Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, un total de 63 células operativas, integradas por 2,866 elementos, fueron desplegadas en 14 municipios del Estado de México, con el objetivo de contener y reducir la incidencia de este delito en la entidad.
El operativo, denominado “Operación Liberación”, fue implementado este martes debido a que el Estado de México se encuentra entre los ocho estados con mayor número de casos de extorsión, informaron autoridades federales en conferencia de prensa.
De acuerdo con el Fiscal General del Estado de México, José Luis Cervantes, esta acción busca desmantelar las redes de control que ejercen los grupos criminales sobre comerciantes y prestadores de servicios, quienes son obligados —bajo amenazas y violencia moral— a vender, comprar o adquirir productos en puntos específicos y con precios impuestos.
“Esta operación se llevó a cabo para desarticular la cohesión que ejercen estos grupos al imponer condiciones abusivas mediante esquemas de extorsión directa o indirecta”, afirmó Cervantes.
Las autoridades detallaron que las modalidades de extorsión más comunes son la telefónica y la presencial, siendo esta última la más peligrosa por la presión directa que implica sobre las víctimas.
Un ejemplo ocurre en municipios como Malinalco. “Si alguien acude a una tlapalería, le dirán que ahí no venden cemento. Le entregan un recibo y le indican que debe ir a Ixtapan de la Sal para conseguirlo. Pero no podrá transportarlo por su cuenta: solo los camiones del grupo criminal están autorizados para hacerlo”, explicó el fiscal.
Gracias a esta operación, se realizaron más de 50 cateos en diferentes puntos del estado, lo que permitió la detención de ocho personas presuntamente vinculadas con La Familia Michoacana.
Según el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estos individuos están relacionados con prácticas de acaparamiento y control de mercancías mediante extorsión. “Estaban involucrados en la imposición de condiciones ilegales para la distribución de diversos productos y servicios”, señaló.
Los detenidos enfrentan cargos por extorsión y secuestro exprés, delitos que podrían alcanzar penas de entre 70 y 80 años de prisión.
El fiscal José Luis Cervantes destacó que esta investigación se desarrolló durante seis meses, y enfrentó múltiples retos debido a que muchas víctimas no denuncian por temor, y a que los implicados no encajan en el perfil típico de criminales, sino que en muchos casos parecen comerciantes o empresarios locales.
“Sus perfiles son variados: puede tratarse desde un carnicero hasta un empresario de la región. Algunos convivían a diario con otros comerciantes sin levantar sospechas”, puntualizó.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión —iniciada el pasado 6 de julio— se centra en las ocho entidades con mayor incidencia: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Desde el arranque de la estrategia, 48 personas han sido detenidas por su presunta participación en delitos de extorsión, incluidas las presentadas este martes.
Domo de Cristal
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