subsidio fiscal a los bancos: ya no podrán deducir de impuestos pagos al IPAB
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• La modificación fiscal incluida en la Ley de Ingresos del Paquete Económico 2026 busca recuperar 10 mil millones de pesos para el erario y poner fin al subsidio a los intermediarios financieros.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el pasado 5 de septiembre, durante su conferencia de prensa matutina, que el Paquete Económico 2026 —que será presentado la próxima semana— incluirá una reforma legal para impedir que los bancos deduzcan de impuestos las aportaciones que realizan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
La medida anunciada por la mandataria rompe con el mito de que el IPAB lo pagan los bancos por voluntad propia para garantizar la seguridad de los ahorradores ante una eventual quiebra de una institución financiera.
Durante la conferencia, la jefa del Ejecutivo federal explicó que, aunque los bancos realizan una pequeña aportación para cubrir los costos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), actualmente pueden deducirla de impuestos, situación que cambiará a partir del próximo año.
El rescate bancario realizado por el gobierno federal en 1998 dejó una pesada deuda a varias generaciones de mexicanos, al convertir las pérdidas de bancos privados en deuda pública. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene contemplado, en el presupuesto de 2025, asignar 52,451.9 millones de pesos solo para el pago de intereses derivados del Fobaproa. Esta cantidad será destinada al Ramo 34, correspondiente al Programa de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. Dicha cifra representa el 0.1% del PIB y es menor a la del año anterior, debido a una menor tasa real acumulada.
El Fobaproa fue creado en 1990, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Posteriormente, en 1994, México enfrentó una de las crisis económicas más graves de su historia moderna: se dispararon las tasas de interés, el tipo de cambio se devaluó drásticamente y la mayoría de los créditos se volvieron impagables. Esto puso en riesgo la liquidez de los bancos. Fue entonces cuando el expresidente Ernesto Zedillo activó el fondo en 1995.
En marzo de 1998, Zedillo notificó al Congreso de la Unión la existencia de un pasivo de 552 mil millones de pesos, resultado del rescate bancario, y propuso convertirlo en deuda pública.
En 1999 entró en vigor la Ley de Protección al Ahorro Bancario y se creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo encargado desde entonces de administrar los pasivos derivados del apoyo que otorgó el Gobierno Federal al sistema bancario.
El rescate bancario estuvo plagado de irregularidades y corrupción, al descubrirse que varios de los bancos beneficiados por el Fobaproa estaban involucrados en fraudes, evasión fiscal y malas prácticas. Entre los casos más sonados están los de Carlos Cabal Peniche (Banca Cremi y Banco Unión), el fallecido Jorge Lankenau (Banca Confía) y Ángel Rodríguez “El Divino” (Banpaís).
El costo original del Fobaproa —552 mil millones de pesos— fue cinco veces mayor a la ganancia que había obtenido el gobierno por la privatización de 18 bancos. La deuda total terminó representando el 14.5% del PIB nacional. Y aún no se ha saldado por completo: sigue generando intereses y permanece como una carga financiera para el país. Hasta la fecha, se han pagado más de 2 billones de pesos, y aún se deben 901,700 millones. En 1999 se estimó que la deuda se liquidaría en 30 años, pero un pronóstico realizado en 2006 indicó que podrían pasar hasta 70 años, considerando un crecimiento económico sostenido del 4% anual.
Al 31 de marzo de 2025, el IPAB reportó activos totales por 209,863 millones de pesos, lo que representa una disminución real respecto al cierre de 2024. Al 6 de septiembre de 2025, el monto garantizado para los ahorros bancarios es de hasta 400 mil UDIs, equivalentes a aproximadamente $3,415,203.20 pesos.
El IPAB cobra cuotas a las instituciones de banca múltiple, pero estos recursos se destinan exclusivamente a cubrir los adeudos por insolvencia de intermediarios financieros con sus ahorradores. Las cuotas no cubren sueldos, salarios ni los gastos operativos de la institución.
Lo escandaloso del caso es que los banqueros puedan deducir de impuestos un pago mínimo que es su obligación legal, y que hacen al IPAB.
La modificación fiscal incluida en la Ley de Ingresos del Paquete Económico 2026 busca recuperar 10 mil millones de pesos para el erario.
En 2024, la banca en México registró ganancias históricas, alcanzando un total de 288,340 millones de pesos, impulsadas principalmente por un aumento en los ingresos por intereses debido a las altas tasas de interés, así como por un mayor dinamismo en la actividad crediticia. Con estas enormes utilidades, los empresarios del sector financiero no tienen justificación para inconformarse por dejar de recibir un subsidio fiscal por parte del Estado mexicano.
La medida del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impedir que los pagos al IPAB sean deducibles de impuestos es justa, ya que las entidades financieras obtienen grandes beneficios y no deberían gozar de privilegios fiscales en detrimento del erario. Basta ya de subsidiar a los banqueros con recursos públicos.
La banca comercial cometería un grave error si decidiera aumentar el costo del crédito como respuesta a esta medida fiscal, pues se trata simplemente de eliminar un privilegio injustificado.
El Fobaproa sigue siendo un lastre para el país, y representa un desafío para el segundo piso de la Cuarta Transformación. Es una deuda que los mexicanos seguiremos pagando durante muchos años. Es urgente terminar con el viejo lema neoliberal: “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”.
Por: Eduardo Esquivel Ancona
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