Desapariciones del asfalto y chapopoteras
Así lo dice La Mont
¡Alerta! La cifra estremece por su frialdad, pero desgarra por su realidad humana: nuestro México acumula más de 160 mil personas desaparecidas desde 2006. Es un contador de ausencias que no se detiene y que sitúa a la CDMX como epicentro de una alarmante actividad.
Lo que antes se percibía como una burbuja de seguridad frente a la violencia rural se desmorona ante una dinámica metropolitana de privación de la libertad. En la capital, la respuesta institucional recae formalmente en una tríada de coordinación integrada por la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Sin embargo, la maquinaria burocrática suele marchar a un ritmo más lento que el de las redes criminales que operan en las sombras de las alcaldías más críticas: Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, que concentran la mayor incidencia de reportes; puntos donde la densidad poblacional y la conectividad facilitan el anonimato de los captores.
Detrás de estas desapariciones no solo hay delitos de alto impacto, sino también una fragmentación de grupos delictivos locales, como la Unión Tepito y diversas células criminales que han diversificado sus actividades hacia la trata de personas y el reclutamiento forzado, alimentando ese pozo sin fondo de expedientes sin resolver que sitúan a la capital en el mapa nacional del horror.
Vs. su gente: Mientras la capital lucha contra sus propios fantasmas, en el Estado de México la geografía del miedo se expande con una violencia más explícita y explosiva. El oriente mexiquense se ha convertido en un tablero de ajedrez para el Cártel de Sinaloa, cuya presencia dejó de ser una sospecha para transformarse en una certeza de fuego.
El reciente episodio de la camioneta que explotó en Tecámac es prueba de una escalada que ya sembró el terror en una localidad golpeada por una elevada incidencia delictiva. Este municipio, estratégico por su cercanía con el nuevo aeropuerto y las rutas hacia el norte, es hoy un territorio en disputa donde la gobernanza parece fuera de control.
La realidad es que tanto la Secretaría de Seguridad como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se ven rebasadas por una infraestructura criminal que cuenta con armamento de alto poder y sistemas de inteligencia superiores a los de las policías locales.
Ante este panorama, el Operativo Enjambre surgió como una apuesta de intervención masiva, logrando hasta ahora la captura de mandos policiales y funcionarios municipales coludidos con el crimen organizado en diversas regiones del estado. No obstante, aunque registra avances en la desarticulación de redes de protección institucional, la violencia en Tecámac y sus alrededores demuestra que la estructura operativa de los cárteles sigue intacta, desafiando la capacidad de respuesta de un estado que parece perder la batalla por el control territorial.
¿A dónde? La inseguridad en México no solo camina por las calles; también navega y fluye desde el subsuelo hacia las costas. Recientemente, el término “chapopoteras” se abrió paso en el debate público tras las denuncias de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalarlas como probables responsables de derrames de hidrocarburos en el Golfo de México.
Técnicamente, las chapopoteras son emanaciones naturales de petróleo que surgen del lecho marino a través de grietas en la corteza terrestre; sin embargo, en el contexto actual, el término se ha entrelazado con la actividad criminal de organizaciones dedicadas al huachicoleo marítimo.
Grupos delictivos como el Cártel de Santa Rosa de Lima, en sus ramificaciones costeras, y células vinculadas al Cártel del Golfo han perfeccionado, desde hace más de una década, el arte de intervenir infraestructura petrolera bajo el disfraz de fenómenos naturales o accidentes. Estas organizaciones operan mediante el sabotaje de ductos submarinos y el trasvase de crudo a embarcaciones menores, provocando desastres ecológicos que luego son atribuidos a las chapopoteras para evadir la acción de la justicia.
La impunidad en alta mar permite que este modelo de negocio crezca, afectando no solo la economía energética del país, sino también la biodiversidad de uno de los ecosistemas más frágiles del mundo.
Destino: Las costas de Campeche, Tabasco y Veracruz son los puntos donde este fenómeno tiene mayor presencia, zonas donde la infraestructura de Petróleos Mexicanos es más densa y vulnerable.
La SEMAR ha intensificado sus reportes sobre el combate a estas prácticas, describiendo un modo de operación que incluye el uso de buzos especializados y tecnología de monitoreo para detectar el paso de patrullas navales. La Marina ha señalado que no se trata de incidentes aislados, sino de un sistema de extracción ilegal que utiliza barcos pesqueros modificados para almacenar combustible robado en medio de la noche.
Ante esta situación, las zonas navales de la región se encuentran en alerta máxima, especialmente en el litoral del Golfo, donde la vigilancia se ha reforzado con sistemas de radar y drones de largo alcance. A pesar de estos esfuerzos, la vasta extensión marítima y la sofisticación de los grupos criminales complican el sellado total de estas fugas provocadas.
La preeminencia de estos grupos en el sureste no es casualidad; es el resultado de años de infiltración en los puertos y de una falta de control efectivo sobre el tráfico marítimo menor, lo que permite que el robo de hidrocarburos pase de la tierra al océano con una facilidad pasmosa, cerrando así un círculo de ilegalidad que abarca desde la desaparición de personas en el centro del país hasta el saqueo de los recursos naturales en las profundidades del mar.
Por: Federico Lamont
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