El primer informe de Sheinbaum, el cauce objetivo y la andanada del Grupo Salinas
“Estamos consolidando un nuevo modelo económico que garantiza la estabilidad económica, pero impulsa la prosperidad compartida.”
— Claudia Sheinbaum, Primer Informe de Gobierno
La presidenta Sheinbaum destacó en su primer informe de gobierno los avances en el abatimiento de la pobreza y la reducción de la desigualdad económica, logros alcanzados a partir del ascenso del proyecto de la Cuarta Transformación, que ahora ella encabeza. La mejoría fue notable: de 2018 a 2024, la pobreza disminuyó de 41.9 % a 29.6 % de la población total, lo que representa una reducción de 12.3 puntos porcentuales. Asimismo, el índice de Gini —después de transferencias— se redujo en 3.5 puntos porcentuales, ubicándose por primera vez por debajo del 40 %.
Ambos fenómenos no se habrían producido sin una efectiva redistribución del ingreso; es decir, sin que se hubiera favorecido a los deciles de hogares con menores ingresos. En lo particular —como lo he expresado en ocasiones anteriores—, lo más sorprendente es que en todos los deciles de ingreso hubo incrementos, registrándose un ejemplar efecto de descenso en escalera, como puede observarse en la siguiente gráfica:
Este comportamiento se explica, fundamentalmente, por el incremento tanto del salario mínimo como del salario promedio. Cabe destacar que las transferencias jugaron un papel trascendental en las familias que se encontraban en situación de pobreza extrema, es decir, por debajo de la línea de bienestar. El impacto de estas medidas se refleja en la contribución de la masa salarial al Producto Interno Bruto (PIB), que pasó de 26.7% en 2018 a 31.8% en 2024. La tendencia es positiva, aunque aún se encuentra por debajo del nivel observado en algunos países de la OCDE, donde esta relación se aproxima o incluso supera el 50%.
México fue el país que registró el mayor incremento del salario mínimo dentro de los países de la OCDE, al pasar de un ingreso base diario de 88.36 pesos en 2018 a 278.80 pesos en 2025. Esto representa un incremento acumulado de 247% en siete años. Aun así —reitero— es necesario redoblar esfuerzos para alcanzar el estado de bienestar que tanto anhelamos y que es característico, sobre todo, de varias naciones europeas.
En su informe, la presidenta Sheinbaum afirmó que había quedado atrás la “oscura noche neoliberal”, cuya prioridad fue crear un entorno favorable exclusivamente para los inversionistas. La política económica iniciada por el presidente López Obrador, efectivamente, se cimentó en una perspectiva distinta: desde abajo y para todos. Ninguno de los deciles de los hogares dejó de incrementar sus ingresos, lo que constituye uno de los principales logros de la administración: una distribución más racional de los frutos de la riqueza nacional, alejando a México de su posición como uno de los países más desiguales del mundo.
La presidenta también señaló que México ha adoptado un nuevo modelo de desarrollo, basado en los principios de una economía de bienestar. La mejora social es innegable, aunque aún no se puede afirmar que el modelo esté completamente consolidado, ya que requiere de una mayor sostenibilidad. En palabras de la propia presidenta Sheinbaum: “se está consolidando un nuevo modelo económico”.
El principal factor que genera dudas son las bajas tasas de crecimiento económico. Esto no puede ignorarse por dos razones fundamentales:
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La generación de riqueza es clave para ampliar las bases que permitan, en el futuro, una distribución progresiva del ingreso;
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Desde una perspectiva fiscal, es indispensable ampliar estructuralmente la base social sujeta al pago de impuestos.
En el primer trimestre de 2025, las remuneraciones salariales representaron el 29.7% del PIB, lo que significó una disminución de 2.1 puntos porcentuales respecto al dato reportado por el INEGI en el último trimestre de 2024. Esto evidencia que aún estamos lejos de contar con un mercado laboral consolidado. Se requiere, por tanto, no sólo elevar los salarios, sino también promover la formalización y avanzar hacia una mejora en la calidad del empleo.
Para ampliar el empleo formal, se necesita un crecimiento económico elevado. Los datos históricos del IMSS muestran que por cada punto porcentual que crece el PIB se generan entre 50 mil y 70 mil empleos formales (Juan C. Reyes Valdez). Por su parte, Prospecta estima una elasticidad empleo-PIB de 1.2%, es decir, por cada punto adicional de crecimiento, se crearían alrededor de 120 mil empleos formales.
Igualar la tasa de formalidad con la de informalidad (50% cada una) implicaría, de entrada, aspirar a una tasa de crecimiento del PIB entre 4% y 9%, dependiendo de la elasticidad empleo-formal–producto que se considere. Cabe señalar que, en los últimos 24 años, sólo en cuatro ocasiones se ha superado una tasa de crecimiento del 4%, y en dos de esos años (2010 y 2021) fue debido a efectos rebote tras fuertes contracciones en los años previos.
El modelo económico, en conclusión, se consolidaría si se conjugara un más alto crecimiento económico con mayores remuneraciones salariales. Ese sería el mayor de los éxitos del segundo piso de la 4T, ello incluso sin la necesidad de instrumentar una reforma fiscal progresiva, como impugnamos un gran número de economistas.
Los esfuerzos de la presidenta van en ese sentido con el Plan México, en el que se concibe que la participación del sector empresarial es trascendente para ampliar el PIB. Si bien el mercado no lo es todo, tampoco lo es todo un Estado que fragmenta a las clases sociales y que inhibe el concurso empresarial en el desarrollo económico. Sólo hay que recordar que la inversión privada representa alrededor de 90% de la inversión total y que justo lo que se quiere es alentar su crecimiento.
En el corto plazo es posible que exista contrariedad por la decisión de hacer efectivo el pago de impuestos al grupo Salinas, generándose la idea de que la 4T tiene un cariz antiempresarial. Se inculpará al nuevo poder judicial y se propagará una narrativa falsa para enfrentar al gobierno federal con la iniciativa privada. Tratarán de sembrar cizaña y de debilitar la confianza que se concibe como necesaria para avanzar en los planes de crecimiento económico del país.
Para afrontar esa narrativa en medios y en redes sociales será indispensable plantear una estrategia de comunicación social, aclarando, entre otras cosas: que los adeudos fiscales provienen desde hace 16 años, sumando ahora la cantidad de 74 mil millones de peso; que los fallos a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Gobierno Federal, que hasta ahora se tienen, los dio el anterior poder judicial; y que no existe carga confiscatoria alguna cuando la evasión y el impago procede de adeudos que se han acumulado durante tantos años. Menos se vale que un evasor contumaz como el señor Salinas Pliego se queje de los deficientes servicios públicos o de que las calles no estén bien pavimentadas. Eso es cinismo, para exigir hay que cumplir primero con las obligaciones fiscales.
Es importante hacer a un lado el falso dilema entre Estado y mercado, más cuando existen intereses creados por grupos conservadores o ultraconservadores para generar duda o confrontación, concibiendo que más Estado significa menos libertades y menos democracia; como si la pobreza o la desigualdad no hicieran una mayor mella en nuestro sistema democrático y en nuestras libertades. Ante el dilema incierto, lo que verdaderamente importa es darle un cauce objetivo al modelo de progreso compartido propuesto por la presidenta Sheinbaum. Este modelo solidario merece un largo aliento.
Por: Gildardo Cilia López
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