En el caso Waldo’s de Hermosillo, el hilo se rompe por lo más delgado
Sonora Power por Demian Duarte
En Sonora ocurrió lo lógico tras la tragedia en la tienda Waldo’s: los directores de Protección Civil, tanto del estado como del municipio, dejaron sus cargos.
Las omisiones y negligencias de parte de los titulares vigentes, Armando Castañeda y Fernando Morales, hicieron necesario su cese. Hicieron bien el gobernador Alfonso Durazo y el alcalde Antonio Astiazarán en separarlos de sus funciones; mantenerlos habría entorpecido el avance de las investigaciones.
Sin embargo, el impacto de este caso —que dejó 23 muertos y la reiterada sensación de que “esto no debió pasar”— va mucho más allá de la remoción de funcionarios.
Se trata de cambiar toda una cultura de no observar la ley. La verdad es que el caso Waldo’s no parece la excepción, sino más bien la regla: en Sonora, lamentablemente, casi nadie se toma en serio los reglamentos de protección y la cultura de la prevención es prácticamente inexistente.
Claro que debe haber otros responsables: exfuncionarios, inspectores y toda una cadena que apunta a un posible caso de corrupción. También quienes, en las administraciones municipal y estatal, otorgaron los permisos para que la tienda abriera allá por 2019.
No es nuevo que el establecimiento operara sin salidas de emergencia o que el transformador estuviera dentro del local. Lo escandaloso es que la tienda funcionara durante cuatro años sin permisos de operación, hasta que el transformador estalló con las consecuencias ya conocidas.
Ayer, el gobernador apeló a la verdad como camino hacia la justicia:
“Actuaremos con verdad para que no haya dudas, y justicia para que no haya impunidad”, dijo en un video, mostrando su compromiso de que se haga justicia, hasta donde tope.
El domingo pasado, el secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, detalló que el establecimiento operaba desde hace al menos cuatro años sin un plan de contingencia aprobado por las autoridades de Protección Civil. Los primeros peritajes revelaron severas irregularidades, como la ausencia de salidas de emergencia en el inmueble siniestrado.
Durazo Montaño manifestó que la sociedad sonorense se ha visto profundamente sacudida por este hecho y aseguró que su gobierno está comprometido con lograr justicia y la reparación del daño.
En referencia al antecedente del caso de la Guardería ABC, el gobernador consideró legítimo que exista desconfianza, pues en el pasado Sonora ha vivido tragedias que minaron la confianza ciudadana.
El mandatario aseguró que su administración responderá “con verdad, con justicia y con humanidad”.
“Verdad para que no haya dudas, y justicia para que no haya impunidad. Esa es la ruta que seguiremos: humildad para escuchar, firmeza para actuar y memoria para no olvidar”, recalcó.
Las consecuencias de esta tragedia son aún incalculables. La Fiscalía de Sonora ya informó que las indagatorias incluyen posibles responsabilidades penales de funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Hasta ahora se ha hablado poco del tema, pero sin duda la tragedia de Waldo’s, como ocurrió con el caso ABC hace 16 años, tendrá consecuencias profundas en los acomodos políticos de Sonora rumbo a las elecciones de 2027.
Con el tiempo veremos su verdadera dimensión.
Correspondencia: demiandu1@me.com | En X: @Demiandu #SonoraPower
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